Riesgo de colapso en la Fiscalía: uno de cada tres fiscales se habrá jubilado en 15 años
España tiene la mitad de fiscales por habitante que la media de la UE. Un déficit que se agravará por la jubilación de 895 miembros del Ministerio Público
La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado. | Europa Press
Son los fiscales nacidos en el ‘baby boom’. Un total de 895 integrantes del Ministerio Público, el 34,8% de la plantilla actual, cumplirá los 70 años que marca la edad de jubilación de los fiscales en los próximos quince años, según el último escalafón de la carrera fiscal publicado en el BOE. Son los nacidos entre 1950 y 1966; uno de cada tres fiscales que se encuentran en activo. Una situación que puede generar una situación de colapso en el sistema judicial español, según denuncia la mayoritaria Asociación de Fiscales, y que amenaza con agravar el déficit estructural existente.
En la actualidad España ya se encuentra a la cola europea en número de fiscales. Nuestro país cuenta con 5,2 fiscales por cada 100.000 habitantes, muy lejos de los 11,2 que marca la media de la UE, según datos de la Comisión Europea para Eficacia de la Justicia (CEPEJ). «El mayor de los peligros es que se llegue al colapso de la carrera fiscal. Nos preocupa que desde el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado (FGE) no se están haciendo previsiones y cálculos suficientes para poder cubrir esta avalancha de jubilaciones», afirma Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), en declaraciones a THE OBJECTIVE.
«Si no se cubre al menos la tasa de reposición con una media de 60 plazas anuales en estos quince años, será difícil asumir el trabajo, especialmente en lugares donde la plantilla ya es escasa actualmente», añade Dexeus. La AF lleva desde 2014 solicitando a la FGE y al Ministerio de Justicia un estudio pormenorizado en el que se evalúe la carga de trabajo actual para saber si está por encima o por debajo de la que puede asumir la plantilla de fiscales, un total de 2.613 en estos momentos. Más aún teniendo en cuenta que los planes del Gobierno para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) prevé que los fiscales asuman plenamente las tareas de investigación, desapareciendo la figura del juez instructor.
Déficit de fiscales
«Esto supondrá un aumento de funciones que también hay que valorar a la hora de medir las necesidades de recursos humanos y materiales que vamos a necesitar durante los próximos años, al margen del gran número de jubilaciones que se van a producir», advierte la presidenta de la AF. «La sensación es que no se están haciendo cálculos desde ya mismo para paliar esta situación o al menos compensarla», añade Dexeus.
Desde la Comisión de Seguimiento del Convenio de prevención de riesgos laborales, creada recientemente, se insistirá de nuevo a la de la FGE sobre la necesidad de acometer este estudio. Hasta ahora el organismo dirigido por Dolores Delgado y el Ministerio de Justicia han hecho oídos sordos a esta petición. «Estamos en una situación de abandono», indica por su parte Salvador Viada, portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
«Nadie está haciendo nada. O se ponen las pilas o las cosas no van a ir bien. Solo con cubrir las plazas de los que se van a jubilar no va a bastar. Aunque la edad obligatoria de jubilación son 70 años, ampliables hasta un máximo de 72, la tendencia es jubilarse cada vez antes», añade Viada, nuevo miembro electo del Consejo Fiscal, principal órgano asesor de la FGE. El portavoz de APIF explica que los integrantes de la carrera fiscal se pueden jubilar con la pensión completa a partir de los 65 años, sin necesidad de esperar a los 70, siempre que hayan cumplido 35 años de trabajo. «La tendencia es cada vez más la de adelantar la jubilación cuando llegan a cumplir el umbral exigido para percibir la pensión máxima», asevera.
La Fiscalía admite un «déficit estructural»
A petición de la propia FGE, el Ministerio de Justicia aprobó el pasado 3 de mayo ampliar en 60 plazas la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal. Es justamente la cifra que se necesitará durante los próximos quince años tan solo para cubrir la ola de jubilaciones de los fiscales nacidos en el ‘baby boom’. En un comunicado en el que anunciaba esa ampliación, la propia FGE reconocía un «déficit estructural».
«El desequilibrio entre los miembros de la carrera fiscal y el número de plazas de la plantilla orgánica hacía necesaria una ampliación para hacer frente al déficit estructural existente, solucionar la indeseable situación de los/as fiscales en situación de expectativa de destino y asumir el incremento de las funciones del Ministerio Fiscal atribuidas en las modificaciones legislativas», indicaba la FGE.
Según datos del organismo que dirige Dolores Delgado, entre 2010 y 2021 tan solo se crearon 146 plazas, 80 de ellas en 2019. En junio del año pasado, la Fiscalía General elevó al Ministerio de Justicia un pormenorizado informe en el que se proponía un plan de aumento de 349 plazas en los próximos tres años. Por ahora Justicia solo ha ampliado en 60 las plazas para la próxima convocatoria de oferta pública de empleo. En 2021 se convocaron un total de 132 plazas para abogado fiscal mediante concurso oposición.
