Estafa a la EMT de Valencia: el juez reactiva la búsqueda en Israel tras recibir pistas de EEUU

Giro en la investigación para dar con el paradero de los cuatro millones de euros estafados a la EMT de Valencia. El Juzgado de Instrucción número 18 de esa ciudad ha reactivado la búsqueda internacional de los responsables del fraude a la empresa pública valenciana. Concretamente en Israel y Kenia, después de las nuevas pistas aportadas por Estados Unidos a la causa. Evidencias que señalan al país de Oriente Próximo como presunto origen de una de las mayores estafas cibernéticas sufridas por una empresa pública en España, perpetrada en septiembre de 2019 mediante el conocida como ‘fraude del CEO’.

En una diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia evidencia la falta de cooperación por parte de las autoridades israelíes en la investigación. Y pide que se vuelva a librar la comisión rogatoria emitida hace dos años a ese país para tratar de dar con los responsables de la estafa, incorporando la nueva información remitida por Estados Unidos.

«No teniendo noticias del resultado de la librada a Israel, sin que obre en la copia que se conserva firma y sello del traductor, remítase dicha copia a Seprotec a fin de que las añada y vuélvase a remitir por conducto reglamentario», indica el juzgado en el escrito, fechado el pasado 25 de enero.

La petición se realiza después de que Estados Unidos haya identificado a uno de los presuntos responsables de la estafa a la EMT valenciana como Carlos Valdés. A ese nombre estaba la cuenta de correo utilizada por uno de los estafadores que, haciéndose pasar por un abogado de Deloitte, engañaron a la empleada de la EMT Celia Zafra para hacer hasta cuatro transferencias a dos cuentas bancarias de Hong Kong en septiembre de 2019 para una presunta compra de autobuses chinos que resultó ser un engaño.

Estados Unidos apunta a Israel

En lo que supone el primer avance en la investigación desde el año 2021, y en respuesta a otra comisión rogatoria librada por el juzgado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no solo ha identificado el nombre del presunto ladrón (que podría ser ficticio). También ha venido a confirmar las conclusiones a las que llegó hace ya tres años la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional.

Como contó este diario, en un informe aportado a la causa en 2020, los investigadores determinaron que la dirección IP de la cuenta de correo electrónico [email protected], creada por los estafadores el 1 de septiembre de 2019, está asociada a un proveedor de servicios ubicado en Israel: Sengrid.net. El juzgado acordó solicitar a Israel información sobre ese servidor, sin que se haya obtenido respuesta hasta el momento.

La respuesta de Estados Unidos a la comisión rogatoria enviada por el juzgado en referencia a esa cuenta de correo electrónico concreta que el mencionado proveedor de servicios tiene su sede en Tel Aviv. Asimismo, detalla el número de correos electrónicos enviados desde esa cuenta entre el 3 de septiembre de 2019, día en el que mediante la llamada del presunto abogado de Deloitte a Celia Zafra comenzó la estafa, y el 23 de septiembre del mismo año, cuando se descubrió el engaño.

Así se esfumó el dinero

Para entonces, ya se habían hecho varias transferencias a cuentas de Hong Kong por importe de cuatro millones de euros. En su informe, la Unidad de Delitos Tecnológicos determinó que las dos mercantiles de Hong Kong que recibieron el dinero de la EMT sirvieron de puente para transferir inmediatamente los fondos a un total de 24 empresas chinas «con el fin de diluir el rastro del dinero, siendo muy complicado y lento seguir su rastro».

Tras analizar la información enviada por China, se confirmó que los cuatro millones de euros de la EMT fueron enviados a cuentas bancarias en Hong Kong a nombre de dos empresas, JC Trade Co y Shengyi Tranding, en las que aparecían como beneficiarios dos ciudadanos chinos llamados Jialiang Zuo y Yuanxin Lai y a quienes los investigadores identifican como «testaferros» de los estafadores.

A petición de las autoridades españolas, la Justicia china abrió un juicio civil contra los dos presuntos testaferros y las mercantiles utilizadas como puente. Ambos fueron condenados por la Justicia china a devolver a la EMT el dinero defraudado. Sin embargo, los acusados ni siquiera pudieron ser localizados y no se personaron en el juicio, por lo que los fondos nunca han sido devueltos por los testaferros chinos ni sus empresas.

Las mercantiles estaban inactivas en el momento del juicio. Según la sentencia y los documentos aportados por el país asiático al Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, tampoco se llegó a determinar adónde fue a parar el dinero después de ser transferido a las 24 empresas que recibieron los fondos de las dos mercantiles que fueron utilizadas como puente para diluir el dinero estafado a la EMT.

Nueva comisión rogatoria a Kenia

Además de las comisiones rogatorias enviadas a Estados Unidos, China e Israel, el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia libró otra comisión rogatoria a las autoridades de Kenia. Tras pedir a Movistar el registro de las llamadas recibidas por Celia Zafra de los estafadores, los investigadores identificaron que al menos una de ellas se había realizado desde un número cuya extensión internacional correspondía al país africano (+254).

Casi tres años después, en su última diligencia de ordenación, el Juzgado vuelve a pedir que se reactive la comisión rogatoria a Kenia. Y detalla que las autoridades del país africano no han podido dar respuesta por la ausencia de concreción en la documentación necesaria para poder identificar a las personas que habrían dado de alta ese número de teléfono con prefijo keniano.

«Habiéndose remitido por las autoridades de Kenia 15 folios sobre los requisitos que deben tener las comisiones rogatorias para que sean tramitadas allí-sin que se diga cuál o cuáles son los que faltan a la librada por este juzgado- reprodúzcase con más explicaciones, adjuntando copia que se traducirá al inglés -con firma y sello del traductor- del auto que la acordó, adjuntando los documentos que se crean necesarios», indica la diligencia de ordenación del juzgado.