Anticorrupción sitúa al Gobierno de Rusia como parte de una estafa de 230 millones de dólares
El órgano español califica de «ficticia» la sentencia de un tribunal de Moscú que condenó al inversor William Browder por el ‘caso Magnitsky’, de 2007
Fachada de sala de vistas de la Audiencia Nacional, a 11 de abril de 2023, en Madrid (España). | Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)
La Fiscalía Anticorrupción ha señalado que no se opone a que se libre una comisión rogatoria a Rusia para recabar la sentencia del Tribunal de Distrito de Moscú Tverskoy por la que se condenó al presidente de Hermitage Capital Management LTD, William Browder, pero advierte de que la consideran una resolución «ficticia» y avisa de que la administración rusa participó en la defraudación de los 230 millones de dólares que está en el origen del caso Magnitsky.
Así consta en el informe de Anticorrupción, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se indica que esa sentencia —que se solicita a petición de una de las investigadas— «forma parte del mecanismo defraudatorio que acabó con el asesinato de Sergey Magnitsky», el abogado ruso contratado por Browder y que, tras descubrir la trama criminal, fue detenido y acabó muriendo en una celda a la edad de 36 años.
En esta causa, de la que se ocupa el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, se investiga el blanqueo en España de al menos 35 millones de euros procedentes de esos 230 millones de dólares que se sustrajeron a la Hacienda Pública de Rusia mediante una estafa en el año 2007. En esta trama, bautizada como el caso Magnitsky, estuvieron involucrados presuntamente funcionarios del Gobierno de Vladimir Putin.
Ahora, tras recibir el informe de los fiscales del caso, Moreno ha dictado un auto, al que también ha tenido acceso Europa Press, en el que acuerda la emisión de esa comisión rogatoria a las autoridades competentes de la Federación Rusa para que faciliten esa sentencia y expliciten si es firme. Cabe recordar que la sentencia condenó a Browder a nueve años de prisión en una colonia penal por evasión fiscal.
Advierte el magistrado que esta solicitud de cooperación judicial internacional debe ser remitida a través del Ministerio de Justicia con los requisitos formales establecidos en el convenio Europeo de asistencia Judicial en Material Penal de 20 de Abril de 1959 del que España y la Federación Rusa son parte.
A pesar de la sospecha que tiene Fiscalía de que esa sentencia rusa forma parte del engranaje que permitió el fraude, en su escrito no se oponen a solicitarla porque la diligencia «es coherente con la necesidad de defensa» de la persona investigada que lo solicitó.
Rusia y el ‘caso Magnitsky’
Según el primer escrito de Anticorrupción, por el que Moreno abrió la causa, el caso se remonta a 2017, cuando el empresario Bill Browder, de Hermitage Capital, denunció en España el presunto blanqueo de dinero procedente de los 230 millones de dólares que la Hacienda rusa debía devolver a sus empresas en el año 2007 y que le fue estafado por una organización criminal con ramificaciones en la administración rusa.
Precisamente, Hermitage Capital investigó por su cuenta este asunto cuando comenzó a demorarse el reembolso de los fondos y contrató a Magnitsky. El letrado acabó desvelando que la Policía había confiscado fraudulentamente documentación a tres filiales rusas de la empresa y se había suplantado su titularidad para que una organización criminal, la KOCG, cobrase aquel dinero.
Desde entonces, condena internacional mediante y con una ley, la Magnitsky Global Act, aprobada en su honor en Estados Unidos para combatir la corrupción y las vulneraciones de Derechos Humanos, numerosas jurisdicciones de distintos países están tras la pista del destino del dinero, que ha venido viajando desde 2008 a través de sociedades pantalla y cuentas en países como Estonia, Letonia o Ucrania hasta acabar, como sería este caso, en bancos españoles.
La Fiscalía detalló en su escrito de denuncia un listado de transferencias y solicitó que todos los receptores que aparecen sean llamados a declarar a la Audiencia Nacional en calidad de investigados por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo continuado de capitales.
De este modo, España se sumaba a la lista de países que investigan a la KOCG y su red internacional de blanqueo por haber sido destinatarios de fondos de origen ilícito. El Congreso ya se pronunció sobre este asunto, con una proposición no de ley en línea con la condena internacional que suscitó el asesinato de Magnitsky.
