La Justicia procesó a 16 personas por corrupción en el segundo trimestre
Andalucía fue la que más condenas por corrupción acumuló, seguida de Cataluña y Asturias
Vista de los Juzgados de Plaza de Castilla | Carlos Luján (Europa Press)
Los jueces españoles abrieron juicio oral o procesaron a 16 personas por delitos de corrupción en el segundo trimestre de 2022, lo que supone 118 menos que en el mismo periodo de 2021, según ha informado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Asimismo, entre abril y junio abrieron juicio oral o procesaron a tres personas jurídicas, 33 menos que en los mismos meses del año pasado. Todas las personas, tanto las físicas como las jurídicas, han sido procesadas en el segundo trimestre de este año en dos procedimientos en Andalucía, según el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del CGPJ, según recoge EFE.
Además, entre abril y junio de este año los juzgados y tribunales españoles dictaron 23 sentencias en procedimientos por corrupción, de ellas 19 condenatorias (el 82,6 por ciento) y cuatro absolutorias.
Los procedimientos judiciales que reflejan el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos y como uno de los elementos a tener en cuenta la afectación de dinero publico, abarcando así tanto la corrupción administrativa como política.
Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en transacciones comerciales internacionales.
Por comunidades autónomas, Andalucía fue la que más condenas por corrupción acumuló (7), seguida de Cataluña y Asturias, con 3 cada una; y Canarias, Castilla y León, Valencia, Extremadura, Galicia y Murcia, con una cada una. Las cuatro sentencias absolutorias se repartieron entre Canarias, Castilla y León, Valencia y Extremadura, según señala Europa Press.
«Corrupción pública»
Este repositorio, presentado en 2017, «permite a la ciudadanía conocer la acción de la justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores», destaca el CGPJ.
La información reflejada corresponde a la denominada «corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación causa en la ciudadanía», por lo que los procedimientos «tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política».
Se trata de delitos de prevaricación urbanística, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.
