Investigan por delito medioambiental un megaproyecto eólico impulsado por Ribera
La Guardia Civil elabora un informe sobre posibles irregularidades en la aprobación de 22 parques eólicos en Teruel con una inversión de 800 millones
Parque de energía eólica en Aragón. | Teruel Existe
Un juez investiga posibles delitos medioambientales en un megaproyecto eólico en Teruel. Está formado por 22 parques ubicados en la comarca del Maestrazgo, que limita con la provincia de Castellón, hasta donde llegarán los molinos de viento. Las diligencias parten de varias denuncias de particulares. Se quejan de infracciones en los informes de impacto ambiental aprobados por el Gobierno para la instalación de 84 aerogeneradores en espacios protegidos por la Red Natura 2000 y otros 91 en «zonas de sensibilidad máxima en uno de los sitios menos adecuados de Aragón».
Las primeras denuncias se registraron en enero, semanas después de publicarse la declaración de impacto ambiental. El titular del juzgado abrió diligencias tras agrupar todas las demandas en una misma causa, según informan fuentes jurídicas a THE OBJECTIVE. El juez solicitó hace dos meses un informe a la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma) de Zaragoza. Los agentes de esta unidad de la Guardia Civil, adscrita al Seprona, entregarán sus conclusiones próximamente.
A la espera de ese documento, y antes de acordar la práctica de nuevas diligencias, el magistrado citó a declarar a un alto cargo del Gobierno de Aragón en calidad de testigo. Se trata del director del Servicio Provincial de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de Teruel, Ángel Lagunas. El juez le tomó declaración para que le explicara cómo es el procedimiento administrativo habitual en la colocación de generadores eólicos.
Impacto en Teruel
Las fuentes consultadas precisan que el juez esperará a recibir el informe de la Ucoma antes de decidir si avanza o si archiva la causa. El grupo Forestalia presentó el proyecto a principios de 2021, con una inversión prevista de 800 millones de euros y la creación de al menos 2.500 puestos de trabajo. En septiembre remitió la solicitud para iniciar el proceso de evaluación de impacto ambiental al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ostenta la condición de órgano sustantivo (de quien depende aprobar el proyecto).
En España, toda instalación que supere los 50 megavatios, como es el caso del Maestrazgo, la tramita el ministerio. Una realidad que ha empujado a muchas empresas a trocear sus macroproyectos para que sumen el límite exacto que les permita eludir el control estatal. Algunos gobiernos regionales, muy permisivos con el despliegue de la energía renovables, han dado luz verde a este tipo de planes sin atender con gran rigurosidad al impacto ambiental.
El Gobierno aprobó la declaración de impacto ambiental el 1 de diciembre del año pasado, aunque el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la resolución el día 23. El alcance de la evaluación incluía el proceso de participación pública y consultas, pero no comprendía «el ámbito de la evaluación de seguridad y salud en el trabajo, ni de seguridad aérea, carreteras u otros, que poseen normativa reguladora e instrumentos específicos». Una fórmula que sirvió de base para interponer las denuncias.
Teruel Existe fue el primero en advertir a la Fiscalía y al juzgado de un presunto delito ambiental. En su opinión, la autorización del departamento que lidera Teresa Ribera supone «una barbaridad y un precedente peligroso por el alto valor del patrimonio medioambiental y cultural del Maestrazgo». Además, alertó de «la especulación que está sufriendo la España vaciada».
Sin exposición pública
La denuncia de esta formación, a la que ha tenido acceso este diario, sostiene que el megaproyecto del Maestrazgo debería haberse tramitado como un único plan y ser sometido a una evaluación ambiental estratégica. Explica que los aerogeneradores quedarán rodeados por Zonas de Especial Protección para Aves (ZEPA) y que algunos de los parques «invade» áreas que incluyen planes de recuperación de tres especies en peligro de extinción: el quebrantahuesos, el águila azor perdicera y la alondra ricotí.
Los querellantes creen que los molinos de viento afectarán de forma directa a lugares de interés geológico y que el estudio sobre la línea de evacuación está incompleto. Además, subrayan que el Gobierno permitió modificar el expediente para introducir nueva documentación «sin que nunca hayan sido evaluadas ambientalmente» ni «expuestas a información pública».
En cuanto a las irregularidades detectadas exponen que se permitió al promotor presentar 36 nuevas posiciones de aerogeneradores, algunas alejadas a más de cuatro kilómetros de su posición inicial. También critican que la evaluación de impacto no valora «suficientemente» cómo la proliferación de molinos dificulta la extinción de incendios y que han sido «mal valoradas» las afecciones al medio socioeconómico y al paisaje.
Manuel Gimeno, portavoz de Teruel Existe, ya reveló que habían trasladado a varios responsables del Gobierno lo que supone la instalación del megaproyecto en una comarca que apenas cuenta con 3.000 habitantes. En su opinión, les «condenan a convertirse en territorios de sacrificio para transportar después la energía y, con ella, el desarrollo a zonas más pobladas sin apenas beneficio». Un escenario que pudieron trasladar a la mismísima ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
«Ribera aseguró a Teruel Existe que nunca se autorizaría», admiten las fuentes consultadas. Los miembros de la formación aragonesa critican que la ministra presume de proteger la Red Natura 2000, una zona de especial protección y conservación de la biodiversidad, y por «saltarse las directrices europeas» del proceso exprés para la instalación de parques eólicos (incluido en el real decreto aprobado en diciembre en las medidas de respuesta de la Guerra de Ucrania).
