El juez decreta prisión para el presunto autor de los sobres bomba por si huye a Rusia
La utilización de «aplicaciones rusas de mensajería instantánea y correos electrónicos cifrados de extremo a extremo», son parte de las razones esgrimidas
Dos agentes de policía caminan por la Audiencia Nacional. | Gustavo Valiente (Europa Press)
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decretado prisión sin fianza para el funcionario jubilado del Ayuntamiento de Vitoria arrestado esta semana en Miranda de Ebro (Burgos) como presunto autor del envío el pasado otoño de seis sobres con material pirotécnico al Palacio de la Moncloa, al Ministerio de Defensa o la embajada de Ucrania, entre otros organismos, ya que percibe riesgo de que pueda huir a Rusia, gracias a la «ayuda de ciudadanos de dicho país» y a tenor de la «transcendencia» de sus acciones como «medio de propaganda de la ocupación rusa en Ucrania».
Circunstancias que, unidas a la utilización de «aplicaciones rusas de mensajería instantánea, como es VK, y correos electrónicos cifrados de extremo a extremo (Protonmail)», llevan al juez a deducir que hay indicios de que Pompeyo G.P., pueda huir del país y sustraerse de la justicia.
Esta es una de las razones por las que el juez ha atendido la petición de la Fiscalía y ha acordado prisión provisional sin fianza para este vecino de la localidad burgalesa de Miranda de Ebro.
Pompeyo G.P. de 74 años y detenido el miércoles en la denominada Operación Konvert («sobre» en ucraniano), está investigado por cuatro delitos de terrorismo, dos de terrorismo agravado (por los envíos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra Margarita Robles) en concurso con otro de empleo de artefactos explosivos inflamables o incendiarios con finalidad terrorista.
El riesgo de fuga, reiteración delictiva y ocultación de pruebas ha determinado que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia haya aceptado la petición de la Fiscalía y haya decretado prisión incondicional para el detenido, quien se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar ante el juez.
La decisión del juez va en consonancia con la petición de la fiscal de la Audiencia Nacional, Ana Noé, que interesaba la prisión provisional comunicada y sin fianza para P.G.P., de nacionalidad española y 74 años de edad, quien se ha acogido a su derecho a no declarar ante el magistrado.
Seis cartas explosivas
El jubilado remitió hasta seis cartas a finales del pasado mes de noviembre y principios de diciembre a instituciones como Presidencia del Gobierno, Ministerio de Defensa o las embajadas de EEUU y Ucrania en España. Se trata de una persona muy activa en redes sociales y con conocimientos técnicos e informáticos, según informaron fuentes del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. El Ayuntamiento de Vitoria ha confirmado que fue funcionario de este consistorio hasta 2013.
El arrestado, que fue funcionario del consistorio de Vitoria hasta 2013, residía en una pequeña vivienda en la calle del Clavel de Miranda de Ebro, donde especialistas de la Policía Nacional llevaron a cabo este miércoles un registro.
El Ministerio del Interior subrayó que la investigación ha sido muy «compleja y laboriosa», afectando a varias provincias de España. Las diligencias han podido determinar que todos los envíos de las seis cartas se realizaron desde la ciudad de Burgos.
El pasado 24 de noviembre fue detectada una carta con material explosivo dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que había sido remitido por correo postal ordinario. Los servicios del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno detectaron la carta en las tareas de cribado y filtrado de la correspondencia.
Otras cinco cartas similares, por sus características y contenido, llegaron a la Embajada de Ucrania y a la Embajada de Estados Unidos en Madrid, a la empresa Instalaza en Zaragoza, al Centro de Satélites de la Unión Europea ubicado en la Base Aérea de Torrejón y al Ministerio de Defensa. Un vigilante de seguridad de la Embajada de Ucrania resultó herido por la explosión de uno de los artefactos.
El pasado 3 de enero el juez de la Audiencia Nacional que investiga el envío de esta serie de cartas explosivas acordó abrir una nueva línea de investigación en la causa para llevar a cabo una serie de pesquisas de carácter tecnológico.
