El Gobierno lleva seis semanas sin atender la petición de ayuda de la juez del 'caso Tito Berni'
El CGPJ acordó el 11 de mayo autorizar la ayuda solicitada ante la complejidad de la investigación
Juan Bernardo durante una intervención en el Congreso. | A. Pérez Meca (Europa Press)
La juez del caso Tito Berni está saturada. En una providencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Lorenzo, reconoce que el Gobierno aún no ha nombrado personal de refuerzo para tramitar la causa que investiga la presunta trama corrupta en torno al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Y eso que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó hace seis semanas autorizar la ayuda solicitada ante la complejidad de la investigación.
En el escrito, fechado el pasado miércoles, la juez da debida cuenta de una decena de cuestiones, pero muestra especial inquietud con una petición registrada por Marco Antonio Navarro Tacoronte, conocido como el mediador. Este había solicitado días antes dar «impulso procesal» al caso. La magistrada le recuerda que sigue sin contar con ayuda para instruir una causa «compleja».
«No han sido nombradas unidades de refuerzo en la oficina judicial para la tramitación de esta causa, siendo múltiples los escritos que a diario se presentan por todos y cada uno de los intervinientes así como por las unidades investigadoras, por lo que en tanto no sea nombrado por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia un funcionario de refuerzo a fin de poder dedicarse en exclusiva a la tramitación de esta compleja causa, no es posible modificar por ahora el horario de atención a procuradores», reconoce Lorenzo.
Esperando al Gobierno
El CGPJ acordó el 11 de mayo autorizar el refuerzo solicitado por la magistrada. Lorenzo había trasladado al órgano de gobierno de los jueces la necesidad de contar con ayuda por la complejidad de la investigación «a fin de poder asumir la instrucción de la causa sin atender a asuntos de menor relevancia jurídica, pero no por ello menos importantes (…) que absorben y requieren tiempo».
La medida consiste en la adscripción de un juez y un funcionario de refuerzo durante seis meses para realizar la tramitación procesal. El CGPJ dio traslado del acuerdo al Ministerio de Justicia, órgano al que corresponde en última instancia autorizar el gasto. El Gobierno designó el 16 de junio varios refuerzos en juzgados y tribunales de Canarias, pero sigue sin hacerlo en el caso Tito Berni. Este diario ha intentado sin éxito conocer el motivo de la demora preguntando al departamento que dirige Pilar Llop.
Lorenzo explicó en su escrito que tenía reuniones de coordinación con los grupos investigadores «casi a diario», tanto presenciales como telemáticas, y que también debía mantener «conversaciones telefónicas de larga duración» con los investigadores europeos. La magistrada precisaba que los contactos se habían incrementado en las últimas fechas «al no poder despachar oficios ante las continuas filtraciones».
A esta cuestión se suma que han pedido personarse en la causa siete acusaciones populares. La juez les indicó que estas deben actuar de forma conjunta. Hace mes y medio, Lorenzo incorporó a la causa a la Intervención General del Estado para que examine los contratos bajo sospecha.
Concluir en 2023
Se trata de un actor más en la larga listas de organismos que ya participan en la investigación, entre las que destacan la Policía Nacional, la Guardia Civil, Vigilancia Aduanera, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y organismos europeos como al Oficina del Fraude (OLAF) y Eurojust. A pesar de la ingente información, Lorenzo tiene intención de concluir la fase de investigación «a lo largo de 2023».
La investigación del caso Tito Berni, también conocido como Mediador, comenzó hace año y medio, pero las pesquisas no se hicieron públicas hasta febrero. Fuentes Curbelo, supuesto cabecilla de la trama, dimitió como diputado del PSOE el día 14. Dejó el Congreso con 509,25 euros en su cuenta, aunque durante esos años incrementó su patrimonio con la compra de un local. Saldó deudas por casi 75.000 euros, aunque adquirió otras valoradas en 208.200 euros correspondientes a seis avales bancarios.
Además del exdiputado del PSOE están imputados su sobrino y antiguo alto cargo del gobierno canario, Taishet Fuentes, y Navarro Tacoronte. Otro de los investigados es el general de la Guardia Civil retirado Francisco Espinosa Navas, que permaneció varios meses en prisión. El grueso de las investigaciones en torno a este último lo lleva la Fiscalía Europea, ya que sus actuaciones podrían afectar a fondos europeos, con los que presuntamente habría favorecido a varios empresarios.
