La Justicia impide que la policía analice el móvil infectado del abogado de Junqueras
La Fiscalía pidió a la jueza que requiriera el móvil para que la policía judicial llevara a cabo una pericial informática con el fin de «complementar» la que había aportado
La Audiencia de Barcelona ha vetado que la policía judicial analice el móvil de Andreu Van den Eynde, abogado del líder de ERC Oriol Junqueras, para investigar si fue espiado con el software Pegasus, una prueba que solicitó la Fiscalía y a la que se opuso el propio letrado.
En un auto, al que ha tenido acceso EFE, la Audiencia de Barcelona ha revocado la decisión de la jueza instructora de encargar a la policía judicial una prueba pericial sobre el alcance del espionaje al teléfono de Andreu Van den Eynde y ha dado la razón al abogado, que se negaba a entregar su móvil.
No es el único caso en que la Justicia ha acordado requerir los móviles supuestamente infectados para averiguar cuánta información se pudo extraer mediante el software malicioso: también se requirió el teléfono al conseller Roger Torrent y al concejal de Barcelona Ernest Maragall, de ERC, así como a Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, sin que accedieran a entregarlo.
Los miembros de la CUP y Òmnium Cultural afectados por el espionaje se han negado asimismo a entregar sus móviles al juzgado para que los analice la policía, pero se han ofrecido a aportar una copia de los mismos certificada por un notario, de la que se excluyan los datos considerados reservados, han explicado a EFE fuentes judiciales.
El espionaje con Pegasus, un software que la empresa israelí NSO comercializa en principio solo a Estados, afectó a más de 60 personas del entorno independentista, además del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra Margarita Robles, unas infecciones que se están investigando en paralelo en distintos juzgados, la mayoría de ellos de Cataluña.
En la querella que presentó por el ataque a su teléfono, el abogado de Junqueras aportó un informe pericial que confirma que su móvil fue infectado entre abril y mayo de 2020, en pleno confinamiento, cuando asegura mantuvo 16 reuniones sensibles de relevancia política.
La Fiscalía, no obstante, pidió a la jueza que requiriera el móvil al abogado para que la policía judicial llevara a cabo una pericial informática con el fin de «complementar» la que él había aportado, al considerar que el informe de Van den Eynde no aclara si se extrajeron datos de su teléfono ni aporta elementos para determinar la autoría de los hechos.
En su auto, la Audiencia sostiene que no ve «necesaria» esa ampliación de la pericial informática solicitada por la Fiscalía, al entender que «el simple acceso inconsentido a los datos» del teléfono de letrado sería delito, al margen de su utilización.
Además, el tribunal recuerda la «negativa» del querellante a entregar su teléfono para que se practique la prueba de extracción de datos, «sin perjuicio del derecho que le asiste» a ampliar dicho informe pericial si lo considera necesario.
Por otra parte, la Audiencia de Barcelona estima el recurso del letrado y ordena requerir al CNI información sobre la compra de Pegasus y su posible uso para espiar el móvil del querellante, aunque descarta por el momento citar a declarar a la directora el CNI, Esperanza Casteleiro.
El auto ordena asimismo a la instructora que cite como investigado al responsable de la empresa OSY Technologies, integrada en NSO Group, una diligencia a la que se oponía el fiscal, y le requiera documentación relativa sobre los clientes que puedan haber usado Pegasus en España.