El CGPJ convoca un pleno extraordinario para abordar la «insostenible situación» del Supremo
Actualmente, hay 19 vacantes de una plantilla de 79 magistrados (24%) si bien en los próximos meses serán 24 las plazas sin cubrir
Reunión del CGPJ con Rafael Mozo como presidente. | Europa Press
El CGPJ ha convocado el próximo 9 de febrero un pleno extraordinario monográfico para abordar el problema de los nombramientos en el Tribunal Supremo, que advierte de una «situación insostenible» que se puede traducir en unas 1.230 sentencias menos este año ante un 30% de vacantes.
Según informa el órgano de gobierno de los jueces, el pleno ha acordado este jueves celebrar una sesión extraordinaria para abordar de forma monográfica -y, en su caso, adoptar las decisiones y propuestas oportunas- la situación institucional en la que se encuentra el Consejo y las disfunciones y consecuencias que se están generando en la Justicia, con la vista puesta en el alto tribunal.
Los vocales han aprobado este acuerdo a la vista del informe del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo adoptado por su Sala de Gobierno el pasado 16 de enero, en el que insiste al CGPJ para que inste al Congreso y al Senado a dar el «imprescindible remedio inmediato» a la «situación insostenible» del tribunal.
Fuentes jurídicas consultadas por EFE informan de que la mayoría de los vocales son partidarios de reivindicar la devolución de las competencias para cubrir ya las vacantes, si bien son conscientes de que la ley no ofrece resquicios legales para poder afrontar la polémica de los nombramientos. Con todo, entienden que tienen que reunirse para afrontar esta cuestión que consideran urgente aunque estén limitados en su respuesta, añaden las fuentes.
Actualmente, hay 19 vacantes de una plantilla de 79 magistrados (24%) si bien en los próximos meses serán 24 las plazas sin cubrir, lo que representará un porcentaje del 30,37%.
El Supremo estima que en 2023 solo en las dos salas más afectadas por las vacantes, que son la de lo Social y la de lo Contencioso-Administrativo, se dictarán unas 1.230 sentencias menos (570 menos en Contencioso y 660 en Social), «con el grave perjuicio para el justiciable que eso supone», y con el grave retraso en miles de resoluciones que abocarían al «colapso» de ambas salas.
