El fiscal que pidió archivar el Delcygate frenó los casos contra el fondo rescatado por la SEPI
El despacho que defiende a Portobello fichó al fiscal Enrique Remón. Lorena Álvarez, que trabajó a sus órdenes, pasó a pedir el archivo de las causas de Vivanta
La denuncia interpuesta ante la Fiscalía sobre el rescate del Gobierno al Grupo Vivanta por 40 millones de euros ha sacado a la luz una historia paralela y soterrada sobre los presuntos vínculos entre el fondo Portobello y el Ministerio Público. Un relato que involucra al exjefe de Delitos Económicos y Societarios de la Fiscalía Provincial de Madrid (el mismo que solicitó el cierre del Delcygate y del 8-M) y a una fiscal que trabajó bajo sus órdenes y que ya se vio en el ojo del huracán por su oposición a investigar a Podemos en el caso Neurona: Enrique Remón Peñalver y Lorena Álvarez Taboada.
Una crónica que también implica al despacho de abogados que defiende a Portobello -el fondo de inversión que participa en cuatro empresas a las que el Gobierno ha concedido casi 100 millones de euros del fondo de rescate de la SEPI (entre ellas Vivanta)- y a los exsocios minoritarios del grupo de cadenas dentales rescatada por el Gobierno, quienes acusan de estafa a la cúpula de Portobello.
El núcleo de esta historia se sitúa en el 4 de diciembre de 2020. Ese día, el despacho CMS Albiñana & Suárez de Lezo anuncia el fichaje del fiscal Enrique Remón como nuevo socio del bufete, que defiende a Portobello Capital. Para entonces, el fondo de capital riesgo libraba ya varias batallas en los juzgados de Madrid contra los exsocios minoritarios y expropietarios de las clínicas adquiridas por Portobello a partir de 2017 con la idea de conformar el grupo de cadenas dentales líder en España.
Los exsocios de Vivanta acusaban a la cúpula de Portobello de estafa y administración desleal. Llegaron a estar imputados los principales consejeros del fondo: Íñigo Sánchez-Asiaín, Ramón Cerdeiras, Juan Luis Ramírez y Carlos Dolz Espejo, entre otros. Aunque la mayoría de los casos contra ellos están archivados, todavía hay uno abierto en el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid y otro sobreseído pero pendiente de recurso en el Juzgado de Instrucción número 49.
El fiscal cambió de bando
Seis meses antes de fichar por el bufete que representa a estos últimos, el propio Enrique Remón lideraba una investigación contra Portobello. No obstante, se opuso a la personación del presidente de los accionistas minoritarios de Vivanta en un caso en el que el juzgado de Instrucción número 49 de Madrid investigaba a los directivos de Portobello por estafa y administración desleal. Así consta en un escrito fechado el 22 julio de 2020 y firmado por el propio Remón, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
En ese documento, el entonces fiscal consideraba un «abuso de derecho» que el máximo representante de los accionistas minoritarios de Vivanta quisiera personarse en una causa abierta por la querella del antiguo propietario de 17 clínicas adquiridas por Portobello. Acusaba de estafa a la cúpula del fondo y a Vivanta por no querer pagarle unos 7 millones de euros pendientes de pago por la compra de sus clínicas.
Portobello alegaba que, según el contrato de compra-venta, ese pago estaba condicionado a que un año después de su adquisición las clínicas mantuvieran niveles de facturación iguales o superiores a las que tenían con su anterior propietario. Sin embargo, desde que Vivanta asumió la gestión de las clínicas éstas habían pasado a dar pérdidas, lo cual eximía a Portobello del pago de los siete millones de euros que reclamaba el querellante.
Portobello se desmarca del fichaje
Fuentes jurídicas y del fondo Portobello consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que el fichaje de Remón por CMS Albiñana & Suárez de Lezo no tuvo nada que ver con que fuese el fiscal a cargo de esa causa en la que se investigaba a los directivos representados por el bufete para el que pasó a trabajar. Aseguran que su contratación se debió al gran prestigio y la amplia trayectoria de Remón como jurista especializado en delitos económicos y societarios. Añaden que Remón nunca ha participado como abogado de ese despacho en las causas que afectaban a Portobello y a Vivanta. «Ni siquiera conoce a los clientes», asevera una de las fuentes jurídicas consultadas a pesar de que estuvo a cargo de una causa contra ellos.
Como jefe de Delitos Económicos, Remón había sido el fiscal de los casos del Delcygate y del 8-M. En ambos pidió el archivo y los jueces le secundaron. También intervino en el caso de la lista Falciani y las causas contra varios futbolistas -entre ellos Cristiano Ronaldo– por supuesto fraude a Hacienda. En paralelo a la causa sobre la que Remón pidió el archivo contra Portobello, una subordinada suya en la Fiscalía con la que mantenía una estrecha relación profesional desde el año 2011, Lorena Álvarez Taboada, impulsaba otra causas por presunto fraude contra los máximos responsables del fondo de inversión en el juzgado de Instrucción número 13.
En contra de lo que su entonces jefe defendía, Álvarez Taboada había emitido un escrito en junio de 2020 solicitando la práctica de diversas diligencias para esclarecer un posible fraude denunciado por el expresidente de los socios minoritarios de Vivanta. Los querellados en esa causa también eran los máximos directivos de Portobello. Poco antes del fichaje de Remón por el despacho que representa al fondo de capital y a Grupo Vivanta, la fiscal también asumió la causa que su exjefe había llevado hasta entonces en el Juzgado número 49 de Madrid por presunta estafa y falsedad documental.
El insólito giro de la fiscal del caso Neurona
En un escrito fechado el 20 de octubre de 2020, Álvarez Taboada aún apoyó citar a declarar a los peritos propuestos por la acusación (el expropietario de las 17 clínicas que reclamaba 7 millones de euros a Portobello) «a fin de determinar si nos encontramos ante manipulación de la contabilidad con el objeto expuesto en la querella o si nos encontramos ante una diferente interpretación de la contabilidad o un incremento injustificado de los gastos».
Sin embargo, pocas semanas después y mientras Remón ultimaba las negociaciones para su fichaje por CMS Albiñana & Suárez de Lezo, Álvarez Taboada cambió de criterio. Pasó a pedir el archivo de esa causa y de la que hasta entonces también había impulsado en el juzgado número 13. En un escrito remitido el 25 de noviembre, tan solo nueve días antes del fichaje de Remón y un mes después de apoyar la práctica de nuevas diligencias de investigación, la fiscal solicitó el archivo de las actuaciones y se opuso a citar a declarar como investigados a los máximos dirigentes de Portobello y Grupo Vivanta. «A la vista de las diligencias practicadas, no resulta la existencia de indicios de una actuación engañosa por parte de los querellados», señalaba entonces la fiscal.
Ese giro en la actuación de la fiscal provocó que el denunciante del caso que llevaba el Juzgado de Instrucción número 13 interpusiera una queja ante la Fiscalía General del Estado (FGE). En su escrito, al que ha tenido acceso este diario, el expresidente de los socios minoritarios de Vivanta solicitaba que la fiscal se abstuviera de los casos relacionados con Portobello debido a la estrecha relación profesional que unía a Lorena Álvarez Taboada y Enrique Remón.
La FGE archivó su investigación interna porque Álvarez Taboada «ya solicitó el sobreseimiento provisional del procedimiento en fecha 25 de noviembre de 2020, por lo que difícilmente puede ligarse su posición jurídica a una situación producida con posterioridad». Esa fue la razón alegada, a pesar de que pasaron solo nueve días entre el escrito en el que la fiscal solicitó el archivo de las actuaciones y el fichaje de su exjefe por el despacho que defendía a Portobello.
Conde Pumpido unió a ambos fiscales
En total, Remón y Álvarez Taboada trabajaron juntos durante casi una década. El primero fue nombrado en 2008 como miembro de la Secretaría Técnica de la FGE. Tres años después, en junio de 2011 y tras llevar apenas seis años en la carrera fiscal, Taboada fue destinada a la misma Secretaría Técnica de la FGE en la que trabajaba Remón. Cuando se incorporó a su puesto, el entonces fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido destacó la valía de Álvarez Taboada a pesar de su escaso recorrido profesional.
Ahí empezaría la carrera en paralelo de ambos. Remón y Taboada estuvieron juntos en la FGE hasta marzo de 2012, cuando ambos pasaron a la Fiscalía Provincial de Madrid, según publicó el BOE. En abril de 2017, Remón promocionó a decano de la sección de Delitos Económicos y Societarios de ese organismo. Once meses después, como publicó el BOE, el Ministerio de Justicia adjudicó a Álvarez Taboada una plaza en la misma sección. Desde entonces, Taboada trabajó a las órdenes de Remón, hasta que este último fichó por CMS Albiñana & Suárez de Lezo.
Además, durante años ambos ejercieron juntos como profesores en ICADE. En la página web de la Universidad de Comillas, ambos aparecen como dos de los tres profesores que conforman el Aula de Formación de Oposiciones de ICADE. No obstante, y a pesar de que aún hoy ambos siguen constando juntos en la página de ese centro universitario, fuentes jurídicas cercanas a ambos afirman que Álvarez Taboada «hace ya años que no da clases» con Remón.
