El Constitucional abordará la lentitud de los tribunales en la próxima reunión
El tribunal de garantías incluye una adición al orden del día para tratar el caso de los señalamientos tardíos que planteó un abogado
Sede del Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional acelera. La Sala Primera abordará la lentitud de los tribunales en la próxima reunión, que se celebra el 10 de octubre. La decisión se ha tomado apenas un día después de que el tribunal de garantías no incluyera el asunto en el orden del día. Este miércoles se ha añadido una adición. La ponente Inmaculada Montalbán tratará el caso de los señalamientos tardíos, que quedó «pendiente» en el encuentro del 26 de septiembre. El abogado que presentó el recurso, Daniel Sánchez Bernal, se ha mostrado satisfecho con la decisión.
«Para bien o para mal, ya es hora de que se resuelva este asunto», ha reconocido Sánchez Bernal a THE OBJECTIVE. El Constitucional debía haberse pronunciado el 26 de septiembre, pero decidió aplazarlo hasta la próxima reunión. El orden del día del siguiente encuentro no lo recogía, lo que motivó el enfado del letrado que presentó el recurso. Incluso registróen la tarde de ayer un escrito pidiendo explicaciones sobre las causas de la demora.
El tribunal de garantías ha cambiado de parecer apenas unas horas después de asegurar que nunca había estado previsto tratar el asunto en la próxima reunión de la Sala Primera. Las adiciones posteriores al orden del día son frecuentes, como también es habitual dejar casos en stand by, ya que en ocasiones los magistrados necesitan más tiempo para estudiarlos.
La respuesta del Constitucional
«Soy muy mal pensado. El escrito contundente que presenté pidiendo explicaciones ha podido motivar la decisión. De momento, yo no tengo respuesta formal de lo que ha sucedido», insiste Sánchez Bernal. El abogado presentó el recurso ante el Constitucional en mayo de 2021 y fue admitido a trámite en diciembre. Supuso todo un éxito, ya que el Constitucional rechaza el 97% de los recursos que recibe.
Al letrado no le quedó más remedio que llegar hasta esta instancia al experimentar que todas las puertas se le cerraban. La decisión vino motivada porque el Juzgado de lo Social número 11 de Sevilla anunció un acto de conciliación y el posterior juicio a tres años y medio vista. Recurrió al Colegio de Abogados de Sevilla, que hizo oídos sordos, y al Defensor del Pueblo.
Sánchez Bernal llevó el caso de los señalamientos tardíos al Tribunal Constitucional al considerar que se había vulnerado el derecho a una tutela efectiva contra su cliente, un recién doctorado que reclama a la Universidad de Sevilla una indemnización por daños y perjuicios ocasionados por incumplimiento de la formalización del contrato posdoctoral. Una batalla en la que cuenta con el Ministerio Fiscal como aliado.
El fiscal Fernando Cabedo emitió un informe de 11 páginas para apoyar su demanda. Considera que se ha vulnerado el derecho del demandante a «un proceso sin dilaciones indebidas». No obstante, las posibilidades del tribunal de garantías son limitadas. Puede exigir al juzgado de origen que establezca fechas más acordes para la vista y, aunque es menos probable, podría abrir una vía para que los afectados puedan pedir responsabilidades patrimoniales y hasta penales.
La lentitud de los tribunales españoles también ha llegado a Europa. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo admitió a trámite en julio la solicitud sobre los señalamientos tardíos realizada por Sánchez Bernal. La institución continental le recomendó acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si no quedaba satisfecho una vez concluido el procedimiento en España. No descarta hacerlo.
En la legislación española no existe ninguna referencia a un plazo de tiempo máximo para celebrar un juicio. «En Sevilla se están enviando señalamientos para mediados de 2026, cuatro años de demora», recalca Sánchez Bernal. Confía en que el tribunal de garantías exija al juzgado de origen que establezca fechas más acordes para la vista y, aunque es menos probable, que abra una vía para que los afectados puedan pedir responsabilidades patrimoniales y hasta penales.
