La Policía no puede acceder a la tarjeta de Dina Bousselham y aleja la imputación de Iglesias

La policía judicial ha entregado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón el informe que certifica que el contenido de la tarjeta telefónica de la exasesora de Podemos Dina Bousselham es inaccesible, lo que imposibilita recuperar la información o determinar quién fue la última persona que accedió a ella.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press el contenido del informe remitido al Juzgado Central de Instrucción Número 6 y que pone de manifiesto que la mini SD estaba destruida. Ahora, el magistrado deberá decidir sobre el futuro de la investigación y, en concreto, del exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias.

García-Castellón acordó hace más de un año procesar al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a dos periodistas, al tiempo que propuso al Tribunal Supremo que investigara a Iglesias por descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito.

Sin embargo, el alto tribunal ordenó al magistrado que siguiera indagando, indicándole expresamente varias diligencias, entre ellas volver a tomar declaración a Dina, para que aclarase si quería denunciar los hechos e incluyendo entre esas mismas instrucciones el informe pericial de la micro tarjeta.

Ahora, y una vez que ha sido imposible destripar la tarjeta, el juez podría dar carpetazo a las pesquisas o seguir investigando. De hacerlo, se abre la posibilidad de que las pesquisas no se realicen en la Audiencia Nacional sino en los juzgados de Madrid, dado que los delitos por investigar no revestirían la entidad suficiente.

Por su parte, fuentes de Podemos aseguran que al titular del JCI 6 «se le acaban las excusas en su intento de convertir a las víctimas en sospechosos». La formación morada ya criticó duramente al juez a raíz de su exposición razonada ante el Supremo, acusándole de poner «en peligro el prestigio la Justicia».

Un informe innecesario, según Bousselham

Fue el pasado mes de octubre cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional avaló la decisión del magistrado de pedir a la Policía Científica que determine si era «técnicamente posible» acceder al contenido de la tarjeta del teléfono móvil de Bousselham, para dilucidar el recorrido que tuvo la tarjeta desde que fue robada hasta que su información apareció publicada.

Por contra, la exasesora ‘morada’ alegaba que este informe era innecesario porque la Policía ya emitió uno en agosto de 2020 donde concluyó que los daños sufridos por la tarjeta telefónica se debían a un exceso de lijado durante el proceso que llevó a cabo una empresa privada contratada por la propia Bousselham para intentar recuperar el contenido de la mini SD.

El informe encargado a la Sección Técnica de Ingeniería e Informática Forense de la Unidad de Policía Científica se demoró más de lo previsto porque a los investigadores les faltaban una serie de claves que debía aportar la empresa telefónica, en este caso Samsung.

En cualquier caso, el magistrado deberá realizar una serie de declaraciones a instancias del TS y también de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que, tras revocar el auto de pase a procedimiento abreviado, ordenó al juez que tomara declaración a Bousselham, a su pareja y al que fuera director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino.

Por su parte, el juez respondió a la Sala insistiendo en que no realizaría esas declaraciones hasta no conocer el informe de la tarjeta al considerar que de esa pericial se podrían obtener extremos esenciales para la investigación, condicionando por tanto el modo de acordar la citación.

«Transcurridos más de ocho meses desde el dictado de esta resolución, es de suponer que la conclusión de la pericial no se va a demorar por más tiempo, máxime cuando los peritos ya disponen de todo lo que se requiere para culminar la intervención», justificó entonces.

El origen del ‘caso Dina’

En el auto con el que decidió finalizar la fase de investigación, el juez fijaba el origen de la causa en unos archivos encontrados en la entrada y registro del domicilio de Villarejo en 2017 en los que había información personal de la que fuera asesora de Iglesias así como datos sensibles del partido ‘morado’.

Según explicaba, en noviembre de 2015 sustraen en el IKEA de Alcorcón el abrigo de la pareja de Bousselham –Ricardo Antonio Sa Ferreira– en cuyo interior había varios objetos entre los que se encontraba el teléfono móvil de la asesora.

Justo dos años más tarde de ese robo, en noviembre de 2017, aparecen en el domicilio de Villarejo un disco duro y dos memorias USB en los que se almacenan unas carpetas denominadas DINA 2 y DINA 3, que contenían archivos procedentes de la tarjeta de memoria mini SD del móvil sustraído a Bousselham.

Y apuntaba el juez en su auto que los archivos de uno de los pendrives fueron copiados el 14 de abril de 2016 mientras que los del disco duro son copia del pendrive realizada en julio de 2016. Sobre cómo llegó a manos de Villarejo esa información, el magistrado indicaba que se sabe que el contenido de la tarjeta de Bousselham llegó a los periodistas.