El juez procesa a 42 personas por irregularidades en la empresa Acuamed
El exdirector de la empresa pública habría recibido dádivas de empresas, como un implante capilar en Turquía por valor de 4.500 euros
Sede de Acuamed. | Europa Press
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha procesado a un total de 42 personas en el conocido como ‘caso Acuamed’, donde se ha investigado la adjudicación y ejecución de forma presuntamente irregular de una veintena de obras hidraúlicas y medioambientales en la cuenca del Mediterráneo.
En un auto, fechado este mismo martes y que ha sido recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 considera que los hechos son constitutivos de los delitos de corrupción en los negocios, falsedad documental, fraude a la administración, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.
La resolución del magistrado recorre todas las obras investigadas de Acuamed, que era quien tenía las competencias que corresponden a la Administración General del Estado en materia de ejecución y explotación de obras hidráulicas.
Entre esas obras se encuentran el sistema de dotación de agua desde el embalse de Cerro Colorado al Valle del Guadalentín (Murcia); el proyecto constructivo de las obras complementarias de la planta desaladora del Campo Dalias, Balsas del Cañuelo y la Redonda (Almería); el expediente de proyecto modificado de las obras de control y laminación de avenidas en la cuenca media del río Serpis (Valencia); el contrato de redacción del proyecto, ejecución de las obras y operación y mantenimiento de la planta desaladora de Torrevieja (Alicante) o las obras de eliminación de la contaminación química en el embalse de Flix (Tarragona).
El juez da por indiciariamente acreditadas, tal y como expuso en su informe la Fiscalía, las irregularidades cometidas en cada uno de los contratos con el objeto de favorecer a determinadas contratistas. De acuerdo con el auto, a cambio de las adjudicaciones algunos de los procesados recibían diferentes dádivas.
Un implante de pelo para Arcadio Mateo
En el caso del principal investigado, el exdirector general de Acuamed Arcadio Mateo, señala que obtuvo de las empresas contratistas dichas dádivas en forma de viajes y estancias dentro y fuera de España e incluso un implante de pelo en Turquía por valor de 4.500 euros.
De hecho, refleja que desde su llegada al cargo en febrero de 2012 ya fue contactado por empresarios como Manuel Moreno –dedicado a las tuberías– para ganarse su favor y obtener contratos de la empresa pública.
Así, apunta que a la luz de los datos de la investigación «se conoce la relación personal y profesional» que se entabló entre este contratista y Mateo, «relación que derivó en una estrecha amistad y se mantuvo al menos durante el tiempo en que ejerció el puesto y que suscitó el interés de éste sobre la situación del mercado de las tuberías y su incidencia en las obras públicas hidráulicas gestionadas por la sociedad estatal, y le procuró contactos con empresas proveedoras habituales.
De esta forma, asevera el juez, Mateo desde su posición «comenzó a interferir en decisiones empresariales que no incumbían a la sociedad estatal, sobre la elección de los proveedores o suministradores de tubería en los contratos de obras hidráulicas de Acuamed, y que correspondía hacer a los adjudicatarios».
En algunos de esos contratos, las comunicaciones intervenidas, indica el juez, evidencian que desde Acuamed se actuaba al margen de los criterios técnicos que debían guiar la actuación de la empresa pública en la gestión de los intereses generales, se facilitaba el trabajo al contratista permitiéndole intervenir en la redacción de los informes que la empresa pública debía emitir, variando para ello los conceptos y los importes a incluir en la liquidación de las obras y en la reclamación a conveniencia del mismo hasta alcanzar los mínimos que se habrían pactado, con independencia de cuál fuera la realidad de la obra.
El auto subraya que el que fuera director de Ingeniería y Construcción de esta sociedad estatal hasta abril de 2014, Francisco Valiente, y más tarde el gerente territorial Gracia Ballesteros presentaron ante diversas instancias del Ministerio y de Acuamed escritos comunicando las graves irregularidades detectadas en el ejercicio de sus cometidos en unas concretas actuaciones de la empresa pública.
«Como toda respuesta se dejó de atender al primero y se le cesó, y se apartó de su estudio al Abogado del Estado Coordinador jefe del Convenio de Gestión Directa suscrito con Acuamed, tal y como él mismo declaró, contratándose por la sociedad estatal a unos asesores externos», asegura el auto. Igualmente, Gracia Ballesteros fue removida de su puesto.
El crédito del BEI
El auto relata también que el día 14 de junio de 2012 se firmó el contrato crédito de financiación entre el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente por un importe de hasta 500 millones de euros que solicitó Acuamed para sufragar costes propios de actividad en relación con la construcción de diferentes infraestructuras hidráulicas como presas, desalinizadoras, balsas o canalizaciones.
Antes de la firma del contrato de préstamo, Arcadio Mateo, que conocía que su tramitación estaba en curso, decidió de forma unilateral invertir el capital público recibido del préstamo solicitado colocando el mismo en diversas entidades bancarias y contratando a un asesor para que colaborara con él en estas actividades, señala el magistrado.
«De este modo, Arcadio Mateo del Puerto, excediéndose en las funciones que tenía atribuidas, y con el apoyo de Francisco López Berrocal, habría realizado actividades especulativas con el dinero del préstamo BEI, formando una cartera de inversión a largo plazo de títulos del estado en entidades como BBVA, Santander, Unicaja y Caja laboral, actividad que se aleja del objeto social de Acuamed, haciendo caso omiso a las advertencias que le llegaban de la Dirección General de Patrimonio del Estado (DGPE)», concluye.
