El juez del 'caso Neurona' pone en duda los informes periciales aportados por Podemos

El juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, ha puesto en duda los informes periciales aportados por Podemos para acreditar los trabajos que la consultora mexicana realizó para la formación morada durante la campaña de las elecciones generales de abril de 2019. En una providencia, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid indica que los metadatos de los 1.411 archivos analizados por el perito en el primero de los informes no se corresponden con el contenido del disco duro aportado por el partido durante la tramitación de la causa.

El juez señala en su escrito que ese dispositivo, que fue objeto de análisis por la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, contenía 3.236 archivos y 165 subcarpetas, con un tamaño real de 50,1 GB. Por ello, el instructor de la causa requiere a la formación morada que «en el plazo de cinco días presente los 1.411 archivos objeto de análisis en el informe pericial por su parte presentado, junto con la acreditación de que se tratan de los archivos facilitados al perito de cara a la emisión de su informe».

Asimismo, el magistrado solicita datos sobre un segundo informe pericial aportado por la formación morada en enero para acreditar la existencia del grupo «Audiovisuales Neurona-Podemos» en la plataforma de Telegram. El instructor da un plazo de cinco días al partido político para que «presente el grupo de Telegram que ha sido objeto de análisis en dicho informe, junto con la acreditación de su facilitación a dicho perito para tal fin».

El contrato entre Neurona y Podemos

La formación morada aportó ambos informes periciales al juzgado para acreditar la autenticidad de los trabajos que la consultora Neurona realizó para el partido durante la campaña a las elecciones generales de abril de 2019. Podemos intentaba con ellos refutar la hipótesis del magistrado instructor, que ha defendido en reiteradas ocasiones durante la investigación que el contrato de 363.000 euros suscrito entre el partido y la consultora fue simulado, y que hay unos trabajos que sí se pueden acreditar y otros que no.

El juez Escalonilla investiga a Podemos por un posible delito electoral y/o de financiación irregular en la contratación de la consultora mexicana. El magistrado, que en enero amplió seis meses más la investigación en contra del criterio del Ministerio Público, ha librado también una comisión rogatoria a México para poder interrogar a dos testigos clave en el caso, como adelantó este diario el pasado lunes.

Se trata de Germán Cobos y Waldemar Aguado Butanda, ambos trabajadores de Neurona. Cobos era el presunto contacto entre la consultora mexicana y el abogado Elías Castejón, administrador de Neurona Comunidad, la mercantil española que facturaba a Unidas Podemos los presuntos trabajos realizados durante la campaña y a través de la cual se habrían efectuado los pagos a la consultora mexicana. Aguado era el trabajador de Neurona que estuvo a cargo de realizar 48 diseños gráficos para la campaña de la formación morada y quien en marzo de 2019 recibió la primera copia del contrato por importe de 363.000 euros entre Unidas Podemos y la consultora mexicana que está siendo investigado por el juez.

Testigos clave

Ambos son «una pieza clave» en la instrucción del caso, según las acusaciones particulares. Su testimonio podría arrojar luz sobre si la contratación de Neurona Comunidad para las elecciones de 2019 correspondía a servicios reales o si, por el contrario, se habría utilizado para un presunto desvío de fondos electorales. Durante su declaración ante el juez, Castejón explicó que Cobos, actuando en representación de los dueños de Neurona, fue quien contrató sus servicios en calidad de gestor y la persona a la que remitía las facturas por los trabajos realizados por la consultora para Podemos.

Los investigadores dudan si la filial de Neurona en España se creó ad hoc para dar soporte a la contratación. El primer borrador del contrato con Podemos se envió el 27 de febrero, cuando la mercantil ni siquiera se había constituido. Castejón asegura que se trató de un error en el documento -debería haberlo fechado en marzo y no en febrero- y que Cobos puede corroborarlo.