Iberdrola, Endesa y EDP recurren el impuesto del Gobierno contra las energéticas
Lo llevarán ante la Audiencia Nacional. Fuentes jurídicas argumentan que el nuevo tributo podría tratarse de un «fraude de etiquetas»
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán | EuropaPress
Endesa, Iberdrola y EDP, agrupadas en la Asociación de Empresas de la Energía Eléctrica (AELEC), han recurrido el impuesto del Gobierno contra las energéticas aprobado el pasado diciembre. Así, la asociación ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la Orden HFP/94/2023, de 2 de febrero, en la que se recoge el gravamen extraordinario al sector.
De esta forma, la asociación de las principales eléctricas en España recurre directamente la orden ministerial por la que se aprueban los modelos de declaración y pago anticipado del nuevo gravamen a las compañías energéticas. Los motivos que especifican los resumen en cuatro puntos: único caso en Europa, los ingresos, la discriminación y la incoherencia fiscal.
«La Unión Europa ha establecido un impuesto sobre el petróleo y el gas, en el que nada se dice sobre el sector eléctrico. Por tanto, el gravamen aprobado en España penaliza a un sector clave para impulsar el necesario cambio del modelo energético no solo mundial, sino específicamente español. Es imprescindible que España acelere su reconversión energética para tener fuentes de energía propias que reduzcan la dependencia energética del exterior», reza el comunicado.
Por otro lado, acentúa el problema de los ingresos. «El impuesto en Europa es sobre beneficios y no sobre ingresos, como se ha implementado en España. Somos el único país de Europa que grava los ingresos, en concreto, el 1,2%». Además, subrayan la discriminación. «Solo un determinado número de empresas eléctricas son elegibles y otras, independientemente de su tamaño, están eximidas». Una situación que empuja a ver «incoherencia fiscal». «Grava ingresos que ya estaban topados y regulados por la Administración Pública en 67€/MWh y grava incluso los conceptos que el Gobierno factura a través del sector eléctrico que no aportan beneficio alguno a las compañías eléctricas», sentencian.
Desde que se anunció el impuesto contra las energéticas, se ha hablado mucho acerca de la posibilidad de que las eléctricas recurrieran. Muchos expertos legales han asegurado que el impuesto podría ser «un fraude de etiquetas» por cómo ha sido diseñado. Así, aunque actúa como un impuesto, realmente el Gobierno lo denominó como «prestación patrimonial».
