La Audiencia Nacional reabre el sumario de un caso que permitiría juzgar a ETA por genocidio
La querella de la Asociación Española contra la Impunidad, por el asesinato de dos guardias civiles en el año 2000, abre una vía para investigar 327 de los 379 crímenes de ETA sin resolver
Fachada de la Audiencia Nacional | Carlos Luján (Europa Press)
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la reapertura de la investigación sobre el atentado de ETA perpetrado en el año 2000 en Sallent de Gállego (Huesca) que le costó la vida a una pareja de guardias civiles, a raíz de una querella que enmarca este crimen en «una política de genocidio en grado de tentativa», una vía que permitiría declarar imprescriptibles 327 de los 379 crímenes de ETA sin resolver.
En un auto del pasado lunes, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 señala que, «desprendiéndose de las actuaciones recibidas indicios por los cuales podría atribuirse a personas determinadas una participación en los hechos punibles investigados, es procedente (…) decretar la reapertura de las actuaciones».
Además, da traslado a la Fiscalía de la querella presentada por la Asociación Española contra la Impunidad y para el Avance de los Derechos Humanos, que se dirige contra una decena de ex jefes de ETA, «que presuntamente integraban el vértice y la cadena de mando jerárquico de la organización terrorista al momento de los hechos» y que, en consecuencia, tenían un «férreo dominio» sobre la misma y sus acciones, lo que permitiría considerar la autoría mediata y la comisión por omisión.
La cúpula de ETA
Se trata de Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias ‘Iñaki de Rentería’; Javier García Gaztelu, ‘Txapote’; Juan Antonio Olarra Guridi, ‘Jokin’; Ainhoa Mugica, ‘Olga’; Asier Oyarzabal, ‘Baltza’; Juan Carlos Iglesias, ‘Gadafi’; Mikel Albisu, ‘Mikel Antza’; Vicente Goicoechea, ‘Willy’; Ramón Sagarzazu, ‘Ramontxo’; y María Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’.
El pasado 24 de febrero, la asociación presidida por el abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias presentó un escrito solicitando su personación e interponiendo querella por los asesinatos consumados en relación concursal y de conexidad con un delito de genocidio en grado de tentativa de los dos agentes de la Guardia Civi Irene Fernández Perera y José Ángel de Jesús Encinas. Ambos fueron asesinados por la explosión de una bomba lapa en su coche patrulla el 20 de agosto del año 2000.
La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a 75 años de prisión al ex jefe militar de ETA Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, y los también miembros de la banda terrorista Asier Arzalluz Goñi y Aitor Aguirrebarrena Beldarrain, como autores materiales del asesinato de los guardias civiles en la localidad de Huesca. La reapertura del caso no solo permitiría ahora averiguar la responsabilidad intelectual de la cúpula etarra en ese atentado. También podría llevar por primera vez a los exjefes de la banda a responder por un delito de genocidio en grado de tentativa, algo que jamás se ha producido en España.
