Transparencia obliga al Gobierno a entregar los informes secretos del rescate a Vivanta
El Ejecutivo, que pagó 40 millones de euros para salvar al grupo dental, tiene diez días para facilitar los expedientes «confidenciales» que denegó al Congreso
Foto de archivo de una clínica de Vivanta. | Europa Press
Varapalo del Consejo de Transparencia al Gobierno de Pedro Sánchez. En una reciente resolución, el organismo ha desmontado todos los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo para ocultar en varias ocasiones al Congreso de los Diputados unos informes cuyo contenido declaró «secreto» y de «carácter reservado». Hablamos de los expedientes que contienen los detalles del rescate de 40 millones de euros concedidos por el Gobierno y la SEPI al grupo de clínicas dentales Vivanta.
Salvo que interponga un recurso ante la Audiencia Nacional, Hacienda y la SEPI tendrán que entregar en un plazo de diez días al Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España todos los informes por los que el Consejo de Ministros y la SEPI concedieron a ese grupo dental un préstamo participativo de 20,4 millones y otro ordinario de 19,6 millones del Fondo de Apoyo para la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee).
El Consejo General de Odontólogos, igual que hicieron PP, Ciudadanos y Vox en el Congreso, había solicitado a través de Transparencia los informes que explicarían por qué Moncloa consideró «empresa estratégica» a un grupo que contaba tan solo con 200 de las 23.000 clínicas dentales que hay en España y cuyo accionariado está controlado por los fondos Ares Management y Portobello Capital. Hacienda y la SEPI se negaron, esgrimiendo los mismos argumentos por los que denegó a la oposición los expedientes del rescate.
Sin embargo, en su resolución final, Transparencia ha dado la razón a los odontólogos y ha decretado que «existe un elevado interés público en conocer la justificación del rescate» y su «vinculación a la concesión de ayudas públicas». Hacienda y la SEPI tendrán que entregar todos los «informes y documentos en los que se refleje la consideración del Grupo Vivanta como una empresa estratégica para acogerse al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas».
Transparencia cree que debe primar «el derecho de acceso a la información pública». El Gobierno se había negado a entregar los informes del rescate amparándose en el Real Decreto 25/2020. «Toda la información y documentación correspondiente a los expedientes tramitados y/o autorizados con cargo al Fasee tiene carácter reservado», había indicado ya el Ejecutivo meses antes en tres respuestas parlamentarias dirigidas a PP, Cs y Vox. «Existen razones fundadas en derecho para no facilitar la información solicitada», añadía el Gobierno.
En la resolución en la que da la razón al Consejo de Odontólogos de España, el organismo desmonta otros de los argumentos utilizados por el Gobierno. «Resulta evidente el interés público en conocer los documentos objeto de esta solicitud de acceso elaborados en el marco de un procedimiento de concesión de ayudas públicas a una entidad empresarial con cargo al Fasee».
Sobre el posible daño reputacional a Grupo Vivanta aludido por el Gobierno para evitar hacer públicos los informes, Transparencia considera que «no resulta suficiente» referirse a «una posibilidad incierta, sino que el perjuicio debe ser definido, indubitativo y concreto». «Y el daño sustancial real, manifiesto y directamente relacionado con la divulgación de la información», añade.
La jurisprudencia del Supremo
El Ejecutivo se había escudado también en las sentencias del Tribunal Supremo que avalaron la confidencialidad de los expedientes de otros rescates de la SEPI, como el de la aerolínea Plus Ultra. Sin embargo, Transparencia señala que esa jurisprudencia no resulta «incompatible» con otras sentencias del Alto Tribunal de las que «se deduce inequívocamente» que la declaración de confidencialidad «no puede ser interpretada en términos absolutos y excluyentes» frente al derecho de acceso a la información. Salvo que se exponga una «motivación detallada» y concreta que lo justifique, añade.
Amparándose en el carácter secreto y reservado de la información solicitada, el Gobierno se había negado hasta ahora a responder muchas cuestiones claves planteadas por la oposición sobre el rescate a Vivanta. Como reveló este diario, la compañía registraba una delicada situación económica mucho antes de la irrupción de la pandemia de la covid-19. De hecho, sus cuentas reflejan que acumuló 74,7 millones de euros en pérdidas en los tres ejercicios anteriores a la pandemia y que en 2019 cerró su balance con un patrimonio neto negativo de 22,8 millones de euros.
Una realidad que llevó a la oposición a poner en duda la idoneidad de la asignación a Vivanta de 40 millones de euros de dinero público del Fasee, que en teoría solo se podía conceder a compañías «estratégicas» que hubieran sido plenamente viables antes de la pandemia y que hubieran incurrido en dificultades como consecuencia de la covid.
La sociedad fue creada en 2017 por el fondo Portobello Capital mediante la adquisición de las marcas y clínicas de Unidental, Grupo Láser 2000, Dr. Senís, Plénido y Avandent, entre otras. Esto supone que en sus primeros tres años de vida como sociedad independiente Vivanta acumuló pérdidas de 74,7 millones, muy lejos de la «solvencia» que pedía la SEPI antes de la covid para conceder estas ayudas. De hecho, en 2019, 13 de las 23 sociedades que grupo Vivanta consolida en sus cuentas registraron pérdidas, más de la mitad de todo su perímetro.
