'Caso Popular': ejecutivos de PwC apuntan a la gestión de Saracho y piden ser desimputados
Los auditores externos solicitan el archivo de las actuaciones y señalan a la mala gestión de la comunicación corporativa como causante de la resolución del banco
Imagen de archivo del Banco Popular | Europa Press
Los dos auditores de PwC imputados por el ‘caso Popular‘ piden al juez que archive las actuaciones en su contra y apuntan a la mala gestión de la comunicación corporativa durante la presidencia de Emilio Saracho como principal causante de la liquidación del Banco Popular y de su posterior venta al Banco Santander a cambio de un euro, pese a contar con un patrimonio de 11.000 millones de euros en activos.
En un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los socios de PwC que se encargaron de auditar las cuentas de la entidad entre 2015 y 2017, José María Sanz Olmeda y Pedro Barrio, han defendido su actuación y han pedido el sobreseimiento de la causa para ellos.
«Podemos concluir que, en relación a los auditores externos, la presente instrucción ha demostrado que actuaron correcta y diligentemente al desarrollar su trabajo y que fueron ajenos a los hechos que han sido objeto de las distintas líneas de investigación seguidas en la presente causa», indican en su escrito, presentado el pasado 26 de mayo, tras el final de la última prórroga del plazo de instrucción de una causa que se ha prolongado durante casi seis años.
Sostienen que nunca tuvieron capacidad de decisión sobre las ampliaciones de capital aprobadas por la entidad y subrayan que «la aplicación de criterios contables» distintos a los recomendados por el Banco de España hasta noviembre de 2016, como eran las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), no puede ser interpretada penalmente como un delito de falsedad de cuentas. Y añaden, en el mismo sentido, que «las conductas» de ambos «en la ejecución de sus trabajos de auditoría de cuentas del Banco Popular no son constitutivas de delito».
Filtraciones en la etapa de Saracho
Asimismo, en su escrito remitido al magistrado que indaga en las presuntas irregularidades contables de la entidad, los socios de PwC apuntan a las filtraciones a los medios de comunicación efectuadas tras la llegada de Saracho a la presidencia del Banco Popular, en sustitución de Ángel Ron, como principales causantes de la resolución de la entidad en junio del año 2017.
En concreto, los auditores de PwC apuntan a la filtración de una noticia publicada el 11 de mayo de ese año por el diario El Confidencial en la que se informaba de que Saracho había contratado a JP Morgan y Lazard para que pusieran en marcha «la venta urgente de la entidad, en riesgo por la salida masiva de depósitos por parte de clientes particulares e institucionales». También aluden a otra noticia del 31 de mayo de 2017 en la que se anunciaba que la Junta Única de Resolución de la UE estaba preparando la liquidación de la entidad y que el Gobierno de Mariano Rajoy había descartado conceder ayudas públicas al Banco Popular para solventar su problema de liquidez.
Para sostener su tesis de que la mala gestión de la comunicación corporativa habría sido la causante de la resolución del Banco Popular, citan literalmente el reciente informe aportado al juez por los peritos de PwC: «Los peritos destacan en su informe dos noticias que, por la gravedad de su mensaje y por coincidir en el tiempo con impactos relevantes de la cotización en Bolsa y retiradas de depósitos significativas pudieran tener relación con esta desestabilización».
Espaldarazo a Ángel Ron
Como ya ocurriese con el último informe aportado a la causa por PwC, el nuevo escrito de los auditores imputados en la causa ha supuesto un espaldarazo a las cuentas publicadas durante la etapa de Ángel Ron como presidente del Banco Popular; es decir, hasta diciembre de 2016. La antigua firma auditora del Popular está imputada en la causa junto a Ron y al también expresidente de la entidad Emilio Saracho (diciembre 2016-julio 2017).
El final de la instrucción ha mostrado que PwC concluye la instrucción con una estrategia de defensa más próxima a las tesis de Ron que a las de Saracho. El primero siempre ha defendido que la entidad tenía un problema de liquidez pero no de solvencia, mientras que su sucesor último atribuye las culpas desde el inicio de la causa a Ron y al que fuese consejero y accionista mayoritario de la entidad, el mexicano Antonio del Valle.
