Los embargos a España por el impago a las renovables se ejecutarán antes de final de año
Un tribunal británico aprobó en abril confiscar el Instituto Cervantes de Londres. Hay otro proceso abierto en Australia
Aerogeneradores en el parque eólico de la Sierra de Larouco, en Orense. | Agostime (Europa Press)
La sede del Instituto Cervantes de Londres dejará de pertenecer a España antes de que acabe el año. El edificio, valorado en 10 millones de euros, servirá para sufragar la indemnización de 28,2 millones que debe pagar el Estado a Blasket Renewable tras la retirada de ayudas a las energías renovables. Todo un hito, ya que sería la primera vez que las instituciones internacionales confiscan bienes a nuestro país. Los abogados de las empresas afectadas y los expertos consultados por THE OBJECTIVE consideran que los embargos de activos que decretó un tribunal británico en Semana Santa serán ejecutados en los próximos meses.
«Son procesos más rápidos, pero España está recurriendo y eso dilata el proceso. Antes de que finalice el año tienen que convertirse en definitivos», insiste Nick Cherryman, socio del bufete neoyorquino Kobre & Kim LLP. El abogado de las empresas afectadas por los impagos de las primas a las renovables pasó esta semana por Madrid, donde mantuvo encuentros con «diferentes ámbitos de la sociedad española».
Cherryman se vio con personalidades del mundo empresarial y, «especialmente», con dirigentes políticos. Las fuentes consultadas no revelan el nombre de sus interlocutores, pero aseguran que pertenecen a partidos con distintas sensibilidades. El abogado considera que las reuniones han sido «constructivas» y espera que el nuevo Gobierno «tenga un compromiso claro con la energía renovable y solucione este problema».
Renovables en guerra
Los embargos se encuentran en una situación preventiva. Un tribunal británico decretó en Semana Santa que Blasket Renewable podía ejecutarlos si España no repara la deuda dictada por un laudo internacional. La resolución afectaba a la sede del Instituto Cervantes de Londres, sus cuentas bancarias y la embajada comercial de la Generalitat de Cataluña.
«Los plazos se están cumpliendo, aunque es normal que se dilaten porque España alega que esos tribunales carecen de jurisdicción. Sin embargo, todos sus recursos han sido desestimados», afirma un prestigioso abogado de arbitrajes que prefiere mantenerse en el anonimato. El experto explica que existe un tratado de inmunidad que reconoce a las embajadas y otros bienes en el exterior como inembargables, pero que hay otros que se pueden requisar, como la sede del Cervantes.
Hay procesos abiertos en EEUU, Reino Unido y Australia, siendo en estos dos últimos países donde se encuentran más aventajados los procedimientos. La Corte Suprema de Australia también falló a mediados de abril que, si el Gobierno no resarcía a Antin Infrastructure con 101 millones de euros por la retirada de ayudas a las renovables hace una década, podría embargar bienes españoles en nuestras antípodas.
La empresa afectada ya envió al tribunal una relación con posibles objetivos. «Se han ido a Reino Unido y a Australia porque su legislación facilita este escenario», reconoce un prestigioso abogado de arbitrajes consultado por THE OBJECTIVE.
Rentabilidad para inversores
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha en 2007 un plan de apoyo a la producción eléctrica procedente de fuentes renovables. Las ayudas suponían que los inversores consiguieran una gran rentabilidad con sus proyectos. Gracias a esa fórmula España captó 70.000 millones de capital foráneo. Sin embargo, seis años más tarde Mariano Rajoy eliminó las primas de manera retroactiva.
Muchas de las compañías afectadas denunciaron la merma de ingresos. Desde entonces se acumulan 55 procedimientos, la mayoría ante el Ciadi, una institución dependiente del Banco Mundial que se encarga de dirimir los pleitos relativos a las inversiones internacionales. Ha resuelto una veintena, la mayoría favorables a las compañías, que deben ser resarcidas con 1.215 millones de euros, a los que hay que sumar otros 250 en concepto de sobrecostes judiciales e intereses financieros.
La negativa del España a pagar llevó a algunas empresas de energías renovables a elevar la cuestión a los tribunales ordinarios. Tras ganar un arbitraje en 2019 ante el Ciadi, Blasket Renewable solicitó ante un tribunal de Londres cobrar la deuda a través de los bienes con los que cuenta nuestro país en el extranjero. Los jueces dieron la razón al fondo, propiedad del banco británico HSBC, a principios de abril.
Los afectados habían contratado previamente a una empresa especializada en la búsqueda de activos que realizó una relación de bienes potencialmente incautables. Entre ellos, la embajada comercial catalana y la sede del Instituto Cervantes de Londres, valorada en 10 millones. Para completar el trabajo, los tasadores tuvieron que hacerse pasar por turistas sin llamar mucho la atención mientras recorrían dependencias privadas del edificio, ubicado muy cerca de la City y a escasos minutos del río Támesis.
