La Audiencia juzga por falsificar documentos a una etarra que huyó a Suiza para eludir la cárcel
Miren Nekane Txapartegui fue condenada por colaborar con ETA. La Justicia dictó una orden de detención frustrada porque los cargos habían prescrito
Fachada de la Audiencia Nacional. | Europa Press
La Justicia vuelve a cercar a Miren Nekane Txapartegi. La etarra será juzgada este martes en la Audiencia Nacional acusada de falsificar documentos. La policía suiza los descubrió en 2016 cuando fue detenida en Zúrich, donde ha vivido más de una década con una identidad falsa. Huyó al país helvético en 2007 tras ser condenada a 11 años de cárcel por colaborar con ETA. La pena nunca se hizo efectiva porque los cargos habían prescrito. La Fiscalía pide ahora seis meses de prisión para la acusada, que se puso voluntariamente a disposición del juzgado.
Txapartegi, que acaba de cumplir 50 años y es conocida como Illargi, se incorporó a la estructura de la banda terrorista en 1998 según las investigaciones policiales. Fue concejal en Asteasu, un municipio de la provincia de Guipúzcoa, con la desaparecida Herri Batasuna. La formación, cuyo objetivo era la independencia del País Vasco, fue ilegalizada en 2003 por el Tribunal Supremo, que consideró que se trataba del brazo político de ETA.
La acusada fue detenida por primera vez en 1999 por sus relaciones con el aparato internacional de ETA, que entonces lideraba Iñaki de Gracia Arregi, alias Iñaki de Rentería. Su labor era facilitar la huida de otros terroristas, para lo que había creado una infraestructura en diversas ciudades europeas. Txapartegi, que denunció torturas de la Guardia Civil tras su detención (hechos nunca probados), fue procesada, pero apenas permaneció ocho meses en prisión.
Colaboración con ETA
En noviembre de 2007 fue condenada a 11 años de cárcel por formar parte de ETA. La pena fue reducida en 2009 por el Tribunal Supremo a seis años y nueve meses por entender que el delito era de colaboración y no de integración. En 2017 la condena se quedó en la mitad, tres años y medio, gracias a una reforma del Código Penal que permitía a los jueces y tribunales rebajar las penas cuando el hecho «sea objetivamente de menor gravedad atendidos el medio empleado y el resultado producido».
La sentencia nunca se ejecutó porque Txapartegi se encontraba en paradero desconocido. Huyó a Suiza para evitar el ingreso en prisión. La Policía Nacional la incluyó en 2012 en la lista de terroristas más buscados. El 3 de diciembre de ese año la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó una orden europea de detención y entrega que se canceló tras su detención.
Txapartegi fue arrestada en Zúrich el 6 de abril de 2016, apenas 10 meses después de que España solicitara su extradición. Durante el proceso en Suiza alegó que había sido condenada en España por una confesión que le fue «extraída mediante tortura» y que estaba «perseguida por motivos políticos». La entrega fue anulada finalmente por la Audiencia Nacional al considerar que la pena había prescrito.
En el momento de la detención, según consta en el texto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, portaba dos documentos falsos. Así lo atestiguaron los peritos. Uno de los DNI llevaba la fotografía de la acusada, aunque acompañada por otro nombre. El otro carné de identidad incluía una foto de su hija, entonces menor de edad.
Causas prescritas
La etarra volvió a España el año pasado. En abril se presentó en la Audiencia Nacional acompañada del abogado Iñigo Iruin, un histórico abogado defensor de la izquierda abertzale. El letrado llegó a ser senador y miembro del Parlamento Vasco por Herri Batasuna y Euskal Herritarrok.
En el órgano judicial le informaron de que habían prescrito las causas vinculadas a ETA y que solo sería acusada de falsificación de documentos, por lo que decidió volver a instalarse en el País Vasco. La Fiscalía pide para Txapartegi seis meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y una multa de seis euros diarios durante seis meses.
El Ministerio Público entiende que la miembro de ETA es responsable de falsear documentos públicos, un delito incluido en los artículos 390.1 y 392 del Código Penal. No obstante, estos preceptos no tipifican la falsedad documental con fines terroristas, por lo que no existen agravantes.
La etarra, en busca y captura desde noviembre de 2019 y declarada rebelde por auto de 8 de enero de 2020, compareció ante el Juzgado Central de Instrucción y reconoció los hechos. La última vez que se le vio públicamente en el extranjero fue en las fastos por el 1 de mayo de 2018 en Zúrich, cuando participó en el Día Internacional del Trabajo. Txapartegi incluso realizó un pequeño discurso en el que denunció la crisis de democracia en España, al que calificó como un Estado opresor.
