La Audiencia archiva la causa de las supuestas donaciones reflejadas en la 'caja B' del PP

Los papeles de Bárcenas dan una tregua al PP. La Audiencia Nacional ha acordado este lunes el sobreseimiento provisional de la pieza del caso Gürtel que investigaba las supuestas donaciones de empresarios a los populares a cambio de adjudicaciones de obra pública. La razón que esgrime el juez Santiago Pedraz en su auto es que no queda debidamente justificada la perpetración de los delitos que dieron motivo a la formación de esta causa.

«No existe elemento que permita inferir, siquiera indiciariamente, que se hayan producido aquellos hechos», reconoce Pedraz cinco años después de reabrir la causa sobre los supuestos pagos al PP. La decisión llega una vez que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el sobreseimiento tras recibir un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) donde no se detecta irregularidades en los procesos de adjudicación.

El caso, conocido como el de las comisiones finalistas, lo inició el juez Pablo Ruz en 2013, pero lo cerró dos años después al no ver más indicios delictivos con esos fondos extracontables que los del pago de la reforma de la sede del PP en la calle de Génova . Sin embargo, las revelaciones efectuadas por el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, y el empresario Alfonso García Pozuelo durante el juicio permitió reactivarla.

El extesorero del PP

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas, que hasta entonces lo había negado, confesó en un escrito enviado a la Fiscalía Anticorrupción que algunas de las donaciones realizadas buscaban adjudicaciones. En su declaración del 16 de julio de 2021 ante Pedraz implicó directamente a todos los ministros de Fomento y Medio Ambiente del PP al afirmar que trataban con los empresarios que contribuían a esa supuesta contabilidad oficiosa.

Esos testimonios llevó a Pedraz a solicitar diligencias para «comprobar si determinadas anotaciones reflejadas en los denominados papeles de Bárcenas o contabilidad b del PP constituyen el soporte documental contable, por rudimentario que sea, de transacciones reales que reflejarían las contraprestaciones en metálico obtenidas por el PP y determinadas personas, a cambio de interceder o presionar para conseguir que se produjeran determinadas adjudicaciones de obras públicas a los pagadores de tales ilícitas comisiones».

En el nuevo auto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional acuerda el archivo de la causa. Lo hace a petición de la Fiscalía Anticorrupción debido al resultado de las diligencias practicadas durante la instrucción. «No se encuentra en la adjudicación de los expedientes de contratación incumplimientos de la normativa aplicable» e «imposibilita establecer una relación entre los pagos o donaciones y los contratos adjudicados».

«No existe una anotación, un correo electrónico, un documento, una conversación grabada, una declaración testifical… que aporte dato incriminatorio alguno; como tampoco de los múltiples informes de la UDEF, interventores de la Fiscalía e IGAE», insiste Pedraz en el documento, de apenas cinco páginas.

El magistrado señala el informe de la IGAE no desprende la comisión de los delitos que se investigaban. «En el mismo se analiza la forma de contratación, las posibles incidencias en los distintos expedientes, pero en ninguno de ellos se concluye arbitrariedad o irregularidad alguna, y lo que no arrojan es elemento alguno que permita la conexión de dichos contratos con las pretendidas donaciones de los denominados papeles de Bárcenas.

Dichas conclusiones se apoyan, además, en que las respectivas Mesas de Contratación en todos y cada uno de los contratos estaba formada por funcionarios públicos y en que la Dirección Facultativa o Asistencia Técnica en cada contrato (y que firmaron tanto los Proyectos Modificados como los Proyectos complementarios, como las Certificaciones-Liquidaciones) era distinta al resto de contratos.