El juez Pedraz imputa a dos exdirectivos del Banco Popular por la ampliación de 2012
El magistrado de la Audiencia Nacional amplía su investigación y cita a declarar al ex director financiero y al expresidente de la Comisión de Auditoría de la entidad
Imagen de archivo del Banco Popular. | Europa Press
El juez Santiago Pedraz amplía su investigación para esclarecer las presuntas irregularidades cometidas en la ampliación de capital que el Banco Popular llevó a cabo en el año 2012. A petición de la Fiscalía, el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha acordado tomar declaración en calidad de investigados a otros dos exdirectivos de la entidad, según un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Tras recibir sendos escritos del Ministerio Público, el magistrado ha citado para el próximo 23 de noviembre a José Ramón Rodríguez García y a Jacobo González-Robatto Fernández. El primero era presidente de la Comisión de Auditoría de la entidad y el segundo ejercía como director general corporativo y financiero (CFO) en el momento en el que se produjo la ampliación de capital que investiga el juez.
Según fuentes jurídicas, Rodríguez García precedió al frente de la Comisión Auditora de la entidad a Roberto Higuera, exvicepresidente del Banco Popular y otra de las personas investigadas en la causa abierta por Pedraz desde finales de mayo. El juez tomó declaración la pasada semana en calidad de querellados a Higuera, al expresidente de la entidad Ángel Ron, a la auditora Price Waterhouse Coopers (PwC) y a uno de los socios auditores de esta última.
Pedraz abrió el caso tras admitir a trámite dos querellas presentadas por antiguos accionistas y clientes de la entidad, y ordenó investigar posibles irregularidades e indicios de delitos de estafa y falsedad documental. Una semana después, aceptó la personación en calidad de perjudicados, y como acusación particular, a más de 300 antiguos accionistas minoritarios de la entidad que fue adquirida por el Banco Santander hace cinco años a cambio de un euro a pesar de contar con un patrimonio de 11.000 millones.
Ron y PwC niegan irregularidades
En su declaración ante el magistrado, la semana pasada, Ángel Ron defendió que la ampliación de capital de la entidad en 2012 fue «absolutamente clara y transparente» y se llevó a cabo para dar cumplimiento a los decretos aprobados por el Ministerio de Economía, entonces dirigido por Luis de Guindos, para obligar a los bancos españoles a provisionar 80.000 millones de euros, según fuentes jurídicas consultadas por este diario.
El expresidente de la entidad subrayó también que a la ampliación acudieron los miembros del Consejo de Administración del Banco Popular, que desembolsaron 500 de los 2.500 millones de euros del nuevo capital suscrito. «Nadie invierte 500 millones de euros si quiere estafar», señaló Ron, después de precisar que los consejeros pasaron a controlar el 24,1% del capital de la entidad, frente al 25,4% previo. Asimismo, defendió que el Banco de España autorizó el 31 de octubre sin condiciones el plan y la ampliación de capital, y añadió que el folleto de la ampliación de capital era «absolutamente claro y transparente».
Por su parte, el auditor de la firma PwC José María Sanz aseguró ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que no apreció ninguna irregularidad o anomalía al revisar las cuentas del Banco Popular del año 2012, que a su parecer sí expresaban la imagen real de la entidad. En su declaración, Sanz señaló que la ampliación de capital realizada ese mismo año dejó un buen retorno económico para los inversores y que el folleto que incluía los detalles de la misma estaba explicado de forma correcta.
El juez amplía la investigación
La versión ofrecida por el auditor coincidió con la del expresidente de la entidad Ángel Ron y su ‘número dos’, Roberto Higuera. Ambos negaron cualquier tipo de irregularidad en las cuentas y en la citada ampliación del 2012, sobre la que el juez pone la lupa. Sin embargo, a petición de la Fiscalía, Pedraz ha decidido ampliar la investigación y citar como investigados a otros dos exdirectivos de la entidad.
José Ramón Rodríguez García dejó su puesto en el consejo de la entidad en junio de 2015 tras ser cesado como representante de la Unión Europea de Inversiones (UEI), que agrupaba a los empleados del banco y las familias tradicionales que eran accionistas de la entidad. Por su parte, Jacobo González-Robatto Fernández dejó el Banco Popular en 2016, cuando ejercía como presidente del Consejo Asesor Internacional de la entidad, para dedicarse completamente a la presidencia de Pescanova.
Entre otras cuestiones, el juez Pedraz busca dilucidar si «la información pública suministrada sobre la ampliación de capital de 2012 contenía omisiones e informaciones sesgadas y tergiversadas para captar un capital que de otra manera no hubiera sido posible obtener, incumpliendo los deberes de información establecidos en orden a garantizar la transparencia del mercado de valores, pudiendo haberse cometido un delito del Art. 282 Bis del Código Penal».
Diligencias pendientes
Para esclarecer estas cuestiones, el magistrado acordó con la Fiscalía una batería de diligencias además de la toma de declaración de los querellados. El juez ha requerido al Banco de España que remita diversos informes de seguimiento e inspección realizados al Popular entre los años 2010 y 2012, así como que se aporte testimonio de un informe efectuado por los peritos del organismo regulador en marzo de 2019 en el que se destacaba la solvencia del Popular en el momento en que se produjo la resolución de la entidad. No obstante, desde el inicio, ha descartado atribuir al Banco Santander responsabilidad penal alguna sobre de los hechos denunciados.
Asimismo, ha requerido al organismo presidido por Pablo Fernández de Cos las cuentas oficiales publicadas por el Banco Popular del ejercicio 2010, 2011 y 2012. «Tanto las anuales, como las trimestrales y semanales, así como informes intermedios junto a los reajustes que en ellas se pudieran haber realizado, para determinar si la información contable en ella expresada ofrecía la imagen fiel de la entidad y estaba libre de cualquier tipo de manipulación o deformación (si bien solo se podrá efectuar si el estudio de esas cuentas pudo influir en la imagen que se dio de la entidad en el folleto de la ampliación de capital de 2012)», indicaba el juez en un auto dictado a finales de mayo.
