Las víctimas piden a Justicia que investigue los desplazamientos internos causados por ETA
Dignidad y Justicia esgrime la ‘doctrina Miguel Ángel Blanco’ para impulsar la querella sobre Pedrosa Urquiza
Audiencia Nacional | Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)
Dignidad y Justicia (DyJ) ha esgrimido una reciente resolución que abre la puerta a aplicar la ‘doctrina Miguel Ángel Blanco’ -que busca la imprescriptibilidad de 430 asesinatos terroristas– para que la Audiencia Nacional admita la querella que presentó el pasado agosto por el crimen perpetrado por ETA contra Jesús María Pedrosa Urquiza, un paso que supondría lanzar la primera investigación judicial en España por los desplazamientos internos causados por la organización terrorista.
Se trata del auto firmado el pasado lunes por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por el que mantuvo imputado al ex jefe de ETA ‘Iñaki de Rentería’ por el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, al considerar que la cuestión de la prescripción «no es clara», existiendo «posturas antagónicas», entre las que menciona dicha doctrina, por lo que indica que el dilema jurídico deberá resolverlo en su día el tribunal sentenciador, o incluso «instancias superiores».
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press aseguran que la asociación de víctimas Dignidad y Justicia ha presentado un escrito esta misma semana en el que alega que, si el caso de Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado en julio de 1997, no está prescrito, mucho menos lo está el de Pedrosa Urquiza, que fue asesinado el 4 de junio de 2000 de un tiro en la nuca cuando volvía a su casa en Durango (Vizcaya).
El objetivo es animar al responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1, Alejandro Abascal, a que admita la querella por la muerte del que fuera concejal ‘popular’ en el Ayuntamiento de Durango, que permanece en barbecho desde el pasado agosto.
Esta querella persigue abrir la que sería la primera investigación judicial en España por los desplazados internos provocados por ETA, ya que sostiene que el atentado que acabó con la vida de Pedrosa Urquiza tenía un objetivo ejemplarizante, dada su «resistencia cívica y heroica a abandonar el País Vasco, tras una larga campaña de coacciones y amenazas terroristas».
Justo este 11 de febrero se cumplen 25 años de la aprobación de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos por parte de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. «El caso de Pedrosa Urquiza puede ser la posibilidad de que se abra la primera investigación judicial en España sobre los desplazados internos por ETA», sostiene el abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias, que representa a DyJ, en declaraciones a Europa Press con motivo de este 25º aniversario.
De 60.000 a 200.000 expulsados
Rodríguez Arias explica que nunca ha habido una investigación, ni policial ni judicial, sobre los entre 60.000 y 200.000 desplazados internos que provocó el terrorismo de ETA, según un informe del Instituto Vasco de Criminología. Teniendo en cuenta que entre País Vasco y Navarra suman una población de entre dos y tres millones de personas, «ETA no llegó a conseguir la Euskal Herria de la limpieza étnica pero sí consiguió una parte intolerable», denuncia Rodríguez Arias.
A su juicio, el hecho de que los únicos datos disponibles estén en «un instrumento criminológico» es «una anomalía» que evidencia que los expulsados de su tierra por ETA «son las más olvidadas de entre las víctimas» de la organización terrorista. Reprocha, además, que las autoridades nacionales no hayan cumplido con los Principios Rectores de la ONU en esta materia para brindar, ya no justicia, sino verdad, reparación y garantías de no repetición.
En este sentido, recuerda que solo se ha logrado, por iniciativa precisamente de DyJ, que el Parlamento de Navarra aprobara en 2015 una declaración institucional para reconocer y condenar la «limpieza nacional» de ETA y proclamar el 11 de febrero como ‘Día en memoria de los Desplazados Forzosos por ETA y de todas sus víctimas de crímenes contra la Humanidad’.
«España viola sus obligaciones internacionales»
«¿Por qué no se ha declarado a nivel nacional?», cuestiona Rodríguez Arias para afirmar a renglón seguido que «España viola todas sus obligaciones internacionales de Derechos Humanos con los desplazados internos por ETA».
Más allá del ámbito meramente judicial, el experto ve distintas vías para restaurar a este grupo de población en sus derechos fundamentales. Como ejemplo, menciona el derecho al voto. «Si en una comunidad de vecinos hay unos vecinos que acosan a otros y les acaban expulsando, y luego esa comunidad vota en sus reuniones, no son condiciones muy democráticas», ilustra el especialista en Derecho Internacional y de los Derechos Humanos.
A este respecto, apunta a la posibilidad de que se les permita elegir la comunidad autónoma donde votar -en la que vivan actualmente o de la que huyeron-. «¿Por qué no se les da ese derecho?», pregunta. Lamenta también que «no hay medidas que faciliten la vuelta de los que se fueron o de sus hijos», pese a que la ONU reconoce el «derecho a un regreso voluntario, digno y seguro».
Con todo, Rodríguez Arias advierte de que el problema de los expulsados por ETA «es mucho más amplio» que el de los desplazados internos porque «otros huyeron más allá de las fronteras estatales», hacia otros países.
