Mercedes González declarará ante el juez en febrero por un presunto delito de prevaricación
Todo viene de una querella de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, que no pudo manifestarse ante el Congreso
La delegada del Gobierno, Mercedes González. | Europa Press
La delegada del Gobierno de Madrid, Mercedes González, tendrá que acudir a un tribunal por no autorizar una manifestación. En una providencia fechada este jueves y a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el Juzgado de instrucción nº 24 de Madrid ha citado a la política del PSOE el próximo 10 de febrero a las 11 de la mañana por un presunto delito de prevaricación en el ámbito de la Ley de Memoria Democrática. En dicha providencia también se decreta que «no hay lugar» al escrito solicitando el
sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones penales que ha interpuesto la Abogacía del Estado contra la imputación de la Delegada del Gobierno.
Todo viene de una querella de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, que no pudo manifestarse ante el Congreso de los Diputados el día que se aprobó la Ley de Memoria Democrática, el pasado 13 de julio. La delegada del Gobierno no autorizó la ubicación y trasladó la protesta a la Plaza de las Cortes, unos metros más abajo del lugar solicitado. Cuando los manifestantes llegaron al enclave, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado les informaron de que debían hacerlo aún «más abajo», lo que supuso, en opinión de los querellantes, una limitación ilegítima de su derecho de reunión.
«Estamos ante un nuevo escándalo sobre la instrumentalización de los aparatos judiciales del Estado en servicio de los intereses partidistas del PSOE, instrumentalización que supone un coste importante, en términos de dinero y de reputación, para ambas instituciones que no se mueven por criterios de defensa del interés general o la neutralidad, sino como escudo judicial del Gobierno y sus miembros», aseguran desde esta asociación en un escrito remitido a este medio.
«La Abogacía del Estado avala en su recurso, como hizo la Fiscalía en otro escrito, la decisión de la Delegada del Gobierno en base, según dicha Abogacía del Estado, a criterios como la peligrosidad de la asociación convocante al objeto de proteger el edificio, cuando la asociación querellante nunca ha dado un solo problema de orden público», apuntan, criticando que la Delegación de Gobierno viera peligro porque desde la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica «había previsto una concentración de 200 personas, mientas que los memorialistas de izquierdas sólo anunciaron una asistencia de 100 personas el día siguiente, es
decir, que la diferencia de criterio son apenas 100 personas».
Piden que la delegada dimita
Por lo expuesto, solicitan la dimisión de la querellada: «Una persona que está ahora mismo al borde de su condena no puede seguir ejerciendo el cargo, porque su neutralidad está en entredicho y porque sus decisiones están presuntamente dirigidas a contentar a los movimientos asociativos próximos a su partido político, mientras que aquellos que deseamos ejercer nuestro derecho fundamental a manifestarnos contra la Ley de Memoria Democrática fuimos discriminados, apartados y desplazados a una zona alejada de la inicialmente solicitada (en la Plaza de las Cortes, frente al Congreso) y que era además un horno de calor insoportable que supuso un serie trastorno para los manifestantes que allí acudieron».
«Esperamos que de ahora en adelante todo delegado del Gobierno y alto funcionario socialista en España tome nota de que, según la Constitución en vigor, se ha de tratar a todos por igual, y que en aquellos casos en que esta asociación participe y sea tratada de igual manera que como hizo la delegada en Madrid, se interpondrá la oportuna querella criminal, pues es la única manera que vemos hoy en día de defender el Estado de Derecho ante la deriva totalitaria del actual Gobierno y la flojera de una parte sustancial de la oposición», zanja la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.
