Los letrados de la España vacía cobrarán 400 euros menos que el resto a pesar de la huelga

Los letrados de la Administración de Justicia trabajan ya a pleno rendimiento. El Gobierno ha tenido que rascarse el bolsillo para poner fin al conflicto que han mantenido durante lo dos últimos meses. Los profesionales recibirán un complemento salarial que oscila entre los 430 y los 450 euros mensuales, según el nivel al que pertenezcan. No obstante, desde el Comité de Huelga admiten que les queda «una sensación agridulce», ya que no han conseguido la equiparación. Los trabajadores de las pequeñas poblaciones y la España vacía seguirán cobrando unos 400 euros menos que el resto de sus compañeros.

Estos letrados conforman el denominado grupo 5 de población, que se corresponde con los destinos de la llamada tercera categoría de secretarios judiciales. Su ámbito de actuación son las localidades pequeñas y las zonas rurales. Seguirán cobrando una cantidad inferior a la de sus colegas a pesar del compromiso que alcanzaron en marzo del año pasado con el departamento que dirige Pilar Llop para reducir estos grupos a tres y conseguir una retribución adicional.

En esa circunstancia se encuentran 600 de los 4.400 letrados que existen en España, un 13,6% de la plantilla. El compromiso de las asociaciones convocantes era alcanzar la ansiada equiparación salarial, pero ambas partes han tenido que «renunciar a aspectos importantes» para llegar a un acuerdo, reconoce Juan José Yáñez, portavoz de los letrados.

Letrados en zonas rurales

«Este grupo seguirá teniendo una retribución inferior al resto. Nos hubiese gustado que no fuese así, pero el complemento específico también les beneficia. Seguiremos luchando», reconoce Yáñez. En su opinión, el sistema «perjudica» a los miembros de estas plazas más pequeñas, que además de tener un salario más bajo que el de sus compañeros cuentan «con menos servicios y menos medios».

Los grupos de población en los que se integran los letrados, antiguos secretarios judiciales, son cinco. Dependen del número de habitantes. En el grupo 1 se encuentran Madrid y Barcelona, las dos grandes urbes de nuestro país. En el segundo se encuentran grandes poblaciones como Valencia, Sevilla, Málaga o Bilbao. Y así sucesivamente. No obstante, estos grupos no están vinculados con la categoría ni la antigüedad.

El régimen retributivo de los letrados lo establecen dos reales decretos, uno de 2003 y otro de 2009, dependiendo de si desempeñan funciones en partidos donde no se ha implantado la nueva oficina judicial o en aquellos en los que ya desarrollan las nuevas atribuciones por las que estos profesionales demandaban una actualización económica.

Los trabajadores que se rigen por la primera norma cuentan con un componente fijo, determinado por la categoría y la antigüedad, y otro variable, que depende del rendimiento. Por el primero tienen derecho a un complemento de 600 euros al año por trienio, según el documento de Retribuciones de Personal Funcionario. El salario medio de estos trabajadores oscila entre los 39.000 y los 60.000 euros.

Los letrados que obran en virtud a la normativa de 2009 cobran un complemento según la población en la que ejercen que oscila entre los 10.951 euros a los 18.710 euros anuales. Esta última cantidad es a la que perciben los profesionales emplazados en Madrid y Barcelona. Según fuentes gubernamentales, reciben un sueldo anual que varía entre los 44.000 y los 68.900 euros.

Los letrados que ejercen en el grupo 5 también se van a beneficiar de la subida de más de 400 euros consensuada con el Ministerio de Justicia. El acuerdo no solo tiene un componente económico, aunque no incorpora demandas para mejorar las prestaciones que recibe el ciudadano. «Que los trabajadores estén retribuidos correctamente redunda en un mejor servicio para la ciudadanía», alega Yáñez.

Recuperar la actividad judicial

El acuerdo incluye mecanismos para fomentar la participación de los letrados en los proyectos de transformación de la Justicia, explica el departamento que dirige Llop en una nota. También se han constituido grupos de trabajo con las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado para abordar la vuelta a la normalidad de la actividad judicial. La fecha límite para volver a verse es el 10 de abril.

Durante los dos meses que ha durado la huelga de letrados se han suspendido 400.000 juicios, se han acumulado 480.000 demandas que siguen pendientes y se han retenido más de 1.500 millones de euros en las cuentas de consignaciones. «Será necesario aprobar planes extraordinarios, programar horarios y nuevas jornadas de trabajo. Con los tiempos ordinarios será muy difícil», destaca Yáñez.

Varios colegios de abogados reclaman a Justicia medios extraordinarios para reactivar la actividad judicial. Sostienen que en estos dos meses de conflicto se han aplazado «el 35% de los señalamientos» y derechos fundamentales como el acceso a una tutela efectiva y la defensa. El decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, ha solicitado a Llop más medios humanos y materiales para desbloquear el sistema «sin el sacrificio de la conciliación de los profesionales».