La Audiencia investiga a Villar y a dos exjefes de los árbitros por el presunto desvío de fondos
Victoriano Sánchez Arminio y Raúl Massó también deberán dar cuentas por unos honorarios arbitrales que exceden en casi ocho millones a los contabilizados
Ángel María Villar durante una comparencia en el Senado en 2006. | José Oliva (Europa Press)
Los antiguos máximos dirigentes del fútbol español están en el punto de mira. La Audiencia Nacional ha ordenado al juez instructor del caso Soule, que investiga la corrupción en el fútbol español, que tome declaración en calidad de investigados a Ángel María Villar, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y a Victoriano Sánchez Arminio y Raúl Massó, expresidente y antiguo secretario general del Comité Técnico de Árbitros (CTA), por el presunto desvío de casi ocho millones de euros.
Los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estiman parcialmente el recurso interpuesto por LaLiga. La organización que preside Javier Tebas recurrió el auto del juez instructor Alejandro Abascal en el que acordaba prorrogar tres meses la investigación y rechazó la solicitud de citarles como investigados, entre otras razones, porque ya habían declarado como testigos.
En el nuevo auto, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Sala desestima la otra petición de LaLiga para que se tenga como investigada a la RFEF, que presidió Villar hasta 2017. El tribunal explica que esta diligencia deberá estudiarse a la espera del resultado de las declaraciones de estos directivos.
La presidencia de Villar
La investigación forma parte del caso Soule, que investiga a altos dirigentes de la RFEF, entre ellos Villar, y a presidentes de varias federaciones territoriales y empresarios por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, malversación de caudales públicos, falsedad documental, corrupción entre particulares y delito fiscal. Su instrucción se ha prorrogado durante más de seis años.
La resolución señala que procede tomar declaración a Villar, Sánchez Arminio y Massó como investigados, sin perjuicio de la futura precisión acerca de la existencia de pruebas, ya que lo conveniente en este momento es «verificar si hay indicios de la posible responsabilidad penal y si esos indicios son imputables a las personas cuya declaración solicita LaLiga».
Para la Sala, que ya hayan declarado previamente como testigos no es óbice para su posterior cambio de condición, pasando a ser investigados. «No es sino la existencia o no de indicios racionales y suficientes de criminalidad lo que ha de determinar si la solicitud de incorporación de las personas citadas como investigas debe o no atender».
En su escrito, LaLiga denunciaba que, de las diligencias practicadas, se deriva la existencia de un nutrido volumen de pagos «manifiestamente ajenos» a los fines convencionales de los fondos que la patronal aportaba a la RFEF. Estos se enviaban en virtud de «un acuerdo arbitral referente a la aplicación del posible remanente generado como consecuencia de los fondos transmitidos por LaLiga a la RFEF», alcanzado y documentado, según los denunciantes, por personas sin atribución ni competencia alguna para ellos.
El destino de los fondos
Una actuación que se hizo, dice la organización que preside Tebas, a sus espaldas. Los entonces presidente y secretario del CTA prestaron su conformidad y ordenaron el pago de una serie de facturas con fondos de LaLiga de «gastos completamente ajenos al futbol profesional, alterándose así el destino de los fondos entregados por LaLiga a la Federación, siendo aquellos subordinados del presidente de esta última quienes se beneficiaron ilícitamente de tales fondos, por lo que se interesa se declare la condición de responsable civil subsidiaria de la RFEF».
El fiscal considera que existen indicios para entender que LaLiga percibe fondos de la recaudación de las quinielas, cuyo control y seguimiento tiene encomendada la Comisión de Seguimiento en la Participación de las Quinielas Deportivas, dependiente del Consejo Superior de Deporte, sin perjuicio de las funciones de control financiero realizadas por la Intervención General la Administración del Estado (IGAE).
Una de las obligaciones establecidas mediante acuerdo de la citada comisión a partir el ejercicio 2004-2005 es que esa aportación de dinero público se destine a sufragar el pago de los derechos de arbitraje de las competiciones oficiales de fútbol, y que cualquier otro tipo de obligación a sufragar mediante ese remanente requerirá la previa comunicación y acuerdo favorable de la citada Comisión.
De esta forma se materializan los convenios de coordinación LaLiga-RFEF, en cuya virtud, la patronal hace entrega de esas aportaciones a la RFEF, asumiendo esta última su gestión, sin contraprestación alguna.
Exceso de gastos arbitrales
Los informes periciales practicados en las actuaciones, según el fiscal, concluyen que las aportaciones realizadas por la LaLiga correspondientes a los honorarios arbitrales exceden de los gastos contabilizados por la RFEF en casi ocho millones de euros, correspondientes a estos conceptos, indicando que esta diferencia no se encuentra justificada y que tales fondos no han sido destinados a su fin.
El Ministerio Público concluye que de lo instruido se desprenden indicios de que, en la decisión de destinar tales fondos a otro tipo de gastos diferentes a los previstos en los convenios, habrían intervenido tanto el presidente como el secretario técnico del CTA.
El juez que instruye el caso Soule también ha ordenando investigar una serie de pagos injustificados que hizo la RFEF al hijo del exvicepresidente del CTA durante la etapa de Villar. Se trata de unos 4.400 euros que la federación habría pagado en varias tandas entre 2011 y 2016 al hijo de José María Enríquez Negreira, que da nombre al caso que investiga un juzgado de Barcelona.
