El Pequeño Nicolás pide anular la causa por el acceso a información policial «confidencial»

La defensa de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como ‘El Pequeño Nicolás’, ha pedido que se anule la causa que da lugar al juicio en el que se le acusa de haber accedido «en varias ocasiones» en 2014 a «información de carácter confidencial perteneciente al Ministerio del Interior que obraba en las bases de datos policiales».

Así se ha pronunciado en la vista que se celebra desde este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid, donde se enfrenta a una petición de 9 años y 9 meses de prisión por parte de la Fiscalía por presuntos delitos de integración en grupo criminal, descubrimiento y revelación de secretos y cohecho, entre otras, según señala Europa Press.

La defensa del joven, a cargo del abogado Juan Carlos Navarro, ha defendido que el auto de 14 de octubre de 2014 por el que se da origen al denominado ‘caso mafia policial’ «no está lo suficientemente motivado» y vulnera los «derechos fundamentales» de ‘El Pequeño Nicolás’.

Según ha subrayado, debe declararse nulo dicho auto -que fue el que dio lugar en 2014 a la entrada y registro del domicilio de Gómez Iglesias y al volcado de datos a partir de teléfonos móviles- porque considera que afecta el derecho a la inviolabilidad al entorno virtual, derecho a la intimidad, derecho a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones.

La Fiscalía ha mostrado su oposición al argumento de la defensa al considerar que el auto en cuestión sí está bien motivado y al descartar que se haya cometido alguna vulneración de derechos respecto a Gómez Iglesias. «No hay ningún dato que permita entender que la investigación fue ilegal», ha señalado.

«Deseando que termine»

Gómez Iglesias ha empezado esta primera sesión «tranquilo», según ha dicho a la prensa a su llegada a la Audiencia Provincial, casi media hora antes de que comenzara el juicio. «Hace solecito. Estamos bien. Deseando que termine, que en vez de ‘El Pequeño Nicolás’, seré ‘El Mediano’ o ‘El Grande'», ha dicho.

Este es el quinto juicio al que se enfrenta el joven, que ya ha sido condenado en otras tres causas y absuelto en una. En total, acumula 8 años y 2 meses de prisión en condenas, pero hasta ahora ninguna de las resoluciones es firme, porque su defensa ha presentado recursos ante tribunales superiores.

En el marco de la sesión de este lunes, otras defensas se han sumado a la petición de nulidad de las actuaciones realizadas durante la investigación al considerar también que se vulneraron los derechos fundamentales de los investigados por haberse realizado entradas y registros, así como volcados telefónicos que, a su juicio, «no estaban justificados».

«Las diligencias son nulas de pleno derecho, por desproporcionadas e injustificadas», ha señalado la letrada Sylvia Córdoba, a cargo de la defensa del policía municipal investigado Jorge González Hormigos, para luego añadir: «No llegamos a entender como ha llegado a juicio».

Por contra, otra de las defensas ha incidido en que este es un procedimiento con «dilaciones indebidas», al recordar que los hechos se remontan a 2014 y que el auto de procesamiento se dictó en 2017.

Al margen, varias defensas –incluida la de ‘El Pequeño Nicolás’– han pedido que se cite como testigo al empresario Francisco Javier Martínez de la Hidalga, cuya declaración fue clave para absolver a Gómez Iglesias del delito de estafa en su cuarto juicio –el celebrado el pasado noviembre–, en el que se condenó al joven por usurpación de funciones y falsedad de documento público. La Fiscalía ha mostrado su oposición a la testifical del empresario al considerar que no aportaba al procedimiento. El tribunal, sin embargo, ha accedido a su citación, aunque no se ha pronunciado sobre el resto de cuestiones previas planteadas este lunes.

Mañana declararán los acusados

Así las cosas, está previsto que el juicio continúe mañana martes, toda vez que este lunes la Audiencia Provincial de Madrid ha tenido que aplazar la sesión -tras más de una hora en la que se han abordado las cuestiones previas- porque faltaba documentación relativa al caso. Según el calendario del tribunal, el juicio se extenderá hasta el próximo 13 de febrero.

Aunque ‘El Pequeño Nicolás’ ha optado en sus últimos juicios por pedir al tribunal que le deje declarar al final, fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han precisado que mañana previsiblemente declararán las personas contra las que la Fiscalía dirige acusación.

En este procedimiento, el Ministerio Público solicita 9 años y 9 meses de cárcel para Gómez Iglesias y 8 años y 6 meses de prisión para los policías municipales Jorge González Hormigos y Felipe Gallego Santos.

Además, reclama 2 años y 8 meses de cárcel para el guardia civil Francisco Javier Sánchez López. También dirige acusación contra el que fuera coordinador de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Emilio García-Grande, a quien reclama una multa de 4.500 euros por un presunto delito de violación de secretos.

El resto de acusaciones solicita penas mayores. La Asociación de Policía Municipal Unificada pide 23 años de prisión para ‘El Pequeño Nicolás’, mientras que el Ayuntamiento de Madrid reclama hasta 10 años de cárcel. La Abogacía del Estado y Podemos han desistido.

Según la investigación llevada a cabo en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, el ‘modus operandi’ «siempre fue el mismo»: Gómez Iglesias facilitaba a uno o varios de los investigados placas de matrículas de vehículos, líneas de teléfonos o números de identificación. «Acto seguido, éstos, aprovechando su condición de agentes del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid procedían a extraer de dichas bases la información requerida y se la facilitaban a Francisco Nicolás a cambio de promesas y remuneraciones económicas», señaló el juez cuando les procesó.

La Fiscalía sostiene en su escrito de acusación que los datos relativos a las matrículas eran utilizados en algunos casos por ‘El Pequeño Nicolás’ para contactar con los titulares de las placas, «a quienes hacía creer que tenía relación con distintos organismos y autoridades de las Administraciones Públicas y les ofrecía su ayuda para hacer gestiones ante las mismas, con la única finalidad de obtener dinero a cambio de una intermediación que, en realidad, era ficticia».