El sector progresista del Poder Judicial se reúne hoy para valorar su dimisión en bloque
La marcha de los ocho vocales progresistas podría llegar a paralizar el CGPJ por falta de ‘quorum’ que se necesita para que las decisiones del Consejo sean válidas
Pleno del CGPJ presidido por Rafael Mozo. | Oficina de comunicación del CGPJ
El sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrará este viernes una primera reunión para valorar una posible dimisión en bloque que pondría en peligro el ‘quorum’ que se necesita para que las decisiones del Consejo sean válidas, con el objetivo último de forzar la renovación de la institución –que lleva más de cuatro años caducada–, tras la espita abierta por la renuncia de su compañera Concepción Sáez.
Según las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press, hay vocales progresistas dispuestos a seguir los pasos de Sáez si es una decisión conjunta, al considerar que un goteo de dimisiones supondría dejar el Consejo en poder del bloque conservador, mientras que una salida de los ocho vocales progresistas arriesgaría el ‘quorum’ y, por tanto, podría paralizar el CGPJ empujando a PSOE y PP a pactar para renovar.
No obstante, desde el mismo sector algunas voces subrayan que se trata solamente de contactos internos para escuchar la opinión de todos los miembros del bloque progresista. «No hay nada definitivo», afirman.
De hecho, es una primera reunión, ya que hay vocales que no podrán asistir, por lo que se espera que el lunes se celebre un nuevo encuentro, así como los que sean necesarios en días posteriores para llegar al Pleno ordinario previsto para el 30 de marzo con una posición clara.
En cualquier caso, el movimiento tectónico se produciría después de que el CGPJ hubiera finalizado la designación de los miembros judiciales de las juntas electorales provinciales de cara a los comicios del 28 de mayo.
La salida de los ocho vocales progresistas podría desatar una nueva batalla, ya que algunas fuentes advierten de que el ‘quorum’ de 11 vocales es discutible. Y ello porque la normativa establece que es de diez vocales más el presidente, pero como Mozo es un presidente suplente podría interpretarse que con una decena de vocales es posible operar.
Actualmente, el CGPJ está formado por 18 vocales, ocho progresistas –incluido Mozo– y diez conservadores, dos menos de los que debería tener porque durante los cuatro años de interinidad del Consejo el vocal Rafael Fernández Valverde se jubiló y Victoria Cinto falleció, a lo que se suma la dimisión de Carlos Lesmes el pasado 9 de octubre para forzar un acuerdo político de renovación que sigue sin llegar.
Sáez, el detonante
De momento, Mozo tiene sobre la mesa la carta de renuncia que Sáez le envió el 13 de marzo y que tiene previsto abordar en el Pleno del día 30 para decidir si la acepta o la rechaza.
En la carta, a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, Sáez plantea su renuncia como «ineludible». En primer lugar, porque el CGPJ lleva caducado más de cuatro años.
Sáez explica que, «por un excesivo y quizá equivocado sentido de responsabilidad», ha venido «aguantando el transcurrir de los meses y de los años no sin inquietud ni incomodidad», pero que «en este momento resulta difícil pronosticar cuándo y cómo se resolverá esa larga crisis que tanta deslegitimación está provocando sobre la imagen de nuestro sistema judicial».
En segundo lugar, la vocal señala a «la incapacidad de tomar determinadas decisiones en el ejercicio ordinario de las competencias de este órgano al tiempo que se clama por la recuperación de competencias impropias de un Consejo en funciones», algo que dice ha terminado por «agotar» su «paciencia».
«Estimo inútil jurídica y políticamente mi continuidad en este escenario de radical y puede que ya irreversible degradación de la institución», concluye Sáez, nombrada a propuesta de Izquierda Unida.
Desde el sector conservador, aunque no son pocos quienes manifiestan esa misma sensación de hartazgo por los cuatro años extra que llevan en el cargo, descartan dimitir al estimar que causaría mayores problemas, sobre todo en la gestión ordinaria del Poder Judicial (bajas, libranzas, comisiones de servicio, etcétera), a lo que suman que la solución deben aportarla las fuerzas políticas, no los propios vocales.
