La juez del 'caso Travis' revisa otro contrato covid del Gobierno por valor de 10 millones
La empresa TEC Pharma Europe disparó su beneficio un 15.278% durante el ejercicio fiscal 2020 tras vender 200 respiradores al Ministerio de Sanidad
Foto de archivo de mascarillas de protección individual | Europa Press
Eran las primeras semanas de la pandemia. Con los hospitales desbordados y ante la escasez de material sanitario, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) adjudicó por el procedimiento de emergencia un contrato de 9.922.000 euros a la empresa TEC Pharma Europe SL para traer a España 200 respiradores del modelo Eternity SH300. Y lo hizo a un precio por unidad de 49.610 euros (IVA incluido), a pesar de tratarse de un equipo médico cuyo precio, según fuentes del sector, rondaba los 11.000 euros antes de la pandemia. Dos años después, el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid revisa ese contrato y estudia la posibilidad de incorporarlo a la causa en la que se investiga a tres altos cargos del Gobierno por presuntas irregularidades en la adjudicación de otras doce adjudicaciones por las que el Gobierno pagó 310 millones de euros en el inicio de la pandemia, según informan a THE OBJECTIVE fuentes jurídicas.
Con sede fiscal en Granada, TEC Pharma Europe SL se constituyó en España en el año 2019. Su objeto social es la distribución de medicamentos y suplementos alimenticios para deportistas y animales. El contrato para traer los respiradores, firmado el 6 de abril por el entonces director de Ingesa, Alfonso Jiménez, ayudó a disparar la facturación y el beneficio de esta empresa durante el ejercicio 2020. TEC Pharma Europe SL registró ventas por 11,6 millones de euros (de los cuales 9,92 procedieron del contrato de los respiradores), un 3.684% más que el año anterior, y su beneficio se elevó hasta los 3,89 millones de euros, un 15.278% más que en el año 2019, según sus cuentas depositadas en el Registro Mercantil, a las que ha tenido acceso este medio a través de la herramiento Insight View. En la Plataforma de Contratación Pública del Sector Público no consta que esta empresa hubiese contratado antes con la Administración. Tampoco figuraba en el registro público de empresas que disponen de licencia previa de funcionamiento de fabricación, agrupación, importación y esterilización de productos sanitarios.
A principios de febrero de 2022, después de que esta empresa granadina depositase sus cuentas con retraso, Vox solicitó públicamente una auditoría y un análisis exhaustivo de las cuentas de esta sociedad cuyos administradores y apoderados son de origen iraní. Posteriormente presentó una ampliación de la querella por la que el pasado 7 de abril la juez Concepción Jerez García tomó declaración en calidad de investigados a tres altos cargos del Gobierno (dos del Ministerio de Sanidad y uno del Ministerio de Hacienda) contra los que Vox se había querellado por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude.
Se trata de Alfonso María Jiménez, exdirector del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ahora jubilado y firmante también del contrato con TEC Pharma Europe SL; Paloma Rosado, titular de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (Dgrcc), y Patricia Lacruz, directora General de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, (Dgsnsf).
La juez les tomó declaración sobre doce adjudicaciones a empresas, en su mayoría chinas, que no tenían domicilio fiscal en España. No obstante, durante el interrogatorio del pasado 7 de abril, las partes no pudieron cuestionar a los imputados por el contrato con TEC Pharma Europe SL debido a que la juez aún no ha decidido si admitir a trámite la ampliación de la denuncia interpuesta por la formación de Santiago Abascal.
La juez no preguntó por ese contrato
«Se hizo una ampliación de la querella porque se ha presentado el análisis de los contratos a la empresa TEC Pharma, con domicilio fiscal en Granada. La juez no ha permitido hacer declaraciones sobre esta empresa durante la declaración hasta que no sea admitida adecuadamente. Pero es otro de los contratos que también está en tela de juicio», afirmaba Marta Castro, vicesecretaria jurídica nacional de Vox, a las puertas de los juzgados de Plaza Castilla, después de que la juez tomase declaración a los tres altos cargos del Gobierno investigados.
La causa se inició en mayo de 2020 a raíz de una querella presentada por la formación que preside Santiago Abascal. Las diligencias se centran en 12 contratos por los que el Estado pagó 310 millones de euros y que fueron adjudicados entre el 13 de marzo y el 30 de abril del año 2020 por el Ingesa, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, entonces dirigido por Salvador Illa.
Los tres investigados defendieron ante la juez haber actuado conforme a la normativa vigente y aseguraron haber informado en todo momento a sus superiores. En concreto, Jiménez aseguró que informaba al menos dos veces al día al entonces ministro Salvador Illa sobre los contratos adjudicados.
HongKong Travis Asia Limited y el contrato de 200 millones
El principal de los contratos 12 contratos investigados por el momento es el que Ingesa adjudicó a la mercantil Hongkong Travis Asia Limited. Una operación por la que se pagaron 196,5 millones de euros a cambio de 56,2 millones de mascarillas sin clasificación de nivel de protección a una misteriosa mercantil cuyo domicilio fiscal estaba fuera de España, que no registraba ninguna actividad en Internet. Además, tampoco se conocía quien estaba detrás de ella, a pesar de que ese contrato suponía casi el 20% del fondo de contingencia de mil millones que el Gobierno había reunido de urgencia para el suministro de material sanitario durante la primera fase de la pandemia.
Según reveló Vozpópuli, en base a información del Registro Mercantil de Hong Kong, la gestión administrativa derivaba en sociedades de reciente creación, muchas de ellas constituidas con un capital social de 10.000 dólares hongkoneses (aproximadamente 1.200 euros). La figura de secretario la ostentaba una persona jurídica, Hung Kai Registrations (HK) Limited, multada por las autoridades locales con 90.000 dólares hongkoneses (cerca de 11.000 euros) por incumplimiento de la ordenanza «contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo».
De acuerdo a la querella de Vox, en los contratos investigados por la juez Concepción Jérez se detectaron sobrecostes muy elevados, con una media de un 300% de incremento en el precio. Otras de las adjudicaciones denunciadas por Vox son la compra de 1.000 respiradores a la empresa china Sysmed; la adquisición de batas desechables a la Weihai Textule Group; o el suministro de reactivos e hisopos para PCR por valor de 4,2 millones de euros a la empresa Value and Bro SL, cuyo objeto social era el asesoramiento legal o laboral. Además de este último proveedor, la querella destaca también otra serie de empresas a las que Sanidad y Hacienda adjudicaron contratos para traer material sanitario a empresas cuyo objeto social otro muy distinto a el suministro de material sanitario.
