Caso Popular: Ron apela a los decretos de Guindos para defender la ampliación de 2012
El expresidente del Banco Popular ha defendido ante el juez Santiago Pedraz que la ampliación de capital de 2012 fue «absolutamente clara y transparente»
Ángel Ron (derecha), a su llegada a la Audiencia Nacional | Europa Press
El expresidente del Banco Popular Ángel Ron ha defendido este miércoles ante el juez Santiago Pedraz que la ampliación de capital de la entidad en 2012 fue «absolutamente clara y transparente» y se llevó a cabo para dar cumplimiento a los decretos aprobados por el Ministerio de Economía, entonces dirigido por Luis de Guindos, para obligar a los bancos españoles a provisionar 80.000 millones de euros, según han informado fuentes jurídicas a THE OBJECTIVE.
El exresponsable del Banco Popular ha comparecido en calidad de querellado en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la ampliación de capital que el Banco Popular llevó a cabo en el año 2012. Una investigación por la que tendrán que declarar en calidad de querellados también durante los próximos días el exvicepresidente del Popular, Roberto Higuera, la auditora Price Waterhouse Coopers (PwC),y uno de los socios auditores de esta última.
En su declaración, que ha durado algo más de una hora, Ron ha asegurado que el folleto de la ampliación de capital era «absolutamente claro y transparente». Asimismo, ha señalado que en su apartado 3.4 (motivo de la oferta y destino de los ingresos) informaba sobre los resultados del test de estrés, el plan de recapitalización y su aprobación por el Banco de España. Además, el expresidente del Popular ha defendido que en el folleto se especificaba que las dotaciones que estaba previsto realizar podrían derivar en un resultado de -2.300 millones de euros y ha defendido que los estados financieros intermedios recogían el impacto de los decretos Guindos, de los test de estrés y el fondo de comercio del Banco Pastor.
Ron: «Nadie invierte 500 millones si quiere estafar»
A preguntas de su abogado, además, Ron ha dicho que a la ampliación acudieron los miembros del Consejo de Administración del Banco Popular, que desembolsaron 500 de los 2.500 millones de euros de la ampliación. «Nadie invierte 500 millones de euros si quiere estafar», ha señalado Ron, después de precisar que los consejeros pasaron a controlar el 24,1% del capital de la entidad, frente al 25,4% previo. Asimismo, ha subrayado que el Banco de España autorizó el 31 de octubre sin condiciones el plan y la ampliación de capital.
Los consejeros pudieron obtener enormes retornos, según su versión, porque la acción se duplicó en pocas semanas y mantuvo su precio por encima del de la ampliación, prácticamente hasta la disolución del banco en 2017. Las cuentas anuales reflejaron cómo la acción llegó a niveles mínimos de 0,53 euros al comienzo de la ampliación y se situó en 0,78 a principios de 2013, lo que representaba una elevada rentabilidad para los inversores.
Además de defender la gestión de la ampliación de capital, la declaración de Ron ha tratado de poner en contexto la situación económica que atravesaban la banca y la economía española en el año 2012. Así, ha explicado que la prima de riesgo superaba los 600 puntos básicos, lo que llevó al Gobierno a solicitar a la UE ayudas por valor de 100.000 euros para recapitalizar el sistema financiero. Un préstamo del Eurogrupo a España sujeto a una revisión de calidad de los activos de 14 grupos bancarios (AQR) y de unos test de estrés -realizados por Oliver Wyman- que determinasen las necesidades de capital que éstos tenían tanto en un escenario normal como en otro de crisis extrema, que nunca se produjo pero que las entidades tenían que reflejar en sus balances.
Las condiciones se reflejaron en el Memorando de Entendimiento sobre Condiciones de Política Sectorial Financiera (MoU), publicado en el BOE el 10 de diciembre de 2012, y que suponía de facto la desaparición de las cajas de ahorro, su transformación en bancos bajo la tutela europea. Ron ha dicho que el Popular pasó sin problemas los AQR y el test de estrés: con 677 millones de exceso en el escenario normal y un déficit de 3.200 millones en el extremo que, según el Banco de España, el Popular podía asumir con recursos propios. En el escenario extremo, al sistema financiero español se le atribuían unas necesidades de capital de 60.000 millones de euros que fueron cubiertos en su práctica totalidad con recursos públicos procedentes de Europa, salvo en el caso del Popular, que lo hizo con sus propios medios, ha subrayado Ron.
Exigencias de la UE y la compra de Banco Pastor
Ha añadido que el Banco de España pidió el 2 de octubre al Banco Popular que cubriese el déficit del escenario extremo, que podía darse en un 1% de posibilidades y que nunca se cumplió, y el Popular lo hizo con carácter inmediato.« En concreto, tras conocer el resultado del test de estrés el 28 de septiembre, convoqué al consejo y aprobamos un plan para cumplir el MoU sin ayudas públicas. El 2 de octubre, el BE requirió al BP para cubriese el virtual déficit de 3.223 millones y el Banco Popular envió su plan, que incluía la ampliación de capital de 2.500 millones, el 10 de octubre», ha agregado Ron.
Tras intentar rescatar las cajas sin éxito, ha añadido el expresidente del Popular, finalmente el Gobierno y el Banco de España abordaron la crisis de Bankia y de otras cajas en la segunda mitad de 2011. En ese contexto, el Banco Popular acometió la compra del Banco Pastor mediante una OPA en noviembre de 2011 por el 100% de la entidad a un precio un 25% menor que el valor contable auditado, lo que apuntaba a que el comprador registraría una plusvalía por la compra. Una operación que Ron ha defendido explicando que esa entidad tenía una excelente cuota de mercado en Galicia, un aceptable margen de explotación, pero necesidades de provisiones por su cartera de créditos inmobiliarios.
Tres meses después, para calmar los mercados, el Gobierno aprobó los denominados decretos Guindos, que reclamaban 80.000 millones de euros a los bancos en forma de provisiones. El Banco Popular, que acababa de adquirir el Pastor, absorbió su parte alícuota del impacto de esos decretos, unos 7.700 millones de euros, de los que 2.500 millones correspondían al Pastor, según ha señalado Ron. Pese a ser un hecho posterior a la compra, Popular solicitó a E&Y que incluyese esas necesidades en el cálculo del Fondo de Comercio del Pastor (1.200 millones).
Pastor contó con la fairness opinion de Morgan Stanley: «La contraprestación que Popular habrá de pagar en relación con la oferta de acciones es justa desde el punto de vista financiero» . También la CNMV dijo que ¨la oferta se adecua a lo dispuesto sobre precio equitativo». Ron ha terminado diciendo que el Banco de España, en su informe de seguimiento del 31 de diciembre de 2012, ratificó que se habían cubierto los requerimientos derivados de la recomendación de la EBA para 2012 de un capital mínimo CORE TIER 1 del 9%; los Decretos Guindos y los resultados del test de estrés del Eurogrupo.
