La Fiscalía acusa a Puigdemont de llevar cinco años usando «artimañas» para huir de la Justicia
El fiscal Javier Zaragoza reprocha que el expresidente solo se pone a disposición de la Justicia para aquello que le beneficia
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. | Nicolas Landemard (Zuma Press)
La Fiscalía ha acusado al expresident catalán Carles Puigdemont de emplear «artimañas» para «liar y empantanar» su procedimiento judicial en España, lo que ha considerado «un abuso de derecho y un fraude procesal» tras estar «cinco años desaparecido», eludiendo la acción de la Justicia.
El fiscal Javier Zaragoza se ha manifestado así en la vista en el Tribunal Supremo para resolver los recursos de apelación de Puigdemont y de los exconsellers Antonio Comín y Lluis Puig contra la decisión de mantener su procesamiento por malversación y desobediencia -Clara Ponsatí solo por el segundo- acordada por el magistrado Pablo Llarena, tras la reforma del Código Penal.
La defensa del expresident ha pedido anular las órdenes nacionales de detención y revocar el procesamiento de Puigdemont y de los exconsellers para «que se adapte el procedimiento a la realidad gestada por el poder ejecutivo y legislativo» porque «ninguno es responsable del desaguisado de una reforma penal deplorable».
En su opinión, el auto de procesamiento ha quedado «desfasado» y obsoleto debido al «transcurso del tiempo y algunos hechos» tales como la sentencia del procés y la reforma penal que deroga la sedición y modifica el delito de malversación, que ha situado a este procedimiento en «un escenario de embrollo procesal».
«Es el momento de reordenar esto», ha dicho el abogado Gonzalo Boye que, en caso de que se esto suceda, entiende que se vuelva a pedir el suplicatorio porque es «perfectamente consciente de que no es grato para esta sala que mis defendidos se paseen por Europa».
Huir de la Justicia
Pero la Fiscalía ha respondido que lo único que pretenden los rebeldes es «liar más procesalmente el asunto para seguir planteando nuevas batallas» en los tribunales cuando «todo este empantanamiento procesal no ha sido obra del tribunal, ni de la Fiscalía ni de la Abogacía, ha sido obra de los recurrentes».
Y todo esto «cuando desde hace cinco años han desaparecido» y «solo están a disposición de la Justicia para aquello que les beneficia», es decir, «para recurrirlo todo» siendo «la única vez en la historia que un rebelde ha podido ejercer todos los derechos y no ha adquirido ninguna carga ni ninguna obligación».
En la misma línea, la abogada del estado Rosa Seoane ha respondido a Boye que «han ocurrido tantas cosas» porque «después de 5 años del auto de procesamiento no se han sometido a la Justicia» lo que ha provocado que «procesalmente estamos congelados» desde 2018.
Por eso ha rechazado también el planteamiento de la defensa de Puigdemont dejando claro que será en los escritos de acusación cuando se concrete y valore la tipicidad de los hechos. Vox, por su parte, ha discrepado de la decisión de Llarena de no tipificar los hechos en el nuevo delito de desordenes públicos agravados.
Por su parte, la defensa de Puig ha solicitado que se anule su procesamiento por malversación porque no realizó ningún pago desde Cultura y, en todo caso, ha especificado que se le aplique el nuevo tipo de malversación atenuada, de uno a cuatro años de prisión.
