Jueces españoles denuncian en la UE la «estrategia» del Gobierno contra el Poder Judicial

La segunda mayor asociación de jueces de España lanza una alerta a Bruselas: los crecientes ataques contra el Poder Judicial desde partidos políticos que forman parte del Ejecutivo y el Legislativo amenazan con destruir la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial y ponen en riesgo el normal funcionamiento del Estado de derecho y la democracia. Una «estrategia política de desprestigio» que tendría entre sus objetivos influir en el sistema de elección de los jueces y en las resoluciones de los tribunales, a través de la opinión pública, y que podría servir «de escudo a comportamientos políticos inadecuados».

Así lo advierte la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) en un informe remitido a la Comisión de Libertades y Justicia del Parlamento Europeo. «Estamos preocupados. Siempre ha habido ataques o críticas a los jueces por alguna sentencia en concreto, pero desde hace dos años se ha dado un paso más allá: están produciéndose más ataques, con mayor frecuencia, con más virulencia y de forma coordinada», advierte Jorge Fernández Vaquero, portavoz de la AJFV. «Ya no es un político que ataca a un juez, sino que ahora enseguida otros miembros del poder legislativo comparten esos mensajes y los jalean», añade.

En el informe enviado a Bruselas, titulado La deslegitimación del Poder Judicial como estrategia política en España, se documentan numerosos artículos de prensa en los que diferentes políticos de los partidos que forman parte del Gobierno -en su mayoría de Podemos, pero también del PSOE-, «han pasado a establecer vinculaciones directas entre decisiones judiciales puntuales y comportamientos inadecuados generalizados de todos los jueces o graves anomalías democráticas del sistema judicial en su conjunto».

Entre los ejemplos, se mencionan artículos de prensa en los que Podemos y PSOE anuncian medidas para «democratizar la carrera judicial» o «garantizar la igualdad de oportunidades» en el acceso a la carrera judicial «con independencia del sexo y de la situación socioeconómica de los aspirantes». También críticas a decisiones judiciales relacionadas con asuntos de actualidad, como el indulto a Juana Rivas, o sentencias en contra de algunos políticos de la formación morada, como Isa Serra o Alberto Rodríguez. «En general», señala el documento, «se presenta a los jueces como profesionales desconectados de la realidad, proyectando estereotipos que caricaturizan a los miembros de la judicatura para que sean percibidos como personas que actúan conforme a patrones sociales desfasados o abiertamente reaccionarios».

La independencia judicial, «gravemente» comprometida

«El problema es que en los dos últimos años se ha pasado a hacer ataques contra el conjunto del Poder Judicial para crear una imagen de que los jueces están sesgados ideológicamente y vinculados a la extrema derecha, que somos unos privilegiados en lo socioeconómico o que somos un colectivo endogámico, machista y coaligado con el franquismo», indica el portavoz de la AJFV. «Con todo esto se corre el riesgo de que se legitime un proceso de intervención sobre el sistema de elección de los jueces, con el objetivo de que los futuros nombramientos tengan un perfil ideológico determinado, y también que se utilice ese relato para incidir en un comportamiento hacia los jueces con el objetivo de influir sobre las resoluciones de los tribunales a través de la opinión pública», agrega Fernández Vaquero.

El informe remitido al Parlamento Europeo por la AJFV recuerda que, en contra de ese discurso, los datos del Consejo General del Poder Judicial «no permiten llegar a las conclusiones que los autores de ese relato dan por supuestas». El 75% de los nuevos jueces no tienen familiares en el sector y el actual actual sistema de acceso a la carrera judicial ha permitido que las mujeres sean hoy mayoría (el 54,8%) entre los jueces en activo.

En este sentido, la AJFV alerta también de que cuando esas críticas «provienen de quienes desempeñan cargos en el poder ejecutivo o en el poder legislativo y exceden la legítima expresión de una discrepancia con lo resuelto», se compromete «gravemente la independencia judicial» y el correcto funcionamiento de los equilibrios institucionales básicos del Estado de derecho.

Escudo a comportamientos inadecuados

Además, el documento advierte del riesgo de que «la falta de legitimidad del Poder Judicial» ante la opinión pública «sirva de escudo a comportamientos políticos inadecuados». «Se está creando en la ciudadanía un clima de opinión favorable a que si a un político lo condenan por una irregularidad es porque los jueces son de extrema derecha y no por haber cometido una irregularidad. Si acaba calando este mensaje, se habrá creado un clima de desconfianza y de desconexión de la opinión pública hacia los jueces. ¿Quién va a controlar a los otros dos poderes del Estado si los ciudadanos no confían en el Poder Judicial?», concluye el portavoz de la AJFV.

El informe se enmarca dentro de un contexto de colaboración desarrollado en los últimos meses entre las asociaciones de jueces españolas y la Comisión de Libertades y Justicia del Parlamento Europeo, de la que es vicepresidenta la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa. En su último Informe Anual sobre el Estado de Derecho (2021 Rule of Law Report, European Commission), la Comisión Europea señalaba que los ataques políticos contra el Poder Judicial y los intentos reiterados de minar la reputación de los jueces están presentes en varios Estados miembros.

«Nuestra intención no es política. Si Podemos aparece en el informe más que otros partidos políticos es porque sus representantes son los que de una manera más abierta han lanzado este tipo de mensajes. Nosotros lo que hemos querido es introducir en el debate público un análisis de estas conductas que están amenazando el funcionamiento normal de nuestro Estado de derecho y de nuestra democracia», explica el portavoz de la AJFV.