CNMV, PwC, Saracho, Ron... el 'caso Popular' afronta su enésima prórroga sin rumbo claro

El caso Popular está pendiente de una nueva prórroga que tiene que resolverse este mismo mes, superado ya el quinto año de instrucción, y la investigación no parece arrojar más luz que al principio. Las diligencias que han tenido lugar hasta ahora, lejos de ir aclarando presuntos hechos delictivos atribuidos a los imputados e incluso de esclarecer al menos cuáles son esos ilícitos, parecen más bien estar abriendo nuevos caminos que tampoco ayudan a evidenciar nada concreto.

La instrucción comenzó en octubre de 2017, apenas cuatro meses después de que la Junta Única de Resolución acordara finiquitar el banco, señalando la gestión del último presidente de la entidad financiera, Emilio Saracho, que se hizo cargo de un banco con problemas de imagen, pues el precio de la acción descendía como consecuencia de ataques a corto y la publicación de noticias que en muchos casos resultaban ser falsas o exageradas. Las diligencias dejaron en evidencia que los consejeros desconocían el objeto con el que se convocó la reunión que dio lugar a la resolución del banco y su posterior venta al Santander por un euro, pero no profundizaron más allá.

Saracho reclamó ser desimputado en varias ocasiones al entender que no había ningún tipo de prueba contra él, pero el juez José Luis Calama, titular del Juzgado 4 de la Audiencia Nacional e instructor del caso, rechazó en todo momento las pretensiones del expresidente del Popular, que hoy por hoy continúa investigado, tras alegar que el propósito de las pesquisas era, entre otras cosas, el proceso que llevó a la resolución de la compañía.

La vía del Santander

Santander también reclamó dejar de ser considerado posible responsable civil subsidiaron en el procedimiento, condición que le llevaría a hacerse cargo de las pérdidas económicas que considere el tribunal, pero Calama denegó su petición. En Europa el banco presidido por Ana Botín ya ha conseguido que ninguno de los accionistas del Popular que perdieron todo su dinero cuando la entidad pasó a manos de Santander pueda reclamarle cantidad alguna, pero en la causa de la Audiencia Nacional, por lo tanto, la posibilidad de que el primer banco de España se rasque el bolsillo aún continúa abierta debido a esa negativa de Calama de retirarle la condición de potencial responsable civil.

Posteriormente, las diligencias se encaminaron más hacia la etapa del predecesor de Saracho en el cargo, Ángel Ron, que había dejado la entidad meses antes de la resolución. El juez Calama reclamó informes al Banco de España con el fin de evaluar la gestión de Ron y dirimir si había habido algún tipo de comportamiento que pudiera ser considerado delictivo. Los peritos concluyeron entonces en sus informes que el banco tenía un problema de liquidez, pero no de solvencia, pues contaba con más de 11.000 millones de euros en activos y su estructura no revelaba otras preocupaciones más allá de los que resultaban de los mencionados daños reputacionales provocados, entre otros extremos, por los ataques a corto contra la entidad.

Calama sin embargo pidió a los peritos que revisaran su informe desde un nuevo punto de vista, el recálculo de los resultados si el consejo del banco no hubiera tenido en cuenta las normas contables internacionales sino las que en su momento sugería el propio Banco de España, y reclamó en paralelo un informe sobre decenas de tasaciones que la entidad había tenido que llevar a cabo de nuevo por si detrás de ellas hubiera habido algún tipo de objetivo oculto.

Los técnicos, aunque inicialmente mostraron su desacuerdo a practicar la pericial del recálculo, al final dieron curso a la petición de Calama y concluyeron que los resultados del banco hubieran sido sustancialmente más bajos con esa nueva contabilidad. En concreto, infirieron que habría arrojado pérdidas por valor de 1.194 millones. Este recálculo fue duramente censurada por la defensa de Ron, ejercida por el abogado José Antonio Choclán, quien criticó la pericial, pues en el momento de la contabilidad Popular tenía obligación de atenerse a la normativa internacional.

El informe de tasaciones, por su parte, no arrojó resultados que mostraran algún tipo de evidencia delictiva. Asimismo, Calama encargó a la Policía Nacional un nuevo informe que tenía la finalidad de analizar la estrategia comercial del banco por si hubiera habido una orden de la presidencia para refinanciar de forma camuflada la ampliación de capital de 2016 y por si ésta hubiera estado relacionada con la posterior deriva bajista de la entidad, extremo que las diligencias de los agentes no resolvieron. Éstas se limitaron a concluir que el banco en todo caso había llevado a cabo en momentos puntuales -y más bien por iniciativa de algunos directores de sucursales- una política comercial «agresiva» para lograr que los clientes acudieran a la ampliación.

La ampliación de 2012

Ron, en su declaración, argumentó en este punto que el propio consejo había puesto dinero de su bolsillo en esa operación. Subrayó en concreto que el conjunto de los miembros del órgano de gobierno colocó más de 500 millones de euros, del total de 2.500 que supuso la ampliación, y que ese movimiento evidencia su inocencia. «Nadie invierte esa cantidad tan elevada de dinero si busca estafar», declaró el que fuera presidente de Popular.

Ante la imposibilidad de encontrar una línea de investigación clara en torno a esta ampliación de capital de 2016, el despacho del abogado Miguel Durán, que representa a clientes del Popular que perdieron su dinero, movió pieza. A pesar de que el Juzgado Central 4 ya había rechazado retrotraer las actuaciones hasta la anterior ampliación de capital, la que tuvo lugar en 2012, Durán insistió en esa línea y presentó una querella ante la Audiencia Nacional por supuestos hechos delictivos cometidos por el consejo de administración de Popular y por su auditora durante esta operación, que había tenido lugar cinco años antes de la resolución del banco.

El asunto recayó en el Juzgado Central 5, que dirige el magistrado Santiago Pedraz, que abrió diligencias y llamó a declarar el pasado julio a Ron, a su exvicepresidente Roberto Higuera y a los representantes procesales de PwC. El primero achacó a los decretos Guindos, que obligaron a elevar las provisiones a todo el sistema financiero, la necesidad de llevar a cabo la ampliación de capital. El segundo y los terceros subrayaron el argumento.

PwC y CNMV

Meses después, el pasado diciembre, Calama ordenó una nueva imputación, la del socio de PwC José María Sanz Olmeda, responsable de auditar las cuentas de Banco Popular entre 2009 y 2015, que comparecerá el próximo 25 de enero. De momento se desconoce si su declaración se ceñirá a la época final o abarcará también la relativa a 2012 que ya indaga en paralelo Pedraz.

Este último, además, cuenta desde diciembre con otra patata caliente que abriría la ya de por sí enmarañada investigación hacia otra línea más. En el marco del procedimiento que dirige, Durán ha presentado una querella contra los responsables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores -sus expresidentes Elvira Rodríguez y Julio Segura, sus exvicepresidentes Lourdes Centeno y Fernando Restoy y los miembros del órgano Francisco Javier Aríztegui e Íñigo Fernández de Mesa- y del Banco de España que supervisaron esa operación.

El escrito aún está pendiente de ser valorado por el juez Pedraz y, en caso de ser admitido, abriría un nuevo camino procesal para un asunto que no para de iniciar vías tras más de cinco años de instrucción. De momento, el instructor ha remitido la querella a la Fiscalía para que ésta se posicione sobre la procedencia de admitir o no a trámite esta iniciativa.