Llop intenta frenar un efecto dominó tras subir el sueldo a los letrados de la Justicia
El incremento de 450 euros concedido solivianta al resto de estamentos, que han convocado huelga o están pensando hacerlo para mejorar sus condiciones
Los funcionarios de Justicia durante la manifestación del miércoles. | Carlos Luján (Europa Press)
La Justicia está en pie de guerra contra el Gobierno. Los letrados de la administración de Justicia (LAJ) consiguieron a finales de marzo, tras dos meses de huelga, un aumento salarial de 450 euros al mes, lo que ha soliviantado al resto de estamentos. Un efecto dominó que intenta frenar el departamento dirigido por Pilar Llop. Los funcionarios judiciales llevan una semana de paros. El jueves se reunieron con un representante del ministerio, pero no les presentó ninguna propuesta económica y las posturas continúan alejadas.
El Gobierno tendrá que rascarse el bolsillo en un annus horribilis para Justicia si quiere recuperar la paz social. En el horizonte aparece la protesta que realizarán el 27 de abril los abogados del turno de oficio, que exigen mejoras en sus condiciones laborales, y la amenaza de huelga que han realizado algunas asociaciones de jueces y fiscales, que reclaman un incremento salarial en consonancia con las medidas aprobadas por Llop.
«En la reunión del jueves no se produjo ningún avance sustancial. Esperamos que el lunes nos hagan alguna oferta económica», explica Luis Calero, representante de CCOO. Los sindicatos reclaman una subida salarial en línea con la aprobada para los LAJ e instan a paralizar la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa porque, a su juicio, impone nuevas condiciones laborales sin negociación previa a los 45.000 funcionarios que conforman la plantilla.
Conflicto con Llop
Calero reconoce que el único avance en la reunión con el Ministerio de Justicia se circunscribe a esa cuestión. El Ejecutivo se mostró dispuesto a demorar la tramitación parlamentaria de la nueva norma. «Nos sentimos agraviados y ninguneados por el Gobierno. Parece que el trabajo en los juzgados solo lo hacen los LAJ, que apenas representa un 7% de los trabajadores de Justicia y, además, son los más privilegiados», subraya el portavoz de CCOO.
A finales de marzo, los LAJ aceptaron un complemento salarial de entre 430 y 450 euros mensuales para poner fin a la huelga de dos meses con la que habían echado un pulso al Gobierno. Durante ese tiempo se suspendieron 400.000 juicios y se acumularon 480.000 demandas. Los expertos señalan que la administración judicial tardará años en recuperar la normalidad. El departamento de Llop ha constituido un grupo de trabajo para estudiar alternativas, como estaba previsto en el acuerdo.
«La normalidad tampoco existía antes de la huelga de los LAJ. Existe un atasco estructural por falta de medios y estos conflictos agravan el problema», reconoce Calero. Los sindicatos de funcionarios cifran en 3,5 millones los expedientes que se han paralizado tras cinco días de paros, que también ha supuesto que se suspendan miles de juicios, algunos tan mediáticos como el del presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Orange Market, una de las empresas vinculadas a Gürtel.
Javier Jordán, responsable del CSIF, el sindicato mayoritario en Justicia, señala al Gobierno como «el único responsable» de la situación. Le apremia a que en la reunión que mantendrán el lunes a mediodía les presente «por fin» una oferta económica. Una portavoz del departamento de Llop explica a THE OBJECTIVE que, por respeto a las negociaciones, no avanzan el contenido ni las propuestas.
«Unos privilegiados»
«Vamos a llegar donde haga falta llegar para que el Gobierno nos tome en serio», insiste Jordán. En la misma dirección se expresa Calero, para quien Llop ha querido solucionar el problema de Justicia «beneficiando solo a unos privilegiados» cuando en este trabajo «todo el equipo es importante». Los LAJ han conseguido un aumento salarial del 8%, pero las fuentes consultadas por este diario reconocen que los sindicatos pactaron a finales de año mejoras para todos los estamentos.
Un fiscal señala que los letrados de la administración de Justicia fueron por libre. Asegura que el Gobierno «aceptó sus exigencias y ahora tiene un problema porque el resto de profesionales van a pedir lo mismo». Entre ellos los jueces, que tienen previsto reunirse con el departamento de Llop el 3 de mayo. Ese día se celebra la mesa de retribuciones, un órgano previsto en la ley para revisar salarios en el que también interviene el Ministerio de Hacienda.
Las asociaciones judiciales llevan meses esperando el cónclave. Se convocó en octubre del año pasado, pero se suspendió, lo que provocó un enorme malestar. Algunas organizaciones de jueces y fiscales han llegado a consultar a sus miembros si están dispuestos a ir a la huelga, aunque con resultado dispar. Dieron un paso al frente durante la huelga de los LAJ, cuando reclamaron una reunión urgente con Llop por «los reiterados incumplimientos» de la ley que regula su régimen retributivo.
Quienes no pueden convocar paros son los abogados del turno de oficio. Lo tienen prohibido porque la tutela judicial es un derecho fundamental. No obstante, no piensan quedarse de brazos cruzados: una veintena de asociaciones acudirán el 27 de abril a una concentración frente al Congreso para reclamar, entre otras cosas, una remuneración digna (varía según la región), la actualización de los baremos y el derecho al descanso.
