Borràs arremete contra otros procesados que han pactado con la Fiscalía que la inculpan
Unos de los acusados junto a la expresidenta del Parlament entregó al magistrado dos audios que supuestamente incriminan a la presidenta de Junts
La presidenta de Junts, Laura Borràs. | Europa Press
El abogado de la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, ha informado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de que los otros dos procesados han acordado con la Fiscalía inculparla y pide que se le permita defenderse de sus acusaciones «compensadas, bonificadas o pagadas».
Gonzalo Boye, abogado de Borràs, ha presentado un escrito ante el alto tribunal catalán, al que ha tenido acceso Efe, cuando faltan horas para que se inicie el juicio contra la presidenta de Junts, para quien la Fiscalía pide seis años de cárcel por adjudicar contratos presuntamente a dedo a un amigo cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
La misma pena afronta su amigo y beneficiario de los contratos Isaías H., cuya defensa negocia con la Fiscalía una rebaja de condena a cambio de delatar a Borràs, mientras que el tercer acusado, Andreu P., quien supuestamente hizo facturas para enmascarar las adjudicaciones irregulares, afronta tres años de prisión.
En su escrito, Boye pide al TSJC que durante el juicio le permita intervenir en el último lugar tras los otros dos abogados, al considerar que sus clientes «se han transformado en coacusadores junto al Ministerio Fiscal».
Para Boye, «la única forma de garantizar, mínimamente, el derecho de defensa de mi representada pasa por que esta parte, tanto en cuestiones previas como a lo largo del plenario, intervenga siempre en último lugar al ser, en términos reales, la única defensa y estar siendo acusada por todas las demás partes».
El letrado recuerda al tribunal que anteayer tuvo conocimiento, por los medios de comunicación, del «acuerdo alcanzado entre el Ministerio Fiscal» y los otros dos acusados «con la finalidad de incriminar» a su cliente, «tratando así de salvar la ausencia de prueba y la nulidad de las obrantes en las actuaciones».
Ante ese «nuevo escenario procesal en el cual los coacusados van a modificar sus planteamientos defensivos hasta ahora existentes», Boye pide «poder participar en el plenario desde la última posición o turno para, así, intentar defenderse de unas acusaciones evidentemente compensadas, bonificadas o pagadas como serán las que van a realizar».
El letrado de Borràs, que también lo es del expresidente catalán Carles Puigdemont, recalca que su petición de intervenir en el último turno, tanto en los interrogatorios como en las cuestiones previas, «tiene su respaldo, entre otros, en lo establecido por el Tribunal Supremo».
En sus contactos con la Fiscalía, el acusado Isaías H. ha seguido los pasos de Roger E., funcionario que estuvo a las órdenes de Borràs en la ILC y quien, tras negarse a declarar cuando fue citado como investigado, el pasado mes de mayo pidió hacerlo voluntariamente ante el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Jordi Seguí.
En esa comparecencia, entregó al magistrado dos audios que supuestamente incriminan a la presidenta de Junts: en uno de ellos Borràs le pedía que le remitiera todos los contratos adjudicados a su amigo Isaías H., al día siguiente de que este fuera detenido por los Mossos d’Esquadra.
También presentó un escrito para pedir al juez que archivara la causa contra él, en el que añadió que Borràs había ordenado mantener la contratación menor en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), cuando la Intervención General ya la había avisado del abuso de esa figura y le había recomendado que recurriera a otro procedimiento con más concurrencia.
Poco después, la Fiscalía presentó un escrito de acusación contra Borràs en el que pedía el sobreseimiento de la causa contra Roger E., lo que el TSJC acordó.
