El PSOE sube un 130% el IBI a 500 pymes en el segundo mayor centro industrial de Madrid
Los empresarios de Arganda del Rey se rebelan contra el Ayuntamiento por un hachazo fiscal que han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Recibos del IBI de 2021 y 2022 de una misma empresa de Arganda afectada por la medida.
Una subida de entre el 100% y el 130% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en plena crisis económica. Cerca de 500 empresas de Arganda del Rey, municipio madrileño gobernado en mayoría absoluta por el PSOE, han empezado a recibir esta semana las cartas de pago en las que se lleva a cabo un hachazo fiscal sin precedentes en el segundo mayor polígono industrial de la Comunidad de Madrid. Una subida del IBI que los empresarios de la zona consideran «desproporcionada» y que han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El Ayuntamiento que encabeza Guillermo Hita, alcalde de Arganda y presidente de la Federación Madrileña de Municipios, aprobó en diciembre una de sus medidas estrella: bajar el IBI del 0,48% al 0,47% (solo una centésima) a todos los inmuebles urbanos residenciales de Arganda (un total de 20.905). Por el contrario duplicó el mismo impuesto, hasta el tipo máximo del 1,1%, a las fincas de uso no residencial que superen los 500.000 euros de valor catastral.
Con la primera medida, dejará de recaudar unos 370.000 euros este año por una rebaja que, según fuentes municipales, beneficiará al 98,6% de los habitantes de Arganda. Con la segunda, aumentará sus ingresos en unos 4,5 millones a costa del 1,4% de los inmuebles que pertenecen, en su mayoría, a pequeñas y medianas empresas de carácter industrial.
Es el caso de fundiciones Capa. Una empresa familiar dedicada a la fundición de esculturas que lleva arraigada en Arganda más de 60 años y cuenta con unos 15 empleados. En su caso, ha sufrido un aumento del 129% del IBI. De pagar 2.989 euros en 2021, esta semana ha recibido una carta de pago por importe de 6.250 euros.
«Es del todo injustificable. El Ayuntamiento no ha tenido ninguna sensibilidad y se produce en el peor momento posible, con una situación económica muy negativa por la guerra en Ucrania, la pandemia y el aumento del precio de la luz y los combustibles», indica José María García, director de fundiciones Capa, en declaraciones a THE OBJECTIVE.
Buscan salir de Arganda
«Esto se llama usura», indica por su parte Luis López Blanco, de la empresa Goisan. Una compañía familiar dedicada a la fabricación de maquinaria industrial y calderería que cuenta con diez empleados. En su caso el incremento del IBI ha sido del 124%. En 2021 pagó 3.667,79 euros. Este año le va a tocar abonar 8.405,34 euros por la misma nave en la que llevan 25 años. En total, la subida afecta al menos a 458 empresas de Arganda del Rey, un municipio de unos 50.000 habitantes y un presupuesto anual de 73 millones de euros.
«En su mayoría son pymes o empresas familiares y cooperativas dedicadas a la industria, que necesitan una gran superficie y maquinaria para desarrollar su actividad. No son multinacionales, ni mucho menos», asegura David París, presidente de Asearco, la principal asociación de empresarios del sureste de Madrid. Añade que la medida está haciendo huir a potenciales inversores, puede poner en peligro muchos puestos de trabajo y ya ha provocado que algunas empresas «estén buscando ubicaciones para trasladarse a municipios cercanos como Rivas».
«Esto está siendo la puntilla para un municipio que, por tamaño, ha sido durante décadas la segunda mayor zona industrial de la Comunidad de Madrid», indica París. Bajo el paraguas de Asearco, unas 70 empresas recurrieron antes del 28 de febrero ante el TSJ de Madrid la ordenanza municipal por la que se aprobó la subida del IBI a todos los inmuebles de uso no residencial con un valor catastral de más de 500.000 euros.
Otras empresas afectadas se están planteando ahora emprender acciones judiciales. «Muchos no se habían enterado de esta subida hasta que les han empezado a llegar las cartas de pago del IBI de este año porque la medida fue aprobada con mucha opacidad por el Ayuntamiento», afirma el presidente de la asociación de empresarios de la región.
El Ayuntamiento del PSOE descarta una rebaja
Fuentes del Ayuntamiento de Arganda consultadas por este diario descartan la posibilidad de suspender la medida, aprobada en diciembre pasado con los votos a favor del PSOE, la abstención de Ciudadanos y una concejal no adscrita ex de Podemos, y con los votos en contra de PP y Vox. Desde el consistorio destacan que la subida del IBI solo afecta a un 1,4% de los inmuebles y es perfectamente legal, ya que no se ha sobrepasado el tipo máximo contemplado por la ley. Las mismas fuentes enmarcan esta medida en una «reorganización del impuesto para equiparar los tipos al mismo nivel que hay en otros municipios vecinos como Rivas».
El Ayuntamiento reconoce que la medida se aprobó sin hacer un estudio de impacto sobre las empresas afectadas y destacan que, por el contrario, desde 2015 se han aprobado ayudas directas para la creación de empleo estable por importe de 2.000 euros. No obstante, para el año que viene las mismas fuentes no descartan estudiar una rebaja ante el enfado de los empresarios y teniendo en cuenta la situación económica actual. «Cuando se aprobó esto no sabíamos que iba a estallar una guerra en Ucrania, lo hicimos pensando en beneficiar al 98,6% de las familias», añaden desde el Consistorio de Guillermo Hita.
Por su parte, desde la oposición critican esta medida y la enmarcan dentro de «la política de pan y circo» del Ayuntamiento. «Para rebajar el IBI general y venderlo como una gran medida para los ciudadanos, a los que se les rebaja ese impuesto en menos de 30 euros anuales, necesitaban compensarlo con un hachazo a las empresas. Y lo hacen en un momento económico pésimo», indica por su parte Lola Martín, portavoz municipal del PP en Arganda. El grupo popular acusa a Hita de usar este incremento para pagar conciertos y fiestas gratuitas con las que contentar a los ciudadanos.
«El presupuesto de 2022 prevé un superávit de tres millones de euros y un informe de tesorería dice que el Ayuntamiento tiene en estos momentos ocho millones de liquidez por la falta de inversiones públicas en los últimos años. Duplicar el IBI a las empresas está lejos de toda proporcionalidad y equidad. De cara a la atracción de inversiones esto es todo lo contrario a la política fiscal que Isabel Díaz Ayuso está desarrollando en la Comunidad de Madrid», añade la portavoz municipal del PP.
