Una asociación recurrirá ante el TC para frenar las exhumaciones del Valle de los Caídos
El Supremo rechaza el recurso presentado por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica que obstaculizaba las inhumaciones de los cadáveres
Complejo monumental del Valle de los Caídos en San Lorenzo de El Escorial. | Rafael Bastante (Europa Press)
La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica dará la batalla. La organización va a recurrir ante el Tribunal Constitucional la decisión del Tribunal Supremo de autorizar la exhumación de las víctimas de la Guerra Civil enterradas en el Valle de los Caídos. El Alto Tribunal ha desestimado la petición que realizó la asociación, que mantiene abierta la vía para que Cuelgamuros sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y frenar así los trabajos de inhumación. Los familiares afectados sostienen que la recuperación de los restos es ya imparable.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha dado luz verde a las obras de exhumación en el Valle de los Caídos a través de una providencia adelantada por la Cadena SER. El documento inadmite el recurso de la asociación contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de levantar la suspensión cautelar de la licencia urbanística para la rehabilitación de los accesos a las criptas.
El aplazamiento impedía comenzar las obras en el Valle de los Caídos. Las víctimas llegaron a denunciar a la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial por un posible delito de prevaricación administrativa al no haber renovado la licencia. El proceso arrancó en 2016, cuando un juez reconoció el derecho de los descendientes a dar una «digna sepultura» a sus familiares, los hermanos Lapeña, fusilados en 1936 en Calatayud (Zaragoza) por las fuerzas sublevadas y enterrados luego en Cuelgamuros sin permiso.
Enterrados en el Valle de los Caídos
Los trabajos llevan casi siete años varados porque la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica solicitó detenerlos con medidas cautelares, argumentando la «necesidad de respetar el sagrado reposo eterno» de los fallecidos. Un juzgado le dio la razón y el Consistorio de la localidad madrileña, gobernado por el PP, suspendió la licencia hasta que la resolución judicial fuese firme.
Las fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE admiten que ya nada impide comenzar las obras de exhumación, aunque la decisión final pertenece a Patrimonio Nacional. El organismo, dependiente del Ministerio de la Presidencia, puede iniciar los trabajos o esperar a que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid se pronuncie sobre si la concesión de la licencia incumple las normas del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.
La asociación no está dispuesta a arrojar la toalla. Su portavoz, Guillermo Rocafort, afirma que las informaciones publicadas no se ajustan a la realidad y que su organización no ha recibido aún la resolución de su recurso de casación. Adelantan que, en caso de que tuviera el resultado anunciado, acudirán al Tribunal Constitucional porque «hay múltiples derechos afectados».
«El camino judicial está muy lejos de despejarse», insiste la asociación en una nota. Un extremo que rechaza Fausto Canales, uno de los afectados. Su padre fue asesinado por unos falangistas en Aldeaseca (Ávila) en plena Guerra Civil. A sus 89 años continúa luchando para recuperar sus restos, enterrados «junto a sus verdugos» en el Valle de los Caídos. «Se han despejado todos los obstáculos que ha puesto la ultraderecha con un nombre que lleva a engaño», celebra Canales.
Bien de Interés Cultural
La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica cuenta con otro as bajo la manga para evitar las exhumaciones: que el Valle de los Caídos sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC), algo que consiguió recientemente con la Pirámide de los italianos ubicada en la provincia de Burgos gracias a la determinación de la Consejería de Cultura de Castilla y León, gestionada por Vox. El mausoleo está dedicado a 384 militares transalpinos que murieron en Santander durante la Guerra Civil.
Rocafort, veterano legionario y abogado, avanza que la organización a la que pertenece seguirá defendiendo la postura. «En caso de que no nos den la razón, agotaremos todas las vías». Está dispuesto a acudir a organismos internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Unesco con tal de evitar que comiencen las obras de exhumación en el Valle de los Caídos porque «hay que cuidar nuestro patrimonio artístico, cultural y arquitectónico».
«No quiero opinar. Yo nunca boicotearía que alguien pueda recuperar los restos de sus familiares. Lo que esperamos es que los trabajos empiecen pronto y todo esto se resuelva cuanto antes. Ya hemos peleado y sufrido bastante», reconoce Silvia Navarro. Su tío-abuelo, José Antonio Marco Viedma, fue inhumado en el Valle de los Caídos «tras haber sido violada su tumba y profanado su cadáver» en la fosa común del Cementerio Municipal de Calatayud, donde fueron depositados.
Muchos descendientes son personas mayores y algunos han fallecido sin conseguir su propósito. Desde 2016 lo han hecho al menos seis. Entre ellos Manuel Lapeña, de 97 años, que murió hace año y medio tras toda una vida luchando por recuperar los restos de su padre y de su tío.
Mercedes Abril, de 88 años, y Francisca González, de 85, no quieren que a ellas les pase lo mismo. En el mausoleo franquista reposan los restos óseos de 33.833 personas, un tercio enterrados de forma anónima y sin el conocimiento de sus familias.
