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'El Pequeño Nicolás', condenado a tres años y medio por hacerse pasar por un agente del CNI

La Audiencia de Madrid le considera culpable de un delito de usurpación de funciones públicas y otro de falsedad documental, pero le absuelve del de estafa

‘El Pequeño Nicolás’, condenado a tres años y medio por hacerse pasar por un agente del CNI

'El pequeño Nicolás' durante una de las sesiones del juicio. | Eduardo Parra (Europa Press)

Tercera condena de cárcel para Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como El Pequeño Nicolás. La Audiencia Provincial de Madrid le castiga con tres años y cinco meses de prisión por un delito de usurpación de funciones públicas y un delito continuado de falsedad en documento oficial al hacerse pasar por un enviado del Gobierno de Mariano Rajoy y del CNI en una operación de compraventa de un inmueble. El tribunal absuelve al joven del delito de estafa que también le atribuía la Fiscalía y por el que pedía una pena de seis años de reclusión.

La sentencia, a la que ha tenido THE OBJECTIVE, fue dictada el 24 de noviembre. Los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia de Madrid consideran acreditada «la conducta ilícita» de El Pequeño Nicolás. La desplegaba «de forma personalmente ostentosa». El juicio quedó visto para sentencia el día 7, después de que el joven negara haberse hecho pasar por un miembro del Gobierno para estafar al empresario Javier Martínez de la Hidalga en la venta de La Alamedilla, una finca situada en Toledo.

La acusación sostenía que El Pequeño Nicolás alquiló coches de color negro y de alta gama con conductor para engañar a su víctima. El joven logró incluso colocar logotipos y banderas oficiales en los vehículos. También falsificó documentos de Presidencia, Casa Real y el CNI en los que utilizó logotipos oficiales, todos ellos obtenidos a través de Internet.

Las relaciones de ‘El Pequeño Nicolás’

El condenado acudía a las reuniones con De la Hidalga en esos vehículos. Utilizaba lanza destellos policiales para abrirse paso entre la circulación y mostraba al empresario fotografías en las que aparecía junto a diversas personalidades. También simulaba llamadas telefónicas con la vicepresidenta y otras autoridades políticas, según detalló el ministerio público en su escrito de acusación.

El Pequeño Nicolás llegó a mencionar al empresario que disponía de un posible comprador para La Alamedilla: un alto cargo de Guinea Ecuatorial. La Fiscalía sostiene que intentó hacerse con 300.000 euros por intermediar en la venta, aunque solo le permitieron retirar 25.000 euros en efectivo. Un extremo que rechazó el condenado, que durante la vista se presentó como «un joven inmaduro» que solo quería «tirarse el pisto ante gente muy importante».

Martínez de la Hidalga negó durante el juicio que El Pequeño Nicolás le engañara, ya que le devolvió el dinero supuestamente estafado. Además, durante la vista relató cómo tenía «confianza total» en el joven porque «era un genio precoz» que era «amigo del Gobierno y de todo el mundo».

«Obviamente yo no he sido engañado. Él me pagó una parte y me dijo que me iba a pagar lo que faltaba, y luego un abogado amigo mío me dijo que su madre se iba a responsabilizar del dinero que faltaba», que acabó recibiendo de vuelta, aseguró el empresario al tribunal.

Los magistrados también se han pronunciado sobre el argumento de la defensa, que intentó exculpar al joven aludiendo a que padece un trastorno de personalidad. Consideran que dicho cuadro médico «no le impedía tener perfecto conocimiento de la realidad de los hechos ni de sus consecuencias». Además, sostienen que actuó «conscientemente con la finalidad de conseguir beneficios económicos».

El Pequeño Nicolás fue absuelto en 2016 en un primer juicio por calumnias al CNI, pero acumula tres penas de prisión. En 2021, la Audiencia lo condenó a un año y nueve meses por falsificar el DNI para que un amigo se presentase a la Selectividad en su nombre. También le sancionó a otros tres años por hacerse pasar por un emisario del rey Felipe VI y de Sáenz de Santamaría durante un viaje a Ribadeo (Lugo) en 2014. Ambos fallos han sido recurridos al Tribunal Supremo.

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