Vox lleva la 'ley trans' al Constitucional porque «limita las libertades y desasiste a los menores»
La formación sostiene que su articulado vulnera diferentes principios de la Carta Magna y que se trata de «un asalto normativo de la ideología de género»
Dirigentes de Vox tras presentar un recurso contra la ley de Memoria Democrática. | A. Pérez Meca (Europa Press)
La ley trans llega al Tribunal Constitucional. Vox ha registrado este miércoles un recurso contra la normativa, en vigor desde febrero. En su opinión se trata de «un asalto normativo de la ideología de género». La formación que preside Santiago Abascal sostiene que la ley es inconstitucional porque su articulado «vulnera» diferentes principios de la Carta Magna. El texto denuncia que la nueva ley «limita de un modo insoportable la libertad de expresión, ideológica y de empresa» e «impide a los padres prestar la debida asistencia a sus hijos durante su minoría de edad» por impedir la labor de tutela de los menores.
El nuevo recurso que plantea Vox, el número 47 en lo que va de legislatura, ha sido presentado por los vicepresidentes Javier Ortega Smith y Marta Castro; el secretario del grupo parlamentario, José María Figaredo; y la diputada Carla Toscano. El texto sugiere que la norma en su conjunto es inconstitucional porque «vulnera la llamada reserva de ley orgánica con base en la misma doctrina histórica del Tribunal Constitucional».
Los recurrentes consideran que gran parte del articulado quebranta preceptos de la Constitución. Entre otras cosas, Vox sostiene que la ley trans infringe el principio de seguridad jurídica y de legalidad penal, el derecho a la igualdad, la libertad de pensamiento o ideológica, la libertad de cátedra, los derechos de los padres, de las familias y los centros educativos y la especial protección de los niños reconocida en nuestra Carta Magna y en convenios internacionales.
Las razones de Vox
La ley trans impulsada por Irene Montero contó con un amplio respaldo en el Congreso de los Diputados. Contempla la autodeterminación de género para los mayores de 16 años y despatologiza el proceso de cambio de sexo en el registro, por lo que el único requisito es la voluntad de la persona. La ley estrella del Ministerio de Igualdad también prohíbe las terapias de conversión, incluye un régimen de infracciones por discriminación e introduce varios avances para la comunidad LGTBI.
Vox denuncia que la normativa permita que un menor de 12 a 16 años pueda cambiar de sexo sin opinión ni consejo de sus padres (ni tampoco de un informe y asesoramiento médico). En su opinión, «en una cuestión de tanta trascendencia como es la extirpación o modificación del aparato genial no solo impide a los padres ejercer su derecho y deber de guiar, aconsejar y acompañar a sus hijos menores, sino también el derecho de estos a recibir esa ayuda y asistencia».
En referencia a los derechos de los padres, el recurso señala que «no corresponde determinar ni a profesores, ni a editores, ni a la Administración, sino a los padres, conforme el artículo 27.3 de la Constitución, la incorporación de materiales sobre orientación sexual LGTBI en material escolar». La formación verde precisa que el Gobierno tampoco puede imponer dentro del currículo educativo «la aceptación de una ideología concreta como es la de género».
El recurso de Vox afirma que la ley trans pone de manifiesto «la absoluta intromisión del Estado en esferas que debían quedar en el ámbito estrictamente personal» y lamenta que el alcance de las modificaciones afecten al Código Civil, que añade los términos de progenitores no gestante y gestante. «Esta ley es la ley que más daño hace a las mujeres porque elimina nuestra identidad: si cualquiera es mujer, nadie es mujer», sostiene la diputada Toscano.
Inseguridad jurídica
El texto hace referencia a «la multitud de situaciones de inseguridad jurídica» que puede conllevar para las mujeres, citando casos ya ocurridos en España. Entre ellos, el que se originó en un proceso de oposición. O los riesgos aparejados para obtener beneficios penales o penitenciarios, aunque los responsables gubernamentales afirman que estos no existen. También menciona situaciones vividas en otros países, como Escocia, donde dimitió la ministra principal por la aplicación de la ley.
Vox también censura que cualquier persona pueda solicitar un cambio de sexo «sin tener que acreditar nada salvo su mera voluntad de hacerlo». En su opinión, este escenario vulnera el principio de seguridad jurídica y tiene consecuencias, como «un sorprendente incremento de peticiones». «Se están produciendo situaciones dramáticas. Violadores se están declarando mujeres para entrar en cárceles de mujeres», denuncia Ortega Smith.
La formación verde también critica que la nueva ley establezca un supuesto de discriminación positiva «injustificada e irrazonable» a favor de un tipo de organizaciones que, a su juicio, no pueden tener potestad para imponer contenidos. Destaca además que la normativa lleve aparejada «altísimas sanciones económicas», falta de proporcionalidad y la imposibilidad de conocer previamente qué puede ser o no sancionable.
La ley trans fue aprobada en diciembre el Congreso. Obtuvo una amplia mayoría gracias al apoyo del PSOE, aunque contó con la abstención de Carmen Calvo, que fue multada con 600 euros. El Senado enmendó el texto, que fue aprobado definitivamente en la Cámara Baja a mediados de febrero y, días después, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una enmienda de los socialistas, que proponía que los menores de 16 años contaran con una autorización judicial para cambiar de sexo, hizo peligrar la ley.
