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Guadalupe Sánchez

El indulto a Juana Rivas o la impunidad con perspectiva de género

«El caso de Juana Rivas supone un paso de gigante en la consolidación de un nuevo derecho penal de autor»

Opinión

El indulto a Juana Rivas o la impunidad con perspectiva de género
Juana Rivas. Jesús Prieto (Europa Press)

En 2016 Juan Rivas dejó Italia rumbo a España con sus dos hijos pequeños. Aseguró a su pareja y madre de los niños, Francisca Arcuri, que regresaría en un mes y medio, pero no volvió. Durante su estancia en Granada, acudió a un Centro municipal de información a los Varones, donde un asesor llamado Paco Granados le aconsejó denunciar a la que era su pareja por malos tratos físicos y psicológicos. De paso, Juan comunica a Francisca que no retornará a Italia.

Bien es cierto que no era la primera vez que Juan denunciaba a Francisca: en 2009 ambos se habían denunciado mutuamente y presentaron partes de lesiones, las de ella algo más graves que las de él. A pesar de todo, en el acto del juicio ella se conformó con la pena pactada por sus respectivos abogados y renunció a seguir adelante con la denuncia emprendida contra Juan. Pesaron en su ánimo las ganas de dejar el episodio atrás cuanto antes y poder disfrutar de la compañía de los niños. Tanto es así que Juan y Francisca siguieron juntos.

Pero volvemos a 2016. Desesperada tras tres meses sin ver a sus hijos, Francisca denuncia los hechos en su país y la justicia le otorga la razón un año después: Juan tiene que entregar los críos a su madre. Pero decide conscientemente incumplir con el mandato judicial y desaparece con los pequeños, no sin antes volver a denunciar a la madre por maltrato. Ella no sabe qué ha podido ser de sus hijos durante prácticamente un mes.

En un manifiesto intento de eludir y entorpecer la acción de la justicia italiana, Juan presenta un rosario de denuncias por maltrato contra Francisca. Hasta ocho. Los tribunales las acaban archivando todas. Según el juez, las denuncias presentadas eran inverosímiles e inconsistentes y no se sustentaban en prueba alguna. Reprocha a Juan haber usado a sus hijos como «escudos humanos», de manipularlos a su favor en el conflicto entre los progenitores.

El revuelo mediático generado en torno al caso es enorme. Cuando Juan desapareció con los niños, las asociaciones de defensa del patriarcado y partidos de la oposición española hicieron célebre el eslogan: “Juan está en mi casa”. Hasta el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidió ser comprensivos con el comportamiento de Juan.

Muchos no dudarían en calificar este relato como una ficción delirante, en la que los gobernantes de un país occidental confieren una presunción de veracidad a las personas por razón de sus genitales

Pero cuando a éste le imputan por un delito de sustracción de menores, el ministro español de Igualdad del nuevo Ejecutivo hispano, abiertamente heteropatriarcalista, exige que se confiera credibilidad absoluta a la versión de los hechos facilitada por Juan, ya que todo lo hizo para proteger a los niños de una madre maltratadora: hermano, yo sí te creo.

A pesar de todo, la justicia española condena a Juan a dos años y medio de prisión y lo inhabilitan para ejercer la patria potestad durante seis años. La sección patriarcalista del Gobierno no tarda en mover ficha para indultarlo, aunque él no muestra señal de arrepentimiento alguno. El Tribunal Supremo informa contra la concesión del indulto total, pero se muestra dividido en cuanto al indulto parcial pues entiende que el cumplimiento de la pena prisión del padre podría resultar traumática para sus hijos. Eso sí, ni la Sala Segunda ni la Fiscalía se muestran partidarios de sustituir la retirada de la patria potestad. El Ejecutivo desoye a la justicia y no sólo concede a Juan el indulto parcial -reduce la pena a un año y tres meses, sino que también conmuta la pena de inhabilitación para ejercer la patria potestad por 180 días de trabajo a la comunidad. La consecuencia práctica de todo esto es que, seguramente, Juan no cumpla la pena de prisión impuesta y su conducta delictiva no le acabe acarreando consecuencias relevantes.

Nuestra sociedad ha asumido con absoluta pasividad que desde las instituciones se vulnere de forma sistemática la presunción de inocencia por razón del sexo

Muchos no dudarían en calificar los últimos párrafos de este relato como una ficción delirante, en la que los gobernantes de un país occidental confieren una presunción de veracidad a las personas por razón de sus genitales, hasta el punto de transformar el género en un sinónimo de impunidad. Pero cuando cambiamos Juan Rivas por Juana Rivas, Francisca Arcuri por Francisco Arcuri, la palabra padre por la palabra madre y la de heteropatriarcado por la de feminismo, todo se transforma en algo muy real. Y lo que antes nos generaba un rechazo instintivo pasa a provocarnos cierta indiferencia o, en los casos más extremos, incluso se aplaude o justifica.

Nuestra sociedad ha asumido con absoluta pasividad que desde las instituciones se vulnere de forma sistemática la presunción de inocencia por razón del sexo. Lo que los ciudadanos tengan entre las piernas no sólo condiciona su credibilidad sino también la punitividad aparejada a sus actos: en caso de agresiones mutuas, ellos son castigados con una pena mayor que ellas aún cuando la conducta de la susodicha sea más grave. La violencia sí tiene género.

El caso de Juana Rivas supone un paso de gigante en la consolidación de este nuevo derecho penal de autor, pues consagra una máxima: la impunidad con perspectiva de género. Confirma que las mujeres no merecemos reproche penal por nuestros actos siempre y cuando la violencia machista sea instrumentalizada como pretexto. Mientras tanto, en los juzgados, ya opera el nuevo automatismo aprobado por el sanchismo, consistente en suspender el régimen de visitas a los progenitores denunciados por violencia doméstica. Una mera denuncia basta ya para privar a los hijos de la presencia de su padre. Sin embargo, una condena en firme por un delito de sustracción de menores se salda con la impunidad de la autora. 

Asistimos impertérritos a una aberración no sólo jurídica, sino también moral, que deteriora nuestro Estado de derecho y nuestra convivencia, ambos sacrificados por quienes quieren convertir el victimismo identitario es una fuente de privilegios. Y nada sucede ni sucederá por ello, ya que hemos normalizado y legalizado lo innombrable. 

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