'Tito Berni': la Guardia Civil detecta «errores» en el volcado de los teléfonos del general Espinosa

Después de 18 meses de investigación, la Policía Nacional y la Guardia Civil no han conseguido concluir aún el análisis de las decenas de miles de fotografías, mensajes, vídeos y audios contenidos en los teléfonos de los imputados en el ‘caso Tito Berni’. Entre otras razones, según un oficio remitido por el Servicio de Asuntos Internos del Instituto Armado a la juez, porque se han detectado «errores» en el contenido de los mensajes de WhatsApp que figuran en el volcado de los teléfonos que le fueron incautados al general de división Francisco Espinosa Navas tras su detención el pasado 14 de febrero.

«Actualmente se están analizando los dispositivos telefónicos intervenidos a Espinosa Navas, habiéndose observado que el contenido de las comunicaciones a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp presenta un formato con el texto desordenado», indica la Guardia Civil en un oficio remitido a la juez el pasado 16 de junio, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

Tras comparar el contenido de los mensajes incluidos en el volcado de los teléfonos del general de división con los mensajes que figuran en los terminales de otro de los imputados en el ‘caso Tito Berni’, el empresario José Francisco Suárez (alias ‘Pepe drones’), la Guardia Civil llega a la conclusión de que los chats extraídos del teléfono de Espinosa Navas ofrecen «un galimatías de difícil comprensión» que impiden «una reconstrucción lógica» de los hechos investigados.

Con el objetivo de poder identificar el origen del error y proseguir con el análisis, el Instituto Armado solicita a autorización judicial para realizar un nuevo volcado de los teléfonos móviles del investigado. «Se estima necesario efectuar un nuevo clonado de los dispositivos móviles intervenidos al general Espinosa Navas, recurriendo para ello a otras unidades especializadas de modo que puedan utilizar herramientas forenses distintas a las ya utilizadas en el realizado anteriormente», señala la Guardia Civil.

Un policía denunciado

La Benemérita solicita que en el nuevo clonado participen agentes especializados del Área Técnica del Servicio de Información de la Guardia Civil. En caso de aceptar la petición, la juez apartaría de ese segundo volcado al Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional cuyo inspector, J.A.B., ha sido denunciado ante un juzgado de Arona por la supuesta filtración de audios y documentos que se encuentran aún bajo secreto de sumario.

De un auto dictado por la juez el pasado miércoles se desprende que el grupo de la Policía Nacional que lidera el inspector denunciado tampoco ha conseguido terminar de analizar el contenido de los teléfonos móviles aportados al inicio de la causa por Antonio Navarro Tacoronte (alias El Mediador). Dichos terminales, según la juez, aún están pendientes de la «práctica de diligencias de investigación» a pesar de que llevan en poder de los investigadores desde hace un año y medio.

Lo anterior es uno de los motivos alegados por la magistrada para denegar la devolución de ambos terminales a Navarro Tacoronte, quien entregó de forma voluntaria los dispositivos en enero de 2022 y se ofreció a colaborar con los investigadores para dar detalles sobre la información contenida en los mismos. Según fuentes jurídicas, el Mediador visitó en varias ocasiones las dependencias policiales para ayudar al Grupo de Delitos Teconológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial a identificar a las personas que aparecían en las imágenes y audios de sus teléfonos móviles.

El pasado 1 de junio, tras conocerse la denuncia por presunta revelación de secretos contra el inspector a cargo de la investigación, Navarro Tacoronte solicitó la devolución de sus teléfonos. Sin embargo, la juez lo ha rechazado -entre otras razones y a pesar de que hace un año y medio se procedió al volcado de ambos terminales- porque aún no se ha terminado de practicar todas las diligencias de investigación oportunas respecto de los teléfonos móviles del Mediador.

«Respecto a la devolución de los terminales móviles intervenidos solicitada en su escrito, no ha lugar toda vez que se encuentra pendiente de práctica de diligencias de investigación, sin perjuicio de que son instrumentos y pruebas de los hechos delictivos que deberán quedar bajo la custodia judicial, incluso si se hubiera revocado el consentimiento, ya que no tiene efectos retroactivos, o si ni existiera resolución judicial habilitante, pues tampoco procedería la devolución solicitada», señala la titular del Juzgado de Instrucción en un auto fechado el pasado 20 de junio.

La Policía señala a otro empresario

En el mismo documento, la juez da cuenta de un oficio enviado por el Grupo de Delitos Tecnológicos del Cuerpo Nacional de Policía en el que se informa de la información recabada hasta el momento y se solicita con «carácter de máxima urgencia» tomar declaración a tres nuevos implicados. Uno de ellos es un empresario del sector de la seguridad privada que se reunió en octubre de 2020 con Fuentes Curbelo y con el general de la Guardia Civil Espinosa Navas, con quien se habría reunido para intentar conseguir contratos de seguridad en España y en África, según fuentes del caso.

Según el oficio de la Policía Nacional, al que ha tenido acceso este diario, este último habría acompañado a Navarro a visitar al entonces diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo en el Congreso el 14 de octubre de 2020. «Esa misma madrugada celebraría una fiesta con el mismo a la que acudirían servicios de compañía. Al día siguiente, en fecha de 15 de octubre de 2020, almorzaría con Espinosa Navas y el Mediador en el restaurante La Quinta, también en Madrid», indican los investigadores en el oficio remitido a la juez.

La segunda de las personas a la que los investigadores solicitan deducir testimonio con carácter urgente es un exempleado de la Dirección General de Ganadería del Gobierno canario que entonces encabezaba Taishet Fuentes, sobrino de Tito Berni y también imputado en el caso. Al tercero de los nuevos implicados por la Policía Nacional se le identifica como presunta «mula financiera» de la trama, quien habría recibido en una cuenta a su nombre al menos cuatro transferencias por importe de 22.700 euros.

Las pesquisas se basan en el volcado de los dos teléfonos móviles que Navarro Tacoronte entregó al inicio de la causa. En el primero de ellos había 63 gigabytes de datos, entre los que se incluyen 4.559 contactos, 1.651 documentos, 57.163 imágenes, 1.717 vídeos y 25.855 archivos de audio en los que se incluyen «grabaciones de varias horas de duración». El volcado del segundo terminal telefónico incluía otros 65 GB, con otras 49.836 imágenes, 13.843 archivos de audio y 1.441 vídeos.