Estocada al caso con el que la Fiscalía quiso imputar a Esperanza Aguirre por malversación
La Audiencia de Madrid exonera a la última imputada por la reducción de camas en el Hospital Puerta de Hierro al no apreciar delito tras dos años de investigación
La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. | Europa Press
Estocada final al caso con el que la Fiscalía Anticorrupción intentó sin éxito imputar a Esperanza Aguirre por presuntos delitos de prevaricación y malversación. La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a la juez instructora archivar las pesquisas contra la única ex alto cargo de la Comunidad de Madrid que había sido procesada por las presuntas irregularidades en la reducción de camas del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda en el año 2008.
En un auto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha estimado el recurso de apelación interpuesto por M.E.M., ex directora general de Planificación de Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios de la Consejería de Sanidad madrileña entre los años 2008 y 2010. Una decisión que deja sin efecto el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid en marzo pasado, por el que se mantenía la imputación sobre M.E.M tras el sobreseimiento de las actuaciones respecto a otro ex alto cargo de Aguirre que estuvo fugazmente investigado.
En otro revés al fiscal que impulsó el caso, los jueces del tribunal concluyen que los «errores administrativos» detectados en la orden que dio lugar a la supresión de 135 camas en el Hospital Puerta de Hierro «no pueden en modo alguno ser imputados a la investigada». Añaden que en la conducta de la ex alto cargo «no concurren los elementos que configuran el delito de malversación de caudales públicos previsto en el artículo 432 del Código Penal». Y afirman que el hecho de que la firma de la imputada apareciese en la orden de cambio del contrato, del 28 de mayo de 2008, tampoco constituye el delito de prevaricación que le imputaba el Ministerio Público.
Fiasco de la Fiscalía
La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a M.E.M., contra la que no cabe recurso, deja sin efecto también el auto de procesamiento dictado en su contra por la juez instructora el pasado mes de octubre. Como adelantó este diario, a pesar de que aún estaba pendiente de resolución el recurso de apelación interpuesto por la investigada, la titular del Juzgado de Instrucción número 53 acordó la apertura de juicio oral contra la ex directora general de Planificación de Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios de la Consejería de Sanidad madrileña.
La juez había acordado dar por concluida la investigación y abrir juicio oral contra E.M., en un procedimiento donde la empresa que gestiona el hospital también debía responder en concepto de partícipe a título lucrativo por un presunto perjuicio al erario público de unos 10 millones de euros. En su escrito de acusación, Anticorrupción solicitaba para ella una pena de cuatro años y siete meses de prisión e inhabilitación absoluta para ocupar un cargo público durante un periodo de 12 años. Finalmente, no irá a juicio.
«Condicionante político»
El bufete Valerio Abogados, que ha asumido la defensa de M.E.M, destaca la ausencia de todo rigor en la actuación de la Fiscalía y el condicionante político de esta actuación. Se trata de un caso en el que no había acusación particular y por el que Anticorrupción ya intentó encausar a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y al que fuese su consejero de Sanidad, Juan José Güemes. Aguirre y Güemes quedaron exonerados al considerar la juez que el mero hecho de que fuesen los máximos responsables de la Comunidad de Madrid y de la Consejería de Sanidad, respectivamente, no justificaba su imputación.
De la declaración en sede judicial de la única investigada, que negaba los hechos que le imputaba la Fiscalía, no se desprendía que la presidencia autonómica hubiese dado la orden para reducir a la mitad las camas en el hospital durante el año 2008. Tras el portazo de la Audiencia Provincial a investigar a Aguirre y Güemes, el Ministerio Público remitió en marzo un escrito a la juez instructora interesando continuar la causa por el trámite de procedimiento abreviado la causa. Dos meses más tarde, el fiscal a cargo del caso fue elegido como nuevo miembro del Consejo Fiscal, máximo órgano asesor del Ministerio Público.
Papel mojado
A la exdirectora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitario se le acusaba de haber modificado de facto el contrato de explotación del hospital, «a sabiendas de su ilegalidad y omitiendo de forma absoluta» el procedimiento contemplado en la legislación vigente, para convertir en individuales las 135 habitaciones equipadas como dobles en el centro médico.
Aunque la Fiscalía admitía entonces que la orden de cambio tuvo «un coste para la administración de 84.500,55 euros», el Ministerio Público también cifraba en más de 10 millones de euros el presunto coste para las arcas públicas. «En la oferta del sector público efectuada por la concesionaria se recogía de forma expresa que el hospital contaría con 794 camas hospitalarias. La reducción de las 135 camas ha tenido un impacto directo en la retribución a la empresa concesionaria, teniendo presente que las mismas siguen siendo objeto de pago por parte de la Administración», indicaba el fiscal.
