Víctimas de accidentes de tráfico piden que el plazo para reclamar daños aumente a tres años
Los expertos urgen a reformar el Código Civil, tal y como se ha hecho con el Código Penal para eliminar la sedición y rebajar la malversación
Sanitarios de Madrid atienden a una víctima durante un simulacro de accidente. | Isabel Infantes (Europa Press)
Tres años. Ese es el plazo que demandan las víctimas de accidentes de tráfico para reclamar daños por vía judicial. Ahora esa posibilidad prescribe un año después de que se estabilicen las lesiones. Los expertos consideran que se trata de un periodo insuficiente y urgen a reformar el Código Civil, como ya se ha hecho con el Código Penal para eliminar la sedición y rebajar la malversación. Otra de sus demandas es suprimir las costas judiciales, lo que evitaría que muchos damnificados descarten iniciar un proceso en los tribunales.
«Las víctimas de accidentes de tráfico están hoy muy desprotegidas», asegura el abogado Ignacio Valenzuela, vicepresidente de Anava, una asociación especializada en reclamaciones por responsabilidad civil. En su opinión, la despenalización del juicio de faltas en 2015 afectó negativamente a los procesos de reclamación de daños y perjucios derivados de los siniestros.
Ese año se aprobó la ley que reforma el sistema que valora los daños causados a las personas en accidentes de tráfico, aunque no entró en vigor hasta enero de 2016. «Las víctimas se vieron abocadas a acudir a un procedimiento por vía civil largo y costoso si no se conforman con la oferta de la aseguradora. Deben asumir gastos extraordinarios y muchas veces se decantan por no reclamar», insiste Valenzuela.
Indemnizaciones por accidentes
El vicepresidente de Anava considera que la norma «necesita diversas mejoras», pero reconoce que es acuciante aumentar el plazo para pedir indemnizaciones tras un accidente. El artículo 1.968 del Código Civil establece que la posibilidad de solicitar daños prescribe en un año. Un periodo insuficiente para Valenzuela, que critica que muchas víctimas no tienen claro desde cuando se contabiliza: «La ley es ambigua».
Una opinión que secunda Mario Rodríguez, el abogado que se encarga de estos procedimientos en Legalion. Este experto explica a THE OBJECTIVE que el primer paso que debe dar una persona que ha sufrido un accidente de tráfico es comunicar el siniestro en un plazo de siete días. Si las compañías aseguradores no se ponen de acuerdo se puede iniciar un proceso civil que «puede durar años», aunque solo disponen de uno para reclamar desde el momento en que se estabilizan las lesiones.
«Ampliar el plazo supondría un alivio para las víctimas. Hay gente grave que no está en disposición para iniciar un proceso o que mantiene secuelas pasado un año», insiste Rodríguez. El vicepresidente de Anava, Ignacio Valenzuela, reconoce que un año con tratamiento médico «pasa enseguida» y urge a ampliar el periodo de prescripción para estas personas como antes se ha hecho para reformar los delitos de sedición y malversación: «Solo hace falta voluntad política».
Su organización, que celebra su V Congreso Nacional entre el 2 y 3 de marzo, ya se ha reunido con varios grupos para solicitarles que aumente el plazo de prescripción. No es la única petición. Anava reclama que la ley de 2015 incorpore el medio centenar de recomendaciones que realizó hace un año la Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración. Eso facilitaría aumentar las cuantías de las indemnizaciones, que para Valenzuela «son insuficientes» y no reparan el daño.
Mejorar la ley de 2015
El Gobierno aún no ha iniciado los pasos del anteproyecto de ley. Las fuentes consultadas sostienen que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobarlo este martes para comenzar el trámite en el Congreso. El abogado José Pérez Tirado, asesor de Stop Accidentes, reconoce que la situación de las víctimas hoy es «mucho mejor» que la que tenían antes de la ley de 2015.
«Solo dimos tres o cuatro pasos. Necesitamos una reforma urgente para aproximarnos a los derechos que tienen en el resto de Europa», explica el experto desde Doha, donde asiste a un congreso. Es su opinión, para eso es necesaria una reforma legislativa que incorpore el contenido del informe razonado que realizó la comisión externa de seguimiento, de la que forma parte.
Pérez Tirado también cree necesario ampliar el plazo de prescripción a un mínimo de tres años. «Es insostenible que solo se pueda hacer durante un año», se queja. Es una situación anómala en Europa, donde los ciudadanos que sufren lesiones en un accidente de tráfico cuentan con un periodo superior para iniciar las reclamaciones. En Francia, por ejemplo, el plazo para hacerlo prescribe a los 10 años.
Anava también demanda que se supriman las costas judiciales porque, en caso de no prosperar la reclamación, la víctima puede llegar a pagar el 45% de la cantidad que solicita (el 30% en primera instancia y otro 15% en segunda). «Esto hace que mucha gente se lo piense, especialmente en los casos leves», explica Valenzuela. El letrado reconoce que los damnificados suelen ganar, al menos parcialmente, más del 90% de las demandas.
Suprimir costas judiciales
«Comparto la necesidad de suprimir las costas judiciales a las víctimas de los accidentes», afirma Pérez Tirado. En su opinión, también es necesario regular que, cuando los juzgados concedan una estimación parcial sustancial (superior al 50% de la cantidad reclamada), se impongan costas a la aseguradora que ha obligado al damnificado a acudir a los tribunales «con los gastos adicionales que produce».
El asesor de Stop Accidentes considera vital crear juzgados especializados en responsabilidad civil en todas las capitales de provincia y que estos procesos no puedan dilatarse más de un año desde que se presenta la demanda. «Ahora existen muchas trabas burocráticas y eso obliga a las víctimas a ponerse en manos de las compañías aseguradoras», reitera Valenzuela.
El vicepresidente de Anava celebra la reforma del Código Penal de septiembre porque adapta la normativa de las situaciones de imprudencia en la conducción y el delito de fuga, lo que supone «un intento de revertir la despenalización de juicio de faltas». El año pasado perdieron la vida en las carreteras españolas 1.145 personas, un 4% más que antes de la pandemia, pero hubo 4.008 heridos graves, un 10% menos.
