Un juzgado de León decide celebrar juicios sin letrados de la Justicia por la huelga
Estos funcionarios se encargan de firmar en una plataforma específica la grabación de las vistas para garantizar la autenticidad de las declaraciones
Varios letrados protestan ante el Ministerio de Justicia. | Jesús Hellín (Europa Press)
Decisión salomónica para diblar la huelga de letrados de la Justicia. El Juzgado de lo Social número 1 de León ha acordado este martes celebrar siete juicios relacionados con reclamaciones a la Seguridad Social pese a que la funcionaria ejerza su derecho constitucional y estos procedimientos estén excluidos de los servicios mínimos. Estos funcionarios se encargan de firmar la grabación de las vistas en una plataforma específica para garantizar la autenticidad de las declaraciones.
La huelga de letrados comenzó el 24 de enero. Desde entonces se han suspendido 231.000 juicios y más de 810 millones de euros están bloqueados en las cuentas de los juzgados. Un dinero destinado a pagar, entre otras cosas, pensiones alimentarias, deudas e indemnizaciones. Las partes han celebrado ya dos reuniones, aunque la situación sigue enquistada. Los huelguistas reclaman un aumento salarial que Justicia rechaza porque supondría «cobrar el 85% del sueldo que reciben jueces y fiscales».
Se tratan de pleitos sobre ingresos mínimos vitales, impugnación de altas médicas e incapacidades permanentes que no pueden demorarse. El magistrado Jaime de Lamo Rubio, titular del Juzgado de lo Social número 1 de León, ha concluido que la grabación del juicio en la plataforma e-fidelius puede ser firmada por la letrada de Justicia una vez finalice la huelga, «quedando mientras tanto guardada en la unidad informática local de la Sala», según consta en el auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
La intervención de los letrados
Tras informar a las partes, De Lamo Rubio ha acordado que se celebren los juicios sin letrados porque dichas condiciones «no les causa indefensión alguna». Para eso ha valorado los intereses en conflicto: el derecho fundamental de huelga, el derecho fundamental de tutela judicial efectiva y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
En su resolución, el magistrado explica que la intervención del letrado en estos casos es siempre posterior a la celebración del acto procesal y grabación del mismo, consistiendo en garantizar «la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido», tal y como establece el artículo 89.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción social.
Esta protección se materializa por la firma en digital de lo ya grabado; de modo que cuando se realiza el letrado no tiene que visionar lo que se ha grabado. En opinión del magistrado, «se trata de una grabación garantizada por un programa informático difícilmente manipulable; y, por tanto, resulta indiferente cual sea el día en que el letrado firme digitalmente dicha grabación».
La grabación permanece en el disco de la unidad local de la sala por tiempo indefinido hasta que sea firmada. Una vez que se completa el proceso pasa al servidor central y está disponible para expedir copias. De esa manera, señala el magistrado, «se considera resuelto el conflicto de derechos fundamentales, posibilitando la tutela judicial efectiva de los ciudadanos afectados y con absoluto respeto al derecho de huelga».
Los paros comenzaron el pasado 24 de enero y afectan a más de 4.400 trabajadores. El desencuentro tiene su origen en los compromisos adquiridos por Justicia en abril. Los letrados acudieron a la huelga en los meses previos, pero la desconvocaron para final de año tras arrancar varias promesas de los responsables políticos. Entre ellas, compensar con mejoras salariales la carga de trabajo que adquirieron con la última reforma judicial.
Los huelguistas sostienen que Pilar Llop no cumplió mientras que el ministerio esgrime que se han desarrollado 10 de las 11 reivindicaciones. Todas excepto la exigencia de cobrar el 85% del sueldo que reciben jueces y fiscales. El Gobierno considera que se trata de una reivindicación fuera de lugar, especialmente porque las retribuciones de los letrados van a crecer casi un 15% en los últimos tres años.
De momento se han producido dos encuentros, el último este martes, aunque ambos han terminado sin acuerdo porque las posturas siguen alejadas. Los letrados acusan a Justicia de «querer resolver la huelga por correo electrónico» y de «incumplir el único acuerdo que se había alcanzado hasta ahora, que era guardar reserva sobre el contenido de las conversaciones». Además, consideran que el departamento de Llop está ofreciendo «una visión manipulada de las negociaciones».
