El auditor del Popular ante el juez: «La tasación se hacía igual en todos los bancos españoles»
THE OBJECTIVE accede a la declaración íntegra del socio de PwC que auditó al Banco Popular hasta 2015: «El BCE no puso ninguna objeción a las cuentas»
Sede del Banco Popular. | Victor Serri
Fue el último de los imputados en declarar ante el juez del caso Popular en la Audiencia Nacional. Y su testimonio podría haber sido clave para dilucidar si finalmente se llevan a juicio o no las presuntas irregularidades contables en los criterios de tasación elegidos por los exresponsables del Banco Popular para estimar el valor de sus inmuebles. «Se hacía en este banco y en todos los bancos con una tasación ECO», afirmó el socio de la firma PwC que auditó las cuentas de la entidad entre 2009 y 2015, José María Sanz Olmeda, ante el juez José Luis Calama el pasado mes de enero.
Una declaración a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso ahora THE OBJECTIVE y en la que aseguró que ni el Banco de España ni el Banco Central Europeo expresaron nunca disconformidad alguna con respecto a las cuentas de la entidad durante su periodo como auditor, aún con Ángel Ron como presidente. «El BCE no puso ninguna objeción sobre las cuentas de 2013, 2014 ni 2015», aseveró Sanz Olmeda.
La posible sobrestimación de activos para maquillar las cuentas de la entidad y ocultar pérdidas fue una de las últimas líneas de investigación del caso, pero acabaría tambaleándose poco después de la declaración de Sanz Olmeda y de que los peritos del Banco de España se negasen después a recalcular las cuentas de la entidad de 2015 y 2016 si se hubiesen aplicado criterios normativos distintos. Una instrucción cerrada recientemente tras casi seis años de investigación en la Audiencia Nacional para esclarecer las razones de la caída de una de las mayores entidades financieras de este país, que acabó siendo adquirido en 2017 por el Banco Santander a cambio de un euro pese a contar con un patrimonio de 11.000 millones de euros en activos.
En su declaración ante el juez Calama, Sanz Olmeda echó por tierra muchas de las premisas de partida defendidas en el informe ampliatorio en el que los peritos del Banco de España concluyeron a finales del pasado año que el Popular debería haber reflejado pérdidas por casi 1.020 millones de euros en sus cuentas del año 2015, en vez de beneficios por 106 millones de euros, si hubiese utilizado otros criterios distintos para la elaboración de las tasaciones de inmuebles y también si hubiese aplicado la normativa contable recomendada por el Banco de España y no la normativa internacional NIIF, utilizada por la entidad en ese ejercicio.
«Se hacía en todos los bancos»
Durante más de cuatro horas de interrogatorio, el socio de PwC encargado de auditar durante siete años las cuentas del Popular se mantuvo implacable ante las preguntas del juez, el fiscal y las acusaciones. De forma didáctica, el auditor puso en cuestión las conclusiones de los inspectores del organismo regulador respecto a las tasaciones y aseguró que los criterios contables utilizados por el Banco Popular fueron los mismos que se utilizaba para tasar los adjudicados de otras entidades bancarias españolas: «Se hacía en este banco y en todos los bancos con una tasación ECO».
Según su versión, en general todas las compañías del sector aplicaban los criterios ECO (recomendados por el Banco de España) para los activos nacionales y los criterios RICS (validados internacionalmente por el Banco Central Europeo) para los inmuebles que la entidad poseía fuera de España. La utilización de criterios ECO para los activos nacionales y la contratación de una tasadora que estuviera en el registro oficial del Banco de España serían, según ratificó Sanz Olmeda en varias ocasiones durante su declaración, los únicos requisitos exigidos por el supervisor.
Por otro lado, además de avalar la utilización de los criterios NIFF hasta que en octubre de 2016 las recomendaciones del Banco de España pasaron a ser obligatorias, Sanz Olmeda destacó y certificó ante el juez que el Popular procedió con celeridad a implementar y responder los requerimientos exigidos por el regulador a la entidad el 14 de julio de 2014, tras evaluar el grado de cumplimiento de todos los bancos españoles respecto a los nuevos criterios contables establecidos en la conocida como Carta Roldán, de abril de 2013, para reclasificar los activos crediticios refinanciados.
El Banco Popular y la ‘carta Roldán’
«En esa carta, específicamente, lo que se estaba contemplando era que, a todos los bancos, el Banco de España les iba a hacer una revisión para ver qué interpretación estaban haciendo de esos criterios nuevos que se incluían en esa carta. Ver si esa recomendación se estaban aplicando de forma adecuada o no», explicó Sanz Olmeda. «El 15 de julio de 2014, fruto de esa carta Roldán, el Banco de España emitió unas consideraciones de cómo se estaba aplicando. Y el Banco Popular respondió el 29 de julio de 2014, de nuevo con una comunicación de su consejero delegado, en la que se comprometía, con independencia de distintos puntos de vista técnicos, y como no podía ser de otra forma, a aplicar los requerimientos y las consideraciones que el Banco de España estaba haciendo», añadió el socio auditor de PwC.
Sobre este punto, según la grabación de su comparecencia, Sanz Olmedo añadió que precisamente el Banco Popular «emitió una última comunicación el 29 de septiembre de 2014 en el que manifestaba su interventor general, don Javier Moreno, a Don Francisco Monzón (inspector del organismo regulador) que fruto de atender esa petición que el Banco de España hace, interpretación que el supervisor está dando en la carta Roldán, había aumentado la consideración de activos dudosos y había aumentado la clasificación de activos sub-estándar, modificando el algoritmo y los criterios de clasificación».
A preguntas de su defensa, el socio auditor de PwC fue cuestionado sobre si legalmente se debían haber aplicado esos criterios y ese algoritmo a las cuentas de la entidad del ejercicio 2015. Pero dijo que se entendió que no, debido a que no hubo más respuesta por parte del Banco de España a esa última comunicación de septiembre de 2014: «No hubo ningún requerimiento, ninguna objeción por parte del supervisor, ante lo cual se entendía que se había atendido adecuadamente y que en las cuentas del año 2014 se habían cumplimentado esos requerimientos».
En línea con lo que sostiene la defensa de Ron, Sanz Olmeda afirmó que el banco mantuvo esos criterios contables hasta que se dictó la circular 4/2016 del Banco de España. La aplicación de los nuevos criterios con carácter obligatorio y la posterior caída en picado del precio de las acciones estarían entre los motivos que hicieron que la entidad, que nunca recibió ayudas públicas, atravesara por una crisis de liquidez que llevaría a su resolución en junio de 2017 con Emilio Saracho como presidente.
