Filipinas reactiva el juicio por el asesinato del surfista Diego Bello ante la presión internacional
El juez fija una vista para el próximo 1 de marzo tras entregarse los tres policías acusados de asesinar al empresario gallego en enero de 2020
El surfista español Diego Bello, asesinado en Filipinas en 2020. | Redes sociales
La presión de la comunidad internacional sobre Filipinas ha permitido abrir un halo de esperanza a la familia de Diego Bello. El caso del empresario y surfista español, asesinado en enero de 2020 en el país asiático, se reactiva. Los tres agentes de Policía acusados de haber acabado con su vida se han entregado a las autoridades. Llevaban en busca y captura desde que la Justicia filipina acordó llevarlos a juicio hace un año. El pasado 6 de febrero se pusieron a disposición de las autoridades en un cuartel militar de Manila.
«La presión internacional ha sido clave. Desde el Ministerio de Exteriores, el Parlamento Europeo y diversos países asiáticos han sido varias las demandas al presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, para que no permitiese que el caso acabe impune», indica el abogado de la familia, Guillermo Mosquera, en declaraciones a THE OBJECTIVE. El capitán Wise Vicente Panuelos y los sargentos Ronel Palacio y Nido Boy Cortes se encuentran en prisión provisional sin fianza y así seguirán hasta la celebración del juicio. Se les acusa de delitos de homicidio y falsificación de pruebas.
Según un documento firmado por el juez, al que ha tenido acceso este diario, el próximo 1 de marzo se celebrará una vista para determinar dónde se celebrará el juicio. La familia de Bello solicita que se celebre en la capital filipina y no en la región de Surigao del Norte, lugar en el que Diego fue asesinado y en el que los tres acusados trabajaban como miembros de las fuerzas de seguridad.
El asesinato de Diego Bello
La Fiscalía General de Filipinas concluyó en su escrito de acusación que el capitán Wise Vicente Panuelos y los sargentos Ronel Palacio y Nido Boy Cortes conspiraron para crear un escenario manipulado con el objetivo de ocultar la verdad sobre la muerte del emprendedor gallego. Acribillaron a balazos al coruñés Diego Bello a las puertas de su casa.
Excanterano del Deportivo de La Coruña y amante del surf, el joven empresario gallego de 32 años se había afincado en un paradisiaco municipio de las Islas Siargao, donde regentaba un bar, un restaurante y una tienda de surf. Negocios con los que daba empleo a 25 personas, según fuentes cercanas a la familia.
Los agentes que le mataron, según el Ministerio Público filipino, sembraron pruebas para que pareciese que el tiroteo estuvo iniciado por el español, a quien llegaron señalar públicamente -y tras su asesinato- de ser el narcotraficante más buscado de la región. Una información desmentida posterior y rotundamente por varios organismos filipinos.
Presión a Filipinas
El abogado de la familia Bello sospecha que la entrega de los tres agentes ha sido fruto de las presiones diplomáticas. Durante el año que han estado prófugos, las autoridades filipinas no habían conseguido dar con su paradero a pesar de que los acusados habían enviado escritos al juzgado firmados de su puño y letra. Por lo tanto, añade el letrado, sabían que seguían en territorio nacional. Así consta en una moción de desestimación de prueba presentada por los agentes el pasado mes de diciembre, que fue desestimada por el juez.
El eurodiputado del Partido Popular, Francisco Millán Mon, intervino el pasado 12 de diciembre en el pleno del Parlamento Europeo, en Estrasburgo, en el debate sobre las relaciones de la Unión Europea con la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (Asean). En su discurso, pidió que «el asesinato en el 2020 del joven coruñés Diego Bello» sea castigado.
«El proceso penal no debe seguir bloqueado. Las fuerzas del orden tienen que actuar. Los padres de Diego merecen justicia», destacó. «Tengo la firme esperanza de que pronto se ejecuten las órdenes de arresto decretadas en marzo del 2022 por la autoridad judicial contra los tres policías sospechosos de asesinato», concluyó en un mensaje que caló hondo entre los representantes de la Asean.
Unas semanas después, el pasado 6 de enero, la división de homicidios e investigación criminal de la Policía Nacional filipina dictó un escrito en el que volvía a emitir una orden de busca y captura contra los acusados por la muerte de Diego Bello. Apenas un mes después, los tres agentes se han entregado en un cuartel del Ejército en la capital de Filipinas.
