El Supremo lanza un SOS al Congreso para cubrir 19 vacantes y evitar el colapso
La Sala de Gobierno del alto tribunal insta a una solución «inmediata» y propone dotarse con 15 plazas de letrados para superar la situación
Fachada del Tribunal Supremo. | Carlos Luján (Europa Press)
Como el barco a la deriva que lanza un SOS, el Tribunal Supremo ha mandado un mensaje de auxilio al Congreso y al Senado para cubrir 19 vacantes. Una norma aprobada en marzo de 2021 impide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) realizar nombramientos discrecionales mientras tenga el mandato caducado. Una situación que ha llevado al alto tribunal a «una situación crítica e insostenible». La Sala de Gobierno ha instado este martes a las Cortes a ofrecer una solución «inmediata» Para eso propone cubrir las vacantes con 15 plazas de letrado del gabinete técnico y evitar así el colapso.
El Supremo tiene en este momento 19 plazas sin cubrir de las 79 que lo conforman, según establece la Ley de Demarcación y Planta Judicial. Los magistrados ya vislumbran el abismo. La cosa puede empeorar en los próximos meses, cuando podrían sumarse cinco nuevas bajas.
El bloqueo comenzó en marzo de 2021, cuando entró en vigor una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial auspiciada por los PSOE y Podemos, los partidos que conforman el Gobierno. La norma prohíbe al CGPJ realizar nombramientos de altos cargos en la judicatura mientras esté caducado, algo que sucede desde hace más de cuatro años.
Las cuentas del Supremo
La Sala de Gobierno ha acordado por unanimidad pedir a los vocales del GGPJ que insten al Congreso y al Senado a poner remedio a la «situación insostenible» en la que se encuentra el alto tribunal de forma «inmediata». Como solución temporal propone dotar con 15 letrados el gabinete técnico que apoyen el trabajo de las salas.
De esa manera se podría paliar el escenario «crítico» que vive el Supremo, especialmente las salas de lo Social y de lo Contencioso. El informe subraya que estos letrados apoyarían a las salas en las fases de decisión, donde se genera el cuello de botella más relevante, para elaborar bajo la supervisión de los ponentes los borradores de sentencias de índole repetitiva o con jurisprudencia estable y consolidada.
Los magistrados han adoptado este acuerdo tras estudiar un informe del director del gabinete técnico del tribunal solicitado por el CGPJ. El documento concreta el impacto en la actividad de cada una de las cinco salas del tribunal derivada de la imposibilidad legal de efectuar nombramientos discrecionales, aunque en este caso solo se refiere a las plazas por cubrir en el alto tribunal.
La Sala de Gobierno considera necesario que las Cortes establezcan «un remedio inmediato» de la situación y promueva «cualesquiera otras iniciativas a fin de impedir que empeore». Se estima que este año y solo en las dos salas más afectadas por las vacantes, se dicten 1.230 sentencias menos en total (570 en Contencioso-Administrativo y 660 en la de lo Social), lo que supone «un grave perjuicio para el justiciable».
Este escenario también aboca a «un grave retraso en miles de resoluciones que abocarían al colapso» de ambas salas. El informe aprobado resume que, a fecha de enero, Supremo debe contar por previsión legal con un presidente y 79 magistrados. En estos momentos, se encuentra sin presidente titular y con un total de 19 vacantes de magistrados.
La sala más damnificadas es la de lo Contencioso-Administrativo, que tiene 10 vacantes. Le sigue la de lo Social, con cinco plazas sin cubrir. La Sala de lo Civil y la de lo Militar le faltan dos magistrados. La única que cumple los requisitos es la Sala de lo Penal. Estas cifras suponen que el alto tribunal debe desarrollar su tarea con una plantilla un 24% menor a la legalmente prevista.
También están vacantes (y ocupadas en funciones) las plazas de presidente y vicepresidente del tribunal, y las de presidentes de las salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social. Los magistrados son pesimistas. Creen que en los próximos meses habrá cinco vacantes más por jubilación, una en cada sala, lo que aumentaría las vacantes a 24 vacantes, lo que supondría un 30% menos de jueces.
El informe destaca que «con una situación de la que el Supremo no es en ningún caso causante, sino víctima directa, se hace necesario articular algún sistema que permita superar las dificultades existentes y resolver los recursos en plazos razonables, para no causar mayores perjuicios a los ciudadanos, que confían en la Justicia y esperan la resolución de sus pretensiones sin dilaciones indebidas».
En cuanto a la Sala de lo Civil, con dos vacantes de una plantilla de 10 magistrados, a las que se sumará otra más en marzo, el informe plantea la absoluta necesidad de prorrogar las medidas de refuerzo vigentes (cuatro letrados en gabinete técnico y cinco letrados coordinadores en fase de decisión).
