Los melillenses tendrán que identificarse para votar por correo en cualquier punto de España
La Junta Electoral Central ratifica la decisión del órgano de zona y exige la medida en el resto de oficinas nacionales de Correos de forma excepcional
Oficina de Correos en Melilla. | Ilies Amar (Europa Press)
Decisión salomónica para evitar el fraude electoral en Melilla. La Junta Electoral Central ha acordado este jueves ampliar a toda España la obligación de que los votantes por correo de la ciudad autónoma tengan que identificarse a la hora de depositar su voto. Un día antes, el órgano de zona acordó que los ciudadanos que se decidieran por esa fórmula debían demostrar su identidad mediante cualquier documento válido a la hora de entregar la papeleta. El Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad ha pedido a la Policía Nacional que investigue los hechos, que se mantienen bajo secreto.
Correos solo ha validado 704 votos por correo en Melilla de las más de 11.000 peticiones solicitadas para las elecciones municipales del 28-M, lo que supone casi un 20% del censo. La juez que investiga el posible fraude electoral ha ordenado identificar a cualquier persona que vaya a estas oficinas con más de un voto. El entramado aprovecharía un fallo del sistema, ya que la ley solo establece la obligación de identificarse cuando se recoge la documentación, no a la hora de depositar la papeleta.
En un acuerdo al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Junta Electoral Central ha confirmado la decisión de la Junta Electoral de Zona, que este miércoles exigió que los electores que acudan a las oficinas de Correos de Melilla se debían identificar con DNI, pasaporte u otro documento válido a la hora de entregar el voto. Lo hizo tras confirmar que las solicitudes de esta modalidad en la ciudad multiplicaba por siete la de otros territorios de la península.
Melilla bajo la lupa
En el segundo punto del acuerdo, y de manera excepcional, la Junta Electoral Central ha decidido exigir la misma medida «en el resto de oficinas de Correos del territorio nacional cuando se trate de documentación electoral dirigida a alguna de las Mesas de la Ciudad Autónoma de Melilla». Los residentes consultados por este diario sostienen que el fraude en el voto por correo no les pilla por sorpresa, ya que se produce «desde hace muchos años».
Las solicitudes de voto por correo registradas en Melilla siempre han superado la media nacional. En las elecciones generales de noviembre 2019 el porcentaje estuvo cerca del 11% del censo, tres puntos más que en las municipales y en las generales de ese mismo año. El origen de las sospechas en esta ocasión se sitúa en la sustracción de documentación electoral a los propios carteros. Las papeletas fueron anuladas gracias al bloqueo de los códigos identificativos.
Un escenario que llevó a PP, Vox y Podemos a pedir a la Junta Electoral de Zona que exigiera la identificación del elector para evitar «un fraude masivo» el 28-M en Melilla. El organismo acordó que, a partir de este jueves, los votantes por correo de la ciudad autónoma tengan que identificarse antes de entregar el voto.
La medida contó con la oposición del vocal propuesto por Coalición por Melilla (CPM), el partido que lidera Mustafa Aberchán, inhabilitado tras ser condenado por las irregularidades en el voto por correo en las elecciones generales de 2008. Una pena que le deja fuera de las papeletas en estos comicios.
Voto particular
Antonio S. Zapata Navarro emitió un voto particular en el que disentía del parecer mayoritario al considerar que la medida no está prevista en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). En su opinión, el acuerdo del órgano de zona contradice la doctrina de la Junta Electoral Central e invade competencias del legislador.
Una posición que sorprendió a la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, que hizo una valoración positiva del acuerdo en su perfil de Twitter. La dirigente ha pedido en TVE cautela para que la investigación policial se desarrolle hasta el final. Además, sostiene que «de ser ciertas» las presuntas irregularidades «pueden rondar el 20%» de un censo total de 55.000 electores, lo que repercutiría en siete de los 21 representantes de la Asamblea, un tercio.
