El juez de la millonaria estafa a la EMT de Valencia deja en el limbo el papel de Caixabank
Lleva 14 meses sin resolver dos recursos presentados por la EMT y la entidad bancaria en la causa en la que se investiga el paradero de cuatro millones de euros
El alcalde de Valencia, Joan Ribó (d), y su consejero de transportes y presidente de la EMT de Valencia, Giuseppe Grezzi. | Europa Press
La investigación judicial sobre la millonaria estafa a la EMT de Valencia vuelve a encallarse. El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de esa ciudad, que ya fue sancionado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por retrasos en el conocido como caso del pitufeo, lleva 14 meses sin dar respuesta a dos recursos claves para aclarar la posible responsabilidad civil de Caixabank en el caso y el paradero de los cuatro millones de euros de dinero público estafados a la empresa pública valenciana, según han confirmado a THE OBJECTIVE fuentes jurídicas.
Ya han pasado más de tres años del inicio de la causa judicial para encontrar a los responsables de una de las mayores estafas cibernéticas sufridas por una empresa pública en España. Unas pesquisas que se hallan en vía muerta, a pesar de que el juez ha requerido a cinco países pruebas y documentación para intentar dar con el paradero y la identidad de las personas que se apropiaron de cuatro millones de la EMT valenciana en septiembre de 2019 mediante la conocida como ‘estafa del CEO’.
En noviembre de 2021, la EMT de Valencia recurrió una providencia del juez Víctor Gómez en la que rechazaba llamar a declarar como investigada a Caixabank por un presunto delito de blanqueo de capitales imprudente. El instructor del caso no apreció indicios de delito por parte de la entidad financiera, en la que la EMT de Valencia tiene sus cuentas. El magistrado descartó su imputación, así como cualquier imprudencia o negligencia de los empleados de CaixaBank que participaron en las transferencias a cuentas de Hong Kong en las que acabaron los cuatro millones de euros estafados a la empresa pública valenciana en septiembre de 2019.
No obstante, en la providencia recurrida por la EMT, el juez accedió a la petición de solicitar a Caixabank que facilitase toda «la información sobre prevención de blanqueo de capitales que han recibido los empleados» que intervinieron en los hechos investigados. Asimismo, el magistrado solicitó a la entidad bancaria «aportar los manuales internos de prevención de blanqueo de capitales que disponen» sus trabajadores. CaixaBank también recurrió en noviembre de 2021 esa petición de documentos requerida por el juez, al considerar «innecesarias e inútiles las diligencias interesadas» tras haber quedado acreditado que no existía ningún indicio para investigar a la entidad por un delito de blanqueo de capitales imprudente.
Sin respuesta a la EMT y Caixabank
Catorce meses después, el juez no ha dado respuesta al recurso de CaixaBank y tampoco al interpuesto por la EMT para solicitar de nuevo la imputación de la entidad bancaria. Y esto, a pesar de que el Ayuntamiento valenciano se adhirió al recurso de la empresa pública presidida por el concejal de Transportes Giussepe Grezzi, político de Compromís, igual que el alcalde Joan Ribó. Esa impugnación y la interpuesta por Caixabank siguen sin resolverse.
Ambos recursos, dirigidos a esclarecer definitivamente la situación procesal de la entidad bancaria por la estafa a la EMT valenciana, se encuentran en un limbo por las dilaciones del titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia. El mismo juez ya fue sancionado en enero de 2022 por el CGPJ por retrasos injustificados en la instrucción del caso del Pitufeo, en el que se investigaba por supuesta corrupción y blanqueo al PP de Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia fallecida en noviembre de 2016.
La inacción del juzgado en aquel caso provocó que 50 personas vinculadas al PP, entre ellos los concejales y asesores de la última etapa de Barberá como alcaldesa, mantuvieron durante años una imputación judicial por un presunto delito de blanqueo de capitales que finalmente la Audiencia de Valencia acabó archivando. El magistrado Víctor Gómez también fue el instructor del caso Taula, una macrocausa por presuntas comisiones del 3% al PP de la Comunidad Valenciana. Durante la investigación, el titular del Juzgado número 18 de Valencia recibió un juez de refuerzo para acelerar la causa después de atravesar problemas de salud.
El juez estudia prorrogar el caso
Según informan fuentes jurídicas a este diario, el magistrado ha pedido a la Fiscalía recientemente un informe sobre la conveniencia o no de prorrogar la instrucción del caso. La última ampliación, por un periodo de seis meses, fue aprobada por el juez a finales de julio pasado. En la causa figura únicamente como imputada la extrabajadora pública Celia Zafra. En una reciente entrevista en este medio, explicó cómo unos estafadores la engañaron mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos en los que se hacían pasar por abogados de una conocida consultora y por el propio presidente de la EMT y concejal de Transportes del Ayuntamiento, Giuseppe Grezzi.
Tras descubrirse que todo fue un engaño, Zafra fue despedida a pesar de llevar 38 años como empleada de la EMT y contar con una hoja de servicios intachable. La EMT llevó el asunto a la Justicia. La exfuncionaria es actualmente la única persona imputada en la causa, pero ninguno de los informes del caso ni los testimonios de los trabajadores de la empresa pública y del banco que autorizó los pagos a China apuntan a que se lucrase con la estafa.
Según documentos del caso, a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha librado comisiones rogatorias a China, Israel, Kenia, Estados Unidos e Irlanda. Sin embargo, la causa penal se encuentra paralizada a la espera de que las pruebas remitidas por esas naciones permitan estrechar el cerco sobre los autores de la estafa.
