Jueces y fiscales convocan una huelga indefinida a partir del 16 de mayo
Las asociaciones convocan la huelga ante el «decepcionante» resultado de las reuniones con el Ministerio de Justicia
Imagen de la mano de un juez. | Eduardo Parra (Europa Press)
Las asociaciones de jueces y fiscales han convocado una huelga indefinida de las Carreras Judicial y Fiscal a partir del día 16 de mayo de 2023 tras el fiasco de las negociaciones salariales con el Gobierno.
Las asociaciones judiciales se reunieron con el Ministerio de Justicia el pasado 31 de marzo, mientras que las asociaciones fiscales lo hicieron el 4 de abril. Unas negociaciones que no prosperaron y que han llevado a las asociaciones a convocar la huelga ante el «decepcionante» resultado de las reuniones.
Tras las reuniones mantenidas con el Ministerio de Justicia los días 31 de marzo (las Asociaciones Judiciales) y 4 de abril (las Asociaciones Fiscales), anunciamos nuestra intención de elaborar un calendario de medidas de presión.
Concretamente, ha sido la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales las convocantes de la huelga.
Por su parte, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, compartiendo el diagnóstico de la situación y las mejoras necesarias para superar el estancamiento actual de nuestro sistema judicial (incluyendo las condiciones profesionales de los miembros de las Carreras Judicial y Fiscal), han estimado oportuno esperar a conocer el planteamiento del Ministerio de Hacienda en la reunión de la Mesa prevista para el día 3 de mayo, sin renunciar a adherirse a la convocatoria de huelga en función de su resultado.
«Todas las Asociaciones Judiciales y Fiscales manifestamos nuestro firme propósito de trabajar para alcanzar un acuerdo que evite tener que poner en marcha las medidas de presión anunciadas, desde la misma buena fe que nos ha animado hasta ahora», aseguran en un comunicado.
Las asociaciones denuncian que los Presupuestos Generales del Estado en materia de dotación del servicio público que constituye la administración de Justicia son insuficientes. «Las cargas de trabajo que tienen los tribunales y fiscalías afectan tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura y los miembros de la fiscalía, y todo se fía a planes de refuerzo y a la dedicación de profesionales, que no puede ser el único remedio a la sobrecarga y la elevada litigiosidad».
Por otro lado, también denuncian que en octubre de 2022 y tras meses de conversaciones, el Ministerio de Justicia desconvocó sin explicaciones la llamada Mesa de Retribuciones, órgano legalmente previsto para la revisión de las retribuciones de las Carreras Judicial y Fiscal, apenas unos días después de haberla convocado formalmente.
